No es exagerado afirmar que la destrucción de la naturaleza, mesurada sobre todo por la pérdida de biodiversidad, es la expresión máxima de la crisis ecológica que está llevando a la humanidad hacia un peligrosísimo abismo. La extinción masiva de especies y la degradación de los ecosistemas son una realidad actual que erosiona aceleradamente la calidad de vida como hemos visto de forma evidente en los últimos años con la crisis de la COVID-19, una enfermedad zoonótica impulsada por la pérdida de biodiversidad. Numerosos autores de disciplinas tanto de ciencias sociales como naturales, alertan del colapso al que nos enfrentamos en el corto plazo.

Es muy difícil encontrar razones para ser optimistas. En 2020 estaba previsto que el Convenio de Diversidad Biológica aprobase su nueva estrategia para detener la pérdida de biodiversidad, el Marco Global Post-2020. Pero la pandemia paralizó el complejo proceso retrasándolo dos años, como si nos sobrase tiempo.

Durante los últimos cinco años se han multiplicado los estudios científicos que han vuelto a demostrar que el modelo de producción y consumo actual está deteriorando los ecosistemas, acelerando la degradación de los procesos ecológicos de los que dependemos para vivir y amenazando de extinción a un millón de especies. El resultado es que la mayoría de los procesos que regulan el estado de la Tierra están más allá de su zona de seguridad, entrando en puntos de no retorno. Las poblaciones humanas, especialmente las más vulnerables y las de los países del sur global, sufren ya las consecuencias de esta crisis en forma de dificultades en el acceso a bienes básicos como la comida, el agua potable, la vivienda, la salud o la seguridad personal. Hoy, buena parte del sufrimiento en el mundo y de las personas refugiadas tiene su origen en la crisis ecológica global.

Pero, incomprensiblemente, pese a la gravedad de la situación ni la gran mayoría de la sociedad, ni los medios de comunicación están sensibilizados sobre el tema y las administraciones continúan sin actuar pese a los compromisos adquiridos. Contemplamos con desolación como la crisis de biodiversidad no está en la agenda política de ningún partido ni gobierno de forma prioritaria.

Ante esta situación límite, la COP15 de Montreal, que se inauguró el pasado día 7 y finalizará el 19 de diciembre, tiene todavía mayor importancia, dado que parece evidente que esta puede ser la última gran oportunidad. Montreal está destinada a ser testigo de la finalización del largo proceso de negociaciones entre las diferentes partes firmantes, que se plasmará en la aprobación del Marco Global de Biodiversidad 2030.

El primer borrador del Marco Global Post-2020 se publicó en julio de 2021 y desde entonces el documento ha sido debatido y modificado en múltiples reuniones internacionales, lamentablemente con escasos avances y bajo grandes presiones de los poderes económicos, haciendo que el borrador que ha llegado a la COP15 tenga demasiadas variantes, y la certeza de que las partes no han tenido el compromiso suficiente para alcanzar los acuerdos necesarios.

Las organizaciones ecologistas y sociales estamos peleando para lograr que esta estrategia incluya objetivos y metas que permitan detener la pérdida de biodiversidad en el corto plazo. Por ejemplo, es importante que el foco no se ponga tanto en el objetivos de protección de espacios naturales, el conocido objetivo de proteger un 30% de espacios naturales terrestres y marinos para 2030, ya que la simple declaración de áreas protegidas basada en cuantificación de superficies no garantiza detener la pérdida de biodiversidad. El objetivo debería ser lograr que esos espacios protegidos estén bien gestionados y que las especies y ecosistemas por los que se declararon alcancen estados de conservación favorables. Pero algo es evidente, la protección del 30% de estos espacios no va a frenar la destrucción del 70% restante. Para frenar esa destrucción hay que actuar sobre las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad, y se deben incluir mecanismos de regulación para las empresas, incluyendo la transformación de los sistemas económicos y financieros y garantizando la producción y el consumo sostenibles. Para ello hay que recuperar mecanismos tan importantes como la eliminación de los incentivos perversos, es decir, aquellas inversiones o subvenciones públicas que tienen un enorme impacto en la biodiversidad, ya que según Earth Track se calcula que un 2% del producto interior bruto mundial se destina a ayudas dañinas para la naturaleza.

La estrategia que necesitamos debe huir de los enfoques de compensación de daños, de pérdida neta cero o de enfoques de mercado, estrategias de flexibilidad usadas por las corporaciones para escabullirse de su responsabilidad. Y debe incluir mecanismos de revisión de las acciones tomadas por los países, que incluya a científicos y ecologistas. Es fundamental que los países causantes de esta crisis asuman la responsabilidad histórica que les pertenece y que se establezca una regulación adecuada, tanto a nivel nacional como internacional, para evitar graves retrocesos respecto al Plan Estratégico 2011-2020 y especialmente las Metas de Aichi. Necesitamos que los acuerdos sean vinculantes y que haya mecanismos para hacerlos cumplir. Y tenemos que huir de los cantos de sirena de quienes pretenden resolver la crisis con medidas tecnocientíficas que más bien añaden nuevos riesgos como los derivados de la geoingeniería o de los organismos transgénicos con impulsores genéticos.

En Montreal se están debatiendo también muchas otras cuestiones esenciales, pero como bien destacó el Secretario General de la ONU, António Guterres, durante la inauguración de la cumbre "los acuerdos hay que cumplirlos". Así que tan importante como lograr buenos acuerdos es que entre todas hagamos que los gobiernos cumplan esos acuerdos.

A nadie se le debe escapar que lo que se decida en esta cumbre nos afectará a todos los seres vivos y a nuestras condiciones de vida, por lo que desde el día que termine la COP15 tendremos que poner el foco en nuestras administraciones, desde el Gobierno estatal hasta el más pequeño de los Ayuntamientos, a los que tendremos que exigir una fuerte voluntad política para empezar a hacer real la "visión" de vivir en armonía con la naturaleza.