El dinosaurio de ETA

El célebre microrrelato del escritor guatemalteco Augusto Monterroso sirve lo mismo para un roto que para un descosido: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”, rezaba aquella tan minúscula como gigantesca narración. Cuando despertó Mariano Rajoy, podemos decir ahora, el dinosaurio de ETA seguía allí. Desde hace cinco años, el alto el fuego “permanente, general y verificable” adoptado de manera unilateral por parte de ETA no ha motivado, al menos de manera pública, ningún gesto encaminado a formalizar la disolución final de la banda junto con la entrega de sus armas y todos los perejiles que suelen llevar este tipo de procesos, incluyendo en los últimos años los casos del IRA en Irlanda del Norte o el más reciente de las FARC, esta misma semana, en el caso de Colombia.

Durante el pasado mes de julio, Iñigo Urkullu, lehendakari vasco, reclamó el desarme y la disolución de ETA antes de un año, pero también demandó del Gobierno central que flexibilice su política penitenciaria, sin vulnerar la legalidad vigente, con el acercamiento de presos pertenecientes a la banda hasta cárceles del País Vasco. O, con la transferencia de las competencias penitenciarias a dicha comunidad autónoma, tal como ocurriera hace años con Catalunya. Dicha exigencia forma parte de la llamada “agenda vasca”, que defiende Ajuria Enea y que probablemente sea una de las piezas que impida recabar en el nacionalismo vasco la abstención que el PP necesita para investir al actual presidente en funciones.

El partido de Sabino Arana responsabiliza a ambas partes de la inexplicable tardanza en emprender este proceso: ¿por qué ETA no ha profundizado en su autocrítica y en la petición de perdón a las víctimas? Y sin que guarde equidistancia alguna, ¿por qué La Moncloa no ha reforzado la vía Nanclares o ha permitido el traslado de presos hasta las prisiones vascas? La dispersión de dichos reclusos se adoptó como una medida estratégica en la lucha contra el terror que ya no tendría sentido. Su reagrupación, en cambio, permitiría normalizar las relaciones entre presos y familias, que resultan fundamentales en cualquier proyecto de reinserción. Por no hablar de la posibilidad cierta de dejar sin sentido una de las reivindicaciones del movimiento abertzale que cuenta con mayores simpatías dentro y fuera del País Vasco.

Historia de un alto el  fuego.-

Urkullu y los suyos llevan años topándose con la negativa del Partido Popular a darle carta de naturaleza al proceso iniciado por ETA, tras el acoso policial y judicial al que la banda se enfrentó durante los últimos años. Ni siquiera cambió de tercio cuando el diciembre de 2014 el Gobierno vasco reclamó a La Moncloa que participase en la verificación del desarme de ETA cuando esta organización anunció el sellado de sus arsenales.

Los de Rajoy no quieren aceptar ningún tipo de interlocución con ETA, pero lo cierto es que ETA, como el dinosaurio de Monterroso, sigue ahí. Y estaría bien que pasara a los archivos de la historia. ¿Alguien espera acaso que los terroristas se presenten ante el cuartelillo de guardia para entregar las antiguas parabellum? Todos nos hemos limitado a dar por finiquitado este siniestro episodio de nuestro pasado reciente pero, como otros terribles acontecimientos anteriores, las heridas siguen sin cicatrizar porque no se han cerrado como debieran y el rostro de la sociedad vasca y española sigue mostrando las marcas de ese tiempo de pasión. La controversia legal y política en torno a la posibilidad de que Arnaldo Otegui encabece las listas de EH Bildu en las próximas elecciones de Euskadi constituye una clara muestra de que el ídolo de la paz sigue teniendo los pies de barro. Es un peligro que, a todas luces, sería relativamente fácil de conjurar pero da la sensación de que, en las distintas trincheras de este añejo conflicto, haya quien pretenda mantener viva su llama.

El alto el fuego hasta ahora definitivo de ETA comenzó en septiembre de 2010 y la declaración final de dicha organización se produjo en octubre de 2011, dos fechas que vienen a coincidir con el año fatídico que condujo al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a un formidable fiasco electoral. En las urnas del 20 de noviembre de 2011, la derrota socialista la protagonizaría Alfredo Pérez Rubalcaba que había ejercido como ministro del Interior y que ni siquiera pudo o supo esgrimir semejante logro histórico para avalar una política que había entrado ya en barrena en el ámbito socioeconómico por su subordinación a las imposiciones del ECOFIN y de los recortes comunitarios.

El PSOE no sacó pecho de aquel acontecimiento espectacular, quizá porque ya no le quedaba fuelle para mucho o tal vez porque desconfiaba de que la banda cumpliera lo prometido, habida cuenta de que años antes la denominada tregua trampa terminó con un atentado en el parking de Barajas. Sin embargo, ¿por qué no ha movido ficha el PP en los cinco años posteriores cuando a la luz de los hechos parece que esta vez la paz fuera en serio?

Quizá sea por seguidismo respecto a las asociaciones de víctimas que mantienen, lógicamente, una posición extremadamente crítica respecto a las intenciones de ETA. En todos los procesos de paz habidos y por haber, a este tipo de asociaciones se les ha respetado, se les ha oído y se les ha situado en una posición honrosa pero sus apreciaciones no tienen por qué ser vinculantes en su totalidad para los gobiernos que han entrado en procesos de diálogo.
Tal vez otro de los factores que explican el tancredismo conservador se relacione con la experiencia sufrida en sus propias carnes cuando, a finales del siglo XX, José María Aznar hablaba del movimiento nacional de liberación del País Vasco. A finales de 1998, con José María Aznar en La Moncloa, ETA declaró una tregua indefinida y meses más tarde se iniciaron conversaciones en un hotel de Zurich, entre representantes etarras y del ejecutivo español. Al encuentro del 19 de mayo de 1999, moderado por Juan María Uriarte, entonces obispo de Bilbao, acudieron los etarras Mikel Albizu “Mikel Antza”, que entonces encabezaba el aparato político de la banda, y Belén González Peñalba, “Carmen”. En nombre del Gobierno, acudió el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos; al secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, y el asesor personal de José María Aznar, Pedro Arriola. Ambas delegaciones acordaron volverse a ver pero que, se sepa, nunca más se reunieron de nuevo.

La negociación que no llegó nunca.-

Mucho ha llovido desde entonces. Fuego y sangre, también. Aznar se empeñó en asociar a ETA con la matanza del 11 de marzo de 2004 y aquella maniobra le costó su primera derrota a Mariano Rajoy. No faltaron voces propicias al armisticio, como quienes auspiciaron la llamada Declaración de Bruselas o el Acuerdo de Guernica, que fijaba el desarme unilateral. Mientras, los gobiernos de España y de Francia colocaban a ETA contra las cuerdas, contando en el caso español con el beneplácito del PSOE a la hora de emprender otro tipo de acciones contra el mundo abertzale, que no sólo implicó a los propios activistas sino que incluyó la detención de abogados, cierre de periódicos o la ilegalización de organizaciones políticas como Batasuna por su presunta ligazón con ETA. Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale ilegalizada presentaron un documento el 4 de septiembre de 2010 donde fijaban las condiciones para”el proceso final de la violencia”, en las que se incluía un alto el fuego de ETA permanente y verificación internacional del mismo. Todo ello debió influir para que, dos días más tarde, los encapuchados enviaran un video a la BBC anunciando el cese de “acciones armadas ofensivas”. A la luz de comunicados posteriores, ETA esperaba una negociación a dos bandas, con el gobierno español y francés, que no llegó nunca. Pero la organización asumía que no estaba en condiciones de exigir: la creciente irrupción del yihadismo a escala europea tampoco dejaban demasiado margen a los devaneos armados de ETA y la banda perdía militancia y dinero a espuertas.

Así que el 20 de octubre de 2011, tres días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, ETA anunció “el cese definitivo de su actividad armada”. También entonces formuló “un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo” destinado a solucionar “las consecuencias del conflicto”. La callada por respuesta, mientras Arnaldo Otegui seguí en prisión desde 2009 por su presunta vinculación con la banda a la hora de reorganizar Batasuna bajo otra marca electoral.

ETA no se ha disuelto, no ha entregado las armas y cualquier día podrían volver a grabar un video anunciando el retorno de los sangrientos gudaris. ¿Hasta cuándo el Gobierno español seguirá mirando hacia otro lado como si este dinosaurio no existiera? La estrategia que se ha impuesto en ETA y en el ámbito abertzale, desde el propio colectivo de presos, pasa por el fin de la lucha armada y por dar la batalla en las urnas. La inhabilitación de Arnaldo Otegui como candidato elegible probablemente sea legal, pero no resulta demasiado inteligente: su ausencia de los comicios vascos pueden influir poco o nada en los resultados que alcance su formación política, pero en cambio incrementa la victimización del colectivo y pueden elevarlo a los altares del martirologio. En palabras de Ángel González, ¿no es mejor que grite “a las urnas” en vez de gritar “a las armas”?

Colombia no es España.-

No parece que vaya a haber negociación. Quizá no haga falta, entienden los llamados partidos constitucionalistas. Pero no vendría mal asegurarse un desenlace digno para ese largo río de sangre que arrojó 829 asesinatos y 84 secuestros. En el programa que el PP presentó a las elecciones del 26 de junio, solo se hablaba de “ampliar las indemnizaciones a las víctimas del terrorismo con independencia del lugar en que se sufra el atentado, sea en España o en el extranjero. Y promover la creación de un equipo multidisciplinar dirigido por un fiscal especial para la investigación de los atentados de ETA sin resolver”.
No son casos similares, desde luego, pero acaba de alcanzarse en La Habana un Acuerdo Final de Paz entre el gobierno de Colombia y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner fin a un conflicto armado de 52 años, una auténtica guerra encubierta: “Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra”, aseguraba el presidente Juan Manuel Santos en un mensaje televisado, poco antes de anunciar que el próximo 2 de octubre se celebrará un plebiscito al respecto. No ha sido fácil y algún día  se conocerá la presencia española en esta negociación en la que la ONU ha tenido mucho que ver. La sociedad colombiana está polarizada en torno a estas negociaciones y mientras el conservador Santos apostaba de firme por esta vía, su predecesor Alvaro Uribe intentaba ponerle obstáculos. En Colombia, se creará una comisión de la verdad y también se habla de la amnistía de los guerrilleros, aunque los autores de delitos de secuestro, mascare, violación y otros crímenes de lesa humanidad serán juzgados y previsiblemente condenados por un Tribunal de Justicia Transicional (Jurisdicción Especial para la Paz) que llevará a cabo juicios contra todos los actores que cometieron crímenes durante el conflicto, desde las FARC a los paramilitares y otras organizaciones armadas.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias se constituirán en partido político y presumiblemente su líder, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, pueda presentarse a las elecciones futuras. Aquí, en España, el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra respecto a la posibilidad de que Otegui también pueda hacerlo aunque, de darle con la puerta en las narices, el caso seguiría previsiblemente su curso en los tribunales internacionales. Nadie habla en nuestro país de amnistiar etarras, sino del acercamiento de los presos al lugar de donde procedan: el mantenimiento de la paz constituiría la llave de su libertad, dentro de los plazos legales para ello.

ETA debería disculparse con sus víctimas o con sus familiares, al tiempo que tendría que entregar todo su armamento y explosivos, más allá de la chatarra que exhibió en su día. El Estado español, aunque fuere en menor medida, tendría que asumir también, de una vez por todas, las consecuencias y la responsabilidad de la guerra sucia contra ETA. Hay que dejar por zanjado este oscuro capítulo de nuestro pretérito imperfecto, respetando el luto por los muertos pero, sobre todo, el compromiso con el porvenir de los vivos.

Sin embargo, no se mueve una hoja. Desconfíen, no obstante, de la calma chicha. El dinosaurio todavía está aquí aunque hayamos dejado de hablar de ello.