Eramos un grupo estrafalario de rusos, chinos y algún europeo y ella dijo: "¿Quieres ser terrorista? Vale, puedes hacer de terrorista".

El matiz es importante: no se trataba de unirse a la lucha armada real, sino un juego de rol en una clase, durante la que demostrábamos cual era el papel de la prensa con respecto a la cobertura de un atentado terrorista. Teníamos que dividirnos en grupos: terroristas, policía, gobierno y periodistas. Pero así hablaba ella, directa al grano.

Era una señora británica de pelo blanco, con muchos dientes, que soltaba tacos mientras analizaba la historia de la prensa. Años después la nombraron historiadora oficial de la BBC. Se llama Jean Seaton.

Otra de las situaciones delirantes en las que Seaton nos explicaba la relación entre censura y medios de comunicación pasaba por la comparativa entre el circo romano y los leones. ¿Crees que vivimos en un momento insoportable de violencia audiovisual? Si la respuesta es sí, recuerda que venimos de una cultura en la que se mataba a la gente por diversión en el circo romano.

De un plumazo, Seaton se cargaba el discurso apocalíptico sobre la decadencia de los medios. Venimos de la sangre en el circo romano.

España como circo

En los últimos días, salta a la palestra la falta de pluralidad de los medios públicos en España, a raíz de lo que se ha denominado "la crisis catalana". El más reciente caso es el tratamiento de las palabras de Puigdemont en el programa Informe Semanal, que sucede tan solo unos días después del informe del Consejo de Informativos de RTVE que ofrecía hasta 23 ejemplos de manipulación en TVE con información sobre Catalunya.

No es nuevo. Ya en en otro informe publicado en 2015 por el mismo Consejo de Informativos de RTVE se advertía de la influencia de la política del PP en la televisión pública, y se incidía en que "cada vez son más numerosas las informaciones omitidas, censuradas o tergiversadas" y su valoración depende de que "sean favorables o desfavorables a las tesis del Gobierno y del PP". En el informe se apuntaba también que cada vez se mezclan más opinión e información.

Por supuesto, las constantes críticas a la posición de RTVE no han sido las que han hecho el agosto mediático en las últimas semana, sino el denominado "adoctrinamiento" por parte de la televisión pública catalana, TV3.

Sin duda, TV3 no carece de críticas: en 2014 la sección del Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) en la cadena catalana alertaba de que algunas informaciones llamaban a la movilización de la Diada, "algo que rompe con la imparcialidad que ha de caracterizar a un medio público".

El Sindicat volvió a denunciar ante el Consejo de Europa en 2015 "la politización de los medios públicos" en Catalunya "a raíz de los nombramientos de los directores de TV3 y Catalunya Ràdio, e incluso de un jefe de Informativos, en consonancia con la formación del nuevo gobierno de la Generalitat". Recientemente, el PP ha denunciado que TV3 difunde en un programa para niños las teorías de los independentistas sobre sus 'presos políticos'. La periodista Ana Pastor comentaba que "hay partidos que tienen poca autoridad moral para hablar de intervenir o de cómo hacer una televisión", en clara alusión a esta noticia.

Sigue el rastro del dinero

Pero la atención mediática de estos días hacia las televisiones públicas es de todo menos inocente. Ante la reiteración constante de esta discusión, cabe preguntarse: ¿qué quiere de una televisión pública quien ostenta el poder? La respuestas solo pueden ser dos: obtener el control del medio o defenestrarlo.

Siguiendo las críticas del Consejo de Informativos de RTVE, la primera opción queda patente en la acusación de que se está intentando crear una "redacción paralela" con periodistas afines al PP. Desde 2014, el actual director de los Servicios Informativos de TVE es José Antonio Álvarez Gundín, antiguo subdirector de Opinión y Economía de La Razón, con las consabidas críticas por la reciente cobertura informativa en Catalunya reprobada por el Consejo de Informativos.

En paralelo, se establece el discurso de que los entes públicos son un despilfarro y deben ser regulados, un eufemismo para recortar. Constantemente se alude al excesivo gasto de las televisiones públicas -especialmente TV3, qué sorpresa- cuando la realidad es otra: según datos del estudio "Situación actual y tendencias de la radiotelevisión pública en Europa", realizado por FORTA (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) la televisión pública española cuesta anualmente alrededor de 39 euros por habitante, lo que supone aproximadamente 28 euros menos que el coste medio per cápita registrado en la Unión Europea. La media de coste por habitante de la radiotelevisión pública en la UE fue en 2014 de 66,9 euros frente a los 38,9 euros de España.

Mientras tanto, las televisiones públicas españolas, incluyendo las autonómicas, han experimentado la mayor reducción presupuestaria de la UE en los últimos 5 años (-35,2%), seguidas por las de países como Chipre (-32,7%), Portugal (-29.9%), Polonia (-17.4%).

Por otro lado, España, es el único país de la Unión Europea que no cuenta entre sus instituciones democráticas con un Consejo Audiovisual. Tan solo existen dos consejos de ámbito autonómico, a la espera de que se apruebe un tercero en la Comunitat Valenciana: el de Andalucía y el de Cataluña que con el gobierno de Artur Mas optó por su práctica liquidación, como explica Joan Botella, catedrático de Ciencia Política de la UAB y miembro desde los orígenes hasta 2006, en El País: "Con la excusa de los recortes de la época, le redujo el presupuesto drásticamente".

De todas las enseñanzas de Jean Seaton, la que más recuerdo es la que más he visto aplicada: recortar gasto y favorecer opinión y no información desprotege a los ciudadanos. Y ahí quedamos, a merced de los leones.