Si estuviera en el paro y me creyera que la Ley de la Memoria Histórica va a salir adelante y a ser aplicada con rigor, me pondría de inmediato a hacer un curso intensivo de anulador de lápidas e inscripciones franquistas (Quizá conviniera buscar un nombre para ese nuevo oficio. Propongo desfachador, que presenta la ventaja de aludir simultáneamente al facherío y a las fachadas).

Trabajo no faltaría. Mi experiencia es limitada en lo geográfico, pero apabullante en su rotundidad. En mis paseos por Cantabria, he podido comprobar que apenas hay iglesia –por citar sólo un tipo de monumento– que no tenga su correspondiente inscripción, en alto o bajo relieve, con su lista de "caídos por Dios y por España", encabezada por José Antonio Primo de Rivera.

Me da que otras regiones no le van muy a la zaga. La semana pasada estuve en Tenerife. Las calles y plazas de Santa Cruz son una juerga: no paran de tocarte las narices con los personajes y las glorias del 18 de Julio.

No estoy demasiado seguro, de todos modos, de que los nuevos desfachadores vayan a verse desbordados por la demanda. Viendo la poca energía que demuestra el Gobierno de Zapatero cada vez que la jerarquía católica se le pone enfrente, tiendo a sospechar que, si la Iglesia se niega a aplicar la Ley, vamos a tener presentes a los caídos por Dios y por España por los siglos de los siglos, amén.

Pero esos augurios son lo de menos, al menos por ahora. Lo de más es que la Ley no va a recoger el punto clave que debería haber afrontado y resuelto: la anulación de las sentencias dictadas por los tribunales políticos del franquismo. Se conforma con catalogarlas genéricamente como ilegítimas. Típico del estilo gubernamental de Zapatero: mucha apariencia, poca chicha.