Hoy, el Banco de España tiene que decir si aprueba los planes de recapitalización de nueve cajas de ahorros y cuatro bancos o si les exige modificaciones. Muchos querríamos ver también un cambio de los gestores que han llevado a una situación límite de solvencia. El Banco de España ha sustituido a los principales directivos de las cajas que ha intervenido (Caja Castilla-La Mancha y Cajasur), que es cuando se lo permite la ley. También ha procurado que en las fusiones prevaleciera el equipo de la mejor gestionada; por ejemplo, Cajastur en Banco Base.

Hasta llegar a esta situación provocada fundamentalmente por la burbuja inmobiliaria y los créditos concedidos de forma imprudente, ha habido muchos colaboradores en el deterioro, como gobiernos autonómicos –con potestad normativa sobre las cajas– que reclamaron respaldo a proyectos faraónicos o incluso sindicalistas que apoyaron bonus millonarios.

Se reclama profesionalización y despolitización, como si tener un político al frente estuviera maldito y contar con un tecnócrata representara la mayor de las suertes. Puede ser así en ocasiones, pero no está de más recordar a esos destacados profesionales que dirigían Lehman Brothers cuando quebró y tantas compañías en la UVI de las ayudas públicas (esas que gestionan los políticos). La retribución al accionista no es el único fin, también el beneficio a la sociedad.

Estas cajas a las que se conduce a la disciplina de los mercados –esos que nos han llevado a la crisis– igualmente podrían avanzar en transparencia. ¿Por qué no pueden votar todos los impositores a sus representantes en el consejo de administración en lugar de sortear el derecho a voto? La banca electrónica lo permite y el sentido democrático lo exige.