Opinion · Lo queremos todo

Cañete, la punta del iceberg

“En un contexto de grave descrédito hacia las instituciones y los políticos entre la ciudadanía europea, ¿cómo cree que podría contribuir a este sentimiento legítimo de la gente su polémico nombramiento como comisario de energía, teniendo en cuenta su cercanía con el negocio petrolero?” fue la pregunta que se me quedó entre los dientes en el examen al señor Cañete, ayer ante el Parlamento Europeo. Y es que, junto a esto, habría mucho que preguntar al propuesto como comisario de Acción Climática y Energía: ¿por qué dice que se ha desprendido del negocio petrolero mientras su familia sigue controlando más del 70% de esas empresas? ¿El haber aplicado políticas antiambientalistas como Ministro en el Estado español no tiene relación con su propuesta como comisario? ¿No es un eufemismo tildar como desafortunado un comentario claramente machista que ha sido acompañado de muchos otros?

Pero el problema no solo es Cañete. Como acertadamente han señalado las organizaciones ecologistas, el problema es toda la estructura y política esencialmente antiambiental propuesta por Juncker. De hecho, aunque consiguiésemos tumbar a los comisarios propuestos para liderar Medio Ambiente (Karmenu Vella) y Acción Climática y Energía (Cañete); a pesar de que pusiéramos en su lugar a comisarios realmente comprometidos con la lucha contra el cambio climático, estos tendrían las manos atadas. En primer lugar porque, en el esquema de la nueva Comisión Europea, ambos departamentos dependerían de la vicepresidencia de Unión para la Energía, esto es de la política energética de la UE (que ya sabemos en manos de qué intereses y lobbies está). Y en segundo lugar, porque tanto esta última como todas las demás áreas de actividad dependerán en última instancia de la estrategia de competitividad exterior europea.

El mensaje es claro: otras potencias económicas, sean consolidadas o emergentes, están disputándole a Europa su posición privilegiada en la economía mundo. El viejo continente lleva años estancado mientras otras regiones no dejan de crecer. Así que todo vale para recuperar la senda del crecimiento y mejorar la competitividad: relegar al decimotercero plano la política climática y medioambiental, desmontar derechos laborales, bajar salarios o firmar opacos acuerdos comerciales al servicio de las grandes transnacionales, como el TTIP actualmente en negociación.

¿A qué nos suena todo esto? Efectivamente: al pan nuestro de cada día. Al pan y a los chorizos, claro. Aquí el Gobierno de Rajoy lleva meses vendiéndonos brotes verdes y una salida de la crisis por la puerta grande. Pero ahí están las OIT, OCDE y Cáritas de turno, ninguna sospechosa precisamente de bolchevismo perro-flautista, para matizarle a Montoro y compañía que sí, crecimiento, pero bien aderezado con cuarto y mitad de desigualdad, pobreza y precariedad en ascenso. No es que Rajoy no quiera verlo. Todo lo contrario: forma parte de su plan. Donde antes te pagaba 1.200 ahora te pago 500, así que me da para contratar a dos, reducir el paro y quedarme con 200. Quien no aplaude con las orejas es un antipatriota.

Las élites económicas y políticas que nos gobiernan en Europa y en el Estado español hace tiempo que enseñaron sus cartas: todo por la competitividad. Cuanto más salvaje se pone el capitalismo ahí afuera, más salvajes se vuelven de puertas para adentro. Caiga quien caiga, ya sean salarios, derechos, libertades o protección medioambiental. Así que no, no solo es Cañete. Es Cañete y los otros 26 comisarios propuestos por Juncker, empezando por él mismo. Es Rajoy pero también sus pirómanos. Es la luz de la hoguera al final del túnel.

Por eso no podemos mirar solo el árbol de este inmenso bosque. Si finalmente Cañete cae, será un éxito de movilización y lucha. Pero también una victoria pírrica. No es un problema de manzanas podridas. Es todo el campo el que está infectado. Con o sin Cañete como comisario, seguiremos dejando claro, en las calles y en las instituciones, que no hay ni habrá verdadera recuperación económica sin recuperación de derechos y sin perspectiva ecologista. Ni en la UE ni en el Estado español.