Fernando Luengo, economista
Blog "Otra economía": https://fernandoluengo.wordpress.com
@fluengoe

Todas las previsiones apuntan a que estamos a las puertas de una crisis económica de dimensiones históricas que se prolongará en el tiempo. Los escenarios en forma de "V" o de "U" -recuperación de la actividad económica rápida o pausada- se han descartado y los que se manejan ahora describen más bien una "L" o una "J invertida" -desplome del Producto Interior Bruto seguido de un periodo de estancamiento o de leve crecimiento.

En este panorama, los datos de desempleo real (sensiblemente superior al registrado en las estadísticas oficiales) e infraempleo, que ya eran elevados antes de que estallara la crisis, con toda seguridad aumentarán. El choque inicial ha sido parcialmente mitigado con la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que han frenado los despidos masivos, con un considerable coste para las administraciones públicas, pero, previsiblemente, cuando concluya su periodo de vigencia, en el contexto de atonía e incertidumbre que acabo de presentar, la situación va a empeorar.

Para enfrentarse al desempleo, este es el mantra oficial, las patronales desempolvan las viejas recetas, las que apelan a la contención salarial. La justificación -antes, ahora y siempre- es la misma: dar oxígeno a las empresas, moderando o mejor aún reduciendo los costes laborales, para que puedan recomponer los márgenes de beneficio y de esta manera alcanzar los niveles de rentabilidad necesarios para su supervivencia y para mejorar su posición competitiva. Siempre en el supuesto de que en ese proceso las empresas encontrarán los estímulos necesarios para crear puestos de trabajo. Situemos en este contexto, las continuas críticas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y, más recientemente, las arremetidas contra la derogación de la reforma laboral; en realidad, tan sólo se pretende preservar las condiciones legales que hagan posible un ajuste salarial permanente. El escenario soñado y la situación de excepcionalidad provocada por la pandemia les brinda una oportunidad para avanzar en esta dirección.

Todo se justifica por esa situación y por los supuestos efectos positivos del "trade-off": reducción de salarios equivale a aumento del empleo. Ese pack, sin embargo, no ha funcionado antes y mucho menos lo va a hacer ahora. Recuerdan la ceguera ideológica y la colisión de intereses que justificaron y dieron vía libre a las medidas de austeridad salarial, en un contexto de contención del gasto público y de altos niveles de endeudamiento; políticas que agravaron la recesión, intensificaron la fractura social y postergaron la recuperación de la actividad económica, aunque, eso sí, contribuyeron al enriquecimiento de las elites.

Pero la desesperación, la incertidumbre, la certeza de que la situación económica puede empeorar y el empobrecimiento de muchos trabajadores juega a favor del ajuste salarial; conservar o acceder a un empleo, a pesar de que los salarios sean bajos o retrocedan. Este puede ser el dilema para un buen número de trabajadores y este puede ser el chantaje utilizado por muchas empresas.

Presionar sobre los costes laborales -además de injusto, siempre pagan los mismos- resulta claramente contraproducente. Lo que puede ser "bueno" para una empresa, al menos a corto plazo, tiene efectos devastadores para el conjunto de la actividad económica. Sí, una firma puede mejorar la cuenta de resultados congelando o reduciendo los salarios (los de la mayor parte de los trabajadores, porque los de los altos ejecutivos no están en esa "ambiciosa" agenda), pero ello tiene un efecto contractivo sobre el conjunto de la economía, pues reducirá el mercado para los bienes y servicios ofertados por las empresas, tanto en la esfera del consumo como de la inversión. El asunto no es en absoluto baladí. En un contexto de intensa contracción de la demanda, que se mantendrá débil en los próximos meses y quizá años, donde tendrá un papel destacado el ahorro de precaución, debilitar la capacidad de compra de los trabajadores tan sólo servirá para introducir a las economías en un profundo bucle recesivo.

¿Se aprecia una dinámica diferente desde la perspectiva de la oferta que justifique las políticas de represión salarial? En absoluto. Puede que no mejoren de manera sustancial la estructura de costes de las empresas, dado que, en muchos casos, los de naturaleza laboral representan sólo una parte de los costes totales. El problema no está en que los salarios sean elevados, sino más bien en unas estructuras productivas y organizativas ineficientes y en una cultura empresarial inercial y conservadora, que la desregulación de las relaciones laborales ha acentuado.

Pero, además, aplicar esas políticas representa un paso más, y ya hemos dado muchos en esta dirección, en las prácticas depredadoras del capital. Ante la manifiesta incapacidad de generar avances significativos en la productividad -salvo por la vía de los ajustes de plantilla-, las políticas extractivas ganan terreno, hasta convertirse en el ADN del capitalismo actual: expolio de los recursos naturales, entrada a saco en los espacios públicos para privatizarlos o mercantilizarlos e intensificación de la explotación laboral.

El gobierno no puede mantenerse distante ni indiferente ante esa deriva, máxime cuando está destinando una enorme cantidad de dinero de todos al mantenimiento, saneamiento y revitalización de las empresas. También deberían tomar nota las instituciones comunitarias que en estos días debaten un plan financiero (Next Generation EU, en su expresión inglesa) para enfrentar la pandemia y apoyar la recuperación de las economías europeas.

Los grandes patronos de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, también se han dado cita en estas fechas (¿coincidencia o estrategia de grupo de presión?) para exigir que los recursos movilizados tanto desde la Unión Europea como por el Estado español se encaucen de manera prioritaria hacia las empresas (las grandes, que ellos representan, para ser más precisos). Los más decididos abanderados del neoliberalismo y del "todo mercado", ahora se han convertido en fervorosos keynesianos, partidarios del aumento del gasto público... siempre, por supuesto, que ellos sean los destinatarios del mismo.

La "fraternal" y provechosa relación entre las corporaciones y las instituciones viene de lejos, pero el descaro con el que se presentan las exigencias de las grandes firmas, encubiertas en la retórica de que también expresan las aspiraciones de los pequeños y medianos establecimientos, tiene algo de obsceno, por la dramática situación que estamos viviendo y por las consecuencias, de gran calado político, que supondría que las poderes públicos se postraran, como de hecho ya está sucediendo, ante las pretensiones patronales.

El dinero público tiene que estar sometido a una estricta condicionalidad, no puede entregarse sin contrapartida. En el ámbito que estoy analizando (y siendo muy consciente de que es necesario proceder a una profunda reconversión de las capacidades productivas en clave de sostenibilidad ecológica y que, por lo tanto, no se trata de preservar y reforzar el status quo actual), una exigencia irrenunciable es que las empresas que reciban recursos procedentes bien del Estado o de las instituciones comunitarias, deben estár obligadas a mantener el salario nominal y real de sus trabajadores, junto a la prohibición de realizar despidos.