La tramoya

La banca recurrirá el impuesto del Gobierno: debe parecerle injusto no quedarse con todo

Entrada del edificio del Banco de España en Barcelona. -Nacho Doce / REUTERS
Entrada del edificio del Banco de España en Barcelona. -Nacho Doce / REUTERS

Nada más ser aprobado la semana pasada, representantes de diferentes bancos españoles han anunciado que se disponen a presentar recursos contra el impuesto extraordinario.

Naturalmente, la banca está en su derecho de hacerlo, pero eso mostrará una vez a la población española que se ha convertido en el negocio parasitario más oneroso y dañino para el conjunto de la economía de toda nuestra historia.

Como se sabe, el impuesto pretende recaudar unos 3.000 millones de euros como contribución del sector más rentable y privilegiado de la economía española a los efectos que está teniendo la inflación.

La reacción de la banca no tiene otra explicación que la de su codicia que ansía quedarse con todo, pues se trata de una contribución muy pequeña si se compara con los enormes prebendas y ayudas que el sector bancario viene recibiendo del Estado, es decir, de todos los españoles.

La mejor prueba de esto último es que el Banco Central Europeo, en el dictamen que elaboró al respecto e hizo público hace unas semanas, no ha sido capaz de mostrar de forma concluyente que el impuesto vaya a ser tan peligroso para la banca como se dice.

Como escribí junto a Enrique Corona Moreno recientemente, las consideraciones de ese dictamen se pueden considerar incluso paradójicas. El BCE se muestra preocupado por la pequeña brizna de paja que puede suponer un impuesto de tan pequeño efecto recaudatorio sobre la solvencia y situación patrimonial de la banca y no por la viga que supone, en ese sentido, la política monetaria que ha comenzado a realizar. Y, sobre todo, se muestra muy sensible por el pequeño quebranto que este impuesto puede suponerle a la banca española sin echar cuentas de los privilegios enormes, de las ayudas constantes y de los enormes beneficios que viene recibiendo por parte del Estado en los últimos años.

Como han señalado Carlos Arenillas y Jorge Pérez en un artículo reciente, los bancos españoles habrán ingresado, desde 2018 hasta finales de este año, unos 10.000 millones de euros como consecuencia de la peculiar política monetaria que ha venido aplicando el Banco Central Europeo: conceder préstamos a los bancos que luego estos devuelven pero en menor cantidad que la recibida. De hecho, los 3.000 millones que se pretende recaudar con el nuevo impuesto extraordinario equivalen a un poco más de los 2.863 millones de euros que este concepto supuso en 2021, según el balance del Banco de España.

A esos ingresos caídos del cielo que han recibido los bancos españoles hay que añadir los que ya han empezado a recibir desde el momento en que el Banco Central Europeo ha comenzado a retribuir los depósitos que recibe. Ingresos de la banca que constituyen pérdidas del Banco de España que, como señalan Arenillas y Pérez, podrían llegar a consumir su patrimonio, lo que obligaría a que lo recapitalizase el Gobierno o a que tuviera que vender sus reservas de oro.

Ni esos ingresos extraordinarios han sido utilizados por los bancos españoles para mejor su solvencia o el servicio que prestan, ni la subida de tipos de interés para retribuir mejor a los depósitos que recibe. Solo han repercutido en más beneficios, más dividendos, más compras de sus propias acciones, y crédito más caro para empresas y hogares.

Los privilegios y los beneficios extraordinarios que ha recibido la banca española en los últimos años por parte del Estado no han sido solamente esos.

Desde hace años se viene favoreciendo un proceso de concentración que reduce la competencia y que, como cualquier cliente puede fácilmente comprobar, encarece y dificulta el acceso a los servicios bancarios, mientras que, lógicamente, genera beneficios extraordinarios a los bancos. Los cuatro grandes controlan ya el 70% del mercado, frente al 40% de hace tan solo 20 años.

La banca española cobra comisiones cuya cuantía es de las más elevadas de Europa, no solo en comparación con nuestro nivel de vida sino en términos absolutos. Ha cobrado intereses superiores al 4% por préstamos ICO cuando los tipos de interés han sido negativos; según los bancos, por el riesgo que asumen cuando, en realidad, es el Estado quien se hace cargo de las pérdidas que pueden producirse pues, por una vía o por otra, garantiza casi el 80% del riesgo que asume la banca. Y los bancos españoles no han dejado de recibir créditos, exenciones o privilegios fiscales de todo tipo en las últimas décadas.

Y todo ello, por no hablar del rescate que no iba a costar "ni un euro" a los españoles, según el Partido Popular y que, según las cuentas del Banco de España, nos ha costado 65.725 millones.

Privilegios de este tipo son los que explican que el sector financiero español tenga un beneficio tan elevado y muy superior al del resto de las empresas productivas. Hasta septiembre pasado ya había aumentado un 33% respecto al año anterior y, según la Contabilidad Nacional, en los cuatro años anteriores a la pandemia había aumentado un 28% cuando el del resto de las empresas (salvo las eléctricas) había caído un 10%.

La banca está en su derecho de recurrir. Y a nadie podría extrañar que consiguiera tener éxito, a la vista de tantas sentencias sorprendentes anteriores en su favor y de la composición bien conocida de la judicatura española. Si la derecha española y los jueces conservadores incumplen la Constitución para evitar la renovación de los tribunales no es por el gusto de hacerlo sino, precisamente, para que allí esté quien debe estar de cara a recursos como este de la banca.

Los banqueros saben lo que hacen y conocen mejor que nadie que ganan dinero comportándose como auténticos parásitos de miles de empresas que de verdad crean riqueza y empleo, y de millones de españoles que sacan a su país adelante con esfuerzo diario. Saben las teclas que hay que tocar en la administración de justicia, lo mismo que las tocan en los medios, la academia o la política para que constantemente se trasladen a la opinión pública juicios sesgados sobre su actividad. Tal y como ha ocurrido, sin ir más lejos, con los comentarios difundidos sobre el dictamen del Banco Central Europeo sobre el impuesto, para hacer creer a la gente que decía lo que realmente no dice o que es lo que no es. Solo está por ver quien se impondrá finalmente, si la avaricia de una banca que lo quiere todo para sí, o el saber popular que dice que quien come y no da de empacho morirá.

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