Se dijera que a Cristina Cifuentes o a algún otro superior de las fuerzas antidisturbios le ha sentado mal que un ciudadano, el camarero de un restaurante ubicado en el Paseo del Prado, se haya opuesto a que la policía apalease a los manifestantes del 25S que se habían refugido en su establecimiento ante la brutal represión de los agentes. De otro modo no se entiende que ayer, sábado, y ante la nueva y multitudinaria concentración que tuvo lugar ante el Congreso de los Diputados en protesta por la desproporcionada represión llevada a cabo días antes, Alberto Casillas haya sido maltratado y multado por uno de los funcionarios antidisturbios, hasta el punto de necesitar después asistencia médica como consecuencia de una lipotimia.

La información, ofrecida ayer por La Sexta TV y otros medios a los que se les impidió utilizar unidades móviles para desarrollar su trabajo, se completó con unas declaraciones del propio señor Casillas en las que afirmaba que la agresión se produjo luego de que se mostrase dispuesto a identificarse, igual que aquellos ciudadanos que le agradecieron su comportamiento el pasado 25 S y a los que la policía exigió su documentación. Al parecer, tal detalle de gratitud era manifiestamente subversivo.

Mucho me temo que el gran delito de Alberto Casillas es el de de no haber tenido miedo y haberse comprometido solidariamente con quienes eran perseguidos de manera desaforada para infundir miedo entre la ciudadania. No es extraño, pues, ante la sombría sintomatología que esos métodos del pasado comportan, que Alberto Casillas, militante del Partido Popular en el Gobierno hasta la fecha, haya expresado al término de la jornada de ayer lo que sigue: Quiero y exijo al PP que me borre de su lista.