El debate tuvo lugar el mismo día en que el Tribunal Supremo había reactivado las euroórdenes de detención de los ex-consellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí. Y también el mismo día de la convocatoria de una reunión de urgencia del Tribunal Constitucional (TC) para advertir a la Mesa del Parlament de Catalunya sobre el riesgo penal de cometer un delito de desobediencia si ignora sus resoluciones. El TC, que habitualmente se da un importante margen de tiempo para hacer cualquier cosa, había admitido a trámite, rápidamente, lo que le había pedido el Ejecutivo español, para intentar impedir que en la Cámara catalana se pueda hablar sobre nada que tenga que ver con la soberanía del pueblo catalán.

Aquel mismo día se había perpetrado en el BOE un grave atentado contra la libertad de expresión, con la publicación de un real decreto ley que permite al Ejecutivo el cierre a discreción  de páginas web.

El día antes, la familia real había hecho acto de presencia en Barcelona. Escondió sus movimientos y necesitó un despliegue policial extraordinario para poder hacer entrega de los premios de una fundación vinculada a la corona, sin ver ni oir las protestas contra lo que representa esa institución, de acuerdo con el papel primordial que Francisco Franco otorgó a los Borbón.

El republicanismo es indiscutiblemente mayoritario en la sociedad catalana. Lo deja claro la ciudadanía cada vez que tiene oportunidad de manifestarse políticamente de algún modo, y lo hace a menudo, sea a través de encuestas, de convocatorias a las urnas o de movilizaciones sociales.

Una parte más que considerable y creciente de este sector social, que se declara independentista, es víctima de severa represión por parte de diferentes instancias del Estado. Intervenciones policiales, prohibiciones, denuncias, detenciones, malps tratos, control de comunicaciones, encausamientos judiciales, condenas, encarcelamientos, persecución de exiliados...

Se diría que todos los poderes del Estado "de derecho", presuntamente separados, se han puesto de acuerdo para actuar coordinadamente contra toda aquella gente que defiende la soberanía del pueblo catalán para decidir sobre todos los aspectos de su vida colectiva.

Y en este contexto, los candidatos a representar a la sociedad catalana en el Congreso de los Diputados, catalanistas o españolistas, tuvieron una nueva oportunidad de explicar y contrastar en público sus propuestas para responder a las necesidades y deseos de la ciudadanía. Fracasaron estrepitosamente.

Habían sido invitados por Televisió de Catalunya a hablar entre ellos durante dos horas y media y el resultado fue ruido, provocado, sobre todo, por las representantes de Cs y PP. Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo, que no disimularon casi en ningún momento su voluntad de reventar el programa.

El representante de ERC, Gabriel Rufián, intentó explicar su preocupación por la criminalización realizada el día anterior de millones de catalanes por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en otro debate de ámbito estatal. La candidata de JxCat, Laura Borràs, quiso defender la propuesta de formación de un solo grupo en el Congreso de los Diputados que agrupe a todas las voces del independentismo, mientras que en nombre del PSC, José Zaragoza reiteraba su disgusto por la falta de apoyo de Unidas Podemos a la investidura del propio Sánchez. Pero Arrimadas, Álvarez de Toledo y el representante de VOX, Ignacio Garriga, que utilizaron buena parte de sus turnos de palabra para descalificar a la televisión pública que les acogía, con un nivel de crispación que obligaba a moderador, al resto de participantes e incluso a algunos espectadores [según ha podido constatar quién escribe estas líneas] a realizar un esfuerzo importante de contención y paciencia para poder seguir el debate.

"Estoy un poco avergonzado, esto parece un combate de boxeo", reconoció el candidato de los Comuns, Jaume Asens, que intentaba explicar la receta de su formación para resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado: "Diálogo y libertad por los presos".

Borràs había reclamado desde el principio la necesidad de "no normalizar" la presencia de la ultraderecha fascista, homófoba y xenófoba, en referencia explícita a VOX, pero durante el debate, entre Arrimadas, Álvarez de Toledo y Garriga, no era fácil distinguir quién representaba mejor a los enemigos de la democracia y del diálogo.

"TV3 fue altavoz de propaganda. Debería haberse cerrado", dijo Garriga, que también defendió la ilegalización de partidos independentistas. "Esta televisión es una máquina de propaganda. Es una infamia", afirmó Arrimadas, antes de pedir la dimisión del director de TV3, que ejercía como moderador, y de anunciar que lo echarían con un nuevo 155.

La líder de Cs dedicó insultos diversos al actual presidente de la Generalitat y a su antecesor exiliado y no dejó de sobreponer en todo momento comentarios a las intervenciones de otros candidatos, no para argumentar nada, sino para impedir sin más la comprensión de lo que decían.

Y Álvarez de Toledo hizo más o menos lo mismo. Calificó de secta la televisión catalana, acusó a los independentistas "de odiar a Catalunya", les dijo que tenían que perder toda esperanza y "hacer su duelo" y a la candidata de la CUP, Mireia Vehí, le espetó que los suyos irían a prisión.

Viste el comportamiento de Cs, PP y VOX en las instituciones, la conducta que mantuvieron en el debate resultaba del todo previsible y el problema fue que casi todos los otros cayeron de cuatro patas en las provocaciones, más allá de lo cual solo parecían interesados en discutir y hacerse reproches mutuos sobre alianzas pasadas, actuales y futuras y sobre quienes  podrían dar apoyo o no a la investidura de Pedro Sánchez si los resultados de las elecciones acaban siendo más o menos como indican las encuestas.

Zaragoza descartó la posibilidad de un acuerdo "con la derecha que hace seguidismo de VOX", Asens criticó a los independentistas por no haber dicho la verdad sobre "la unilateralidad" y sus resultados, Rufián remarcó que "los votos de ERC nunca se han dado a cambio de nada", Borràs insistió en la misma idea y se mostró partidaria de "continuar con la actual movilización" ciudadana, que calificó de transgeneracional, y Vehí defendió "una estrategia de desobediencia masiva".

La representante de la CUP tocó lo esencial cuando señaló que los constitucionalistas, vinculados al poder económico, solo ofrecen "más prisión, más represión y más 155", pero más allá de esta triste realidad, nada de nuevo en un debate que no mereció este nombre.

Antes de ir a las urnas los ciudadanos necesitan y esperan argumentos y propuestas para poder elegir representantes que se esfuercen en buscar salidas a la actual espiral de represión y de regresión democrática. Es preciso que en algún momento las administraciones rescaten del olvido las necesidades elementales de la gente y sus esperanzas. De los ultras y de quienes les acompañan no se puede esperar nada más que lo que demostraron este martes. A los demócratas hay que exigirles responsabilidad y respeto escrupuloso por los "valores republicanos" que dicen defender.