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Cómplices necesarios (4): Los médicos

El periódico Página 12 informa que un Tribunal Federal juzgará por primera vez en Ar­gentina desde la última dictadura a profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos para secuestrar los hijos de prisioneras que aún permanecen de­saparecidas. Los médicos Norberto Bianco y Raúl Mar­tín, así como la obstetra Luisa Arroche, han sido procesados por el Tribunal Oral Federal No. 6 por apropiación de niños durante la dictadura. Actuaron en la maternidad clandestina que funcionaba en el hospital militar de Campo de Mayo. Como antecedente a este juicio, en una de las sentencias por delitos de lesa humanidad más importantes, ese mismo Tribunal determinó que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas fue una práctica sistemática y generalizada del terrorismo de Estado. Por esos crímenes, los integrantes de la cúpula militar que gobernó al país aquellos años fueron condenados, tras más de diez años de lucha de las Abuelas de la Plaza de Mayo.

Dos años después, el mismo tribunal comenzará a juzgar a integrantes del personal médico militar vinculados con la apropiación de bebés cuyas responsabilidades no fueron planteadas en aquel mítico juicio. Los médicos Bianco y Martín, y la obstetra Luisa Arroche, más los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y Rey­naldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés, cinco de los cuales lograron recuperar su verdadera identidad.

Página 12 recuerda que en el Pabellón de Epidemiología del Hospi­tal Militar de Campo de Mayo existieron, de 1976 a 1978, dos habitaciones especiales con ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas y sin luz, por donde pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, esposadas, desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita de Cam­po de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto.

En España, desde 1936 hasta 1986, durante medio siglo, primero en las zonas ocupadas por las tropas franquistas y después en todo el territorio español que gobernó a su antojo la dictadura,  y aún más tarde, ya en marcha la Transición, fueron robados miles de niños, arrancados de los brazos de su madre que acababa de darlos a luz, para entregarlos en adopción a los jerarcas del régimen y a aquellos matrimonios bien situados que pagaban por ello. Estos crímenes fueron ocultados con tanta eficacia que ni siquiera los que nos creíamos informados supimos de estas prácticas hasta que en los años ochenta un reportaje de la televisión catalana desveló tales horrores. Desde esa fecha hasta la actualidad algunas madres han intentado conocer el paradero de aquellos bebés y recuperar a sus hijos. Se han iniciado algunos procesos judiciales que siguen en el habitual limbo de la justicia española, con la inestimable ayuda de los fiscales, cuyo deber creíamos que era perseguir los delitos, sin que se sepa que se haya avanzado en las investigaciones.

Se acusa a una monja, que ya ha fallecido, y a un médico cuya declaración ignoro, de algunos de esos robos. Y con ello, tanto el sistema judicial, como los medios de comunicación, como los Colegios de Médicos, como la opinión pública –si es que tal cosa existe en España- ha clasificado los "casos" como tales. Es decir, sucesos acaecidos en tiempos pasados que no tienen más trascendencia que la de unos delitos aislados.

En España no se han llevado a cabo, ni aún iniciado, las investigaciones destinadas a acusar a todos  los responsables de semejantes atrocidades, entre los que se encuentran los médicos que atendieron a las parturientas,  entregaron los bebés a las monjas y curas que los distribuían a los buenos matrimonios ansiosos de ser padres, y después mentían a las madres diciéndoles que su hijo había nacido muerto. Incluso se atrevieron a enseñarles cadáveres inidentificados sacados del depósito en estado de congelación o a designar tumbas que se han encontrado vacías.

Durante medio siglo hubo médicos que actuaron al servicio de la policía político social explorando a los detenidos en las comisarías para controlar los efectos de la tortura. Aquel que me interrogó al llegar a la Dirección General de Seguridad de Madrid y una vez conocidas mis afecciones me entregó a las garras de los torturadores, con un informe exacto de mis puntos débiles. Días después, una vez, en plena sesión de "interrogatorio", reanimada de la pérdida de conocimiento noté que el médico me quitaba del brazo el aparato de toma de tensión y decía, "déjenla descansar". Al salir de aquella cueva me puso delante de los ojos un informe en el que declaraba que me encontraba en buen estado de salud, mientras sonreía.

Como en mi caso en el de decenas de miles de detenidos políticos, y comunes, y el de decenas de miles de presos políticos, y comunes, hubo médicos que asistieron impertérritos a las sesiones de tortura practicadas por las diversas fuerzas del orden, que reanimaron a los heridos y moribundos en las comisarías y que firmaron después certificados de "buen estado de salud" y de defunción "por causas naturales". Y más tarde, cuando alguno de los detenidos se atrevió a denunciar a sus torturadores, acudieron a los juzgados a declarar a favor de la policía, asegurando que cuando ellos  exploraron al preso este se encontraba perfectamente.

Médicos que en las prisiones no atendían los requerimientos de los presos cuando se encontraban enfermos, que no suministraban las medicinas necesarias para los tratamientos, que se negaban a anestesiar a las mujeres en el momento parir y las insultaban aludiendo a los vicios que las habían conducido a ese estado.

Psiquiatras que redactaron informes asegurando que las presas y los presos políticos  eran seres enfermos, malvados, pervertidos, y merecían ser tratados con shocks eléctricos o medicación invalidante.

Antonio Vallejo-Nágera Lobón que fue el primer catedrático numerario de Psiquiatría en la Universidad española, que a mayor infamia para el país ostenta su nombre una avenida en Madrid, afecto al nazismo, durante la Guerra Civil, con el grado de coronel dirigió los Servicios Psiquiátricos del Ejército franquista. Como jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de la dictadura franquista, le fue encargado un estudio que demostrase la inferioridad mental de las personas de ideología marxista y escribió extensamente sobre la degeneración de la raza española, que, según él, habría ocurrido durante la República, postura adoptada también por Juan José López Ibor, Ramón Sarró, José Solé Segarra, Marco Merenciano y otros psiquiatras de su mismo bando. Convenció a Franco para que creara el Gabinete de Investigaciones Psicológicas del Ejército a semejanza del Ahnenerbe (acrónimo del Instituto de Investigación y Estudio de la Herencia Ancestral Alemana), creado en 1935 en la Alemania nazi por Heinrich Himmler, para demostrar su teoría de que el marxismo era una tara mental, según expresaba en libros suyos como La locura y la raza, Psicopatología de la guerra española, Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza o Psiquismo del fanatismo marxista. En 1947 fue nombrado por las instituciones franquistas profesor de Psiquiatría en la Universidad de Madrid, puesto que desempeñó hasta 1959, sin que ninguno de los profesores, catedráticos y psiquiatras que actuaban entonces en el país criticara ni tímidamente semejante desafuero.

Sin el concurso de esos miles de facultativos que durante decenios ayudaron a los jerifaltes y torturadores del régimen a perpetuarse no hubiera sido posible que la dictadura actuase con semejante crueldad. Pero tampoco ni uno solo de los Colegios de Médicos ha hecho declaración alguna reconociendo el infame papel que cumplieron aquellos de sus colegiados, ni ha repudiado semejante conducta ni eliminado de sus corporaciones los nombres de tales individuos.

Porque hoy, cumplidos 75 años del fin de la Guerra Civil, la mayoría de los médicos y sus Colegios están más preocupados porque no les rebajen los salarios o los despidan de sus puestos de trabajo. La mayoría de ellos apoyan a sus colegas cuando las negligencias en su actuación han dejado inválidos o muertos a pacientes suyos y emiten informes y certificados y se presentan a declarar en los juicios, haciendo gala de un cinismo inigualable, a asegurar que la pérdida de la pierna, la ceguera, la sordera, el estado de coma, la paraplejia o la tetraplejia que sufre el paciente de otro médico, después de una anestesia mal administrada o de una cirugía chapucera,  se debe a la mala constitución del enfermo.

Ninguno de los médicos que colaboraron, ayudaron y fueron cómplices necesarios de los crímenes del franquismo ha sido procesado, ni aún acusado, de sus crímenes. Jamás se han retractado y nunca nos pidieron perdón.

Por eso, porque nunca se llevaron a cabo investigaciones ni procesos como el argentino, como jamás se hizo una catarsis en el seno de la profesión médica que fue tan encubridora y cómplice del régimen franquista, hoy hay médicos que atienden visitas en minuto y medio, que firman recetas sin mirar al enfermo, que siguen las indicaciones de los laboratorios que les pagan la asistencia a congresos y viajes por medio mundo, que aplican tratamientos y anestesias que dejan al paciente en coma, que se inhiben de impedir prácticas inaceptables de otros colegas y que incluso ejercen de peritos para seguir defendiendo la impunidad de la profesión. Sin responsabilidad alguna.