Otras miradas

Colombia: la destitución de Petro y los fantasmas del pasado

Ava Gómez Daza

Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.

Ava Gómez Daza
Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca.

El día en que se celebró la victoria de los hombres sobre la barbarie, el día en que se conmemoró la Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos días después de la muerte de aquel hombre que dignificó a la mayor parte de la población sudafricana, Bogotá, esa ciudad que se levanta en el Altiplano Cundiboyacense de los Andes colombianos, se despertó entre nieblas e incertidumbre por la inminente destitución del alcalde Gustavo Petro de su cargo, el segundo en importancia del país, tras el presidente de la República.

La destitución se produce en un momento crucial, no solo de la política nacional, sino de la política regional latinoamericana. Una etapa que refleja el cambio de las élites políticas tradicionales por nuevos movimientos y líderes pertenecientes a la llamada "izquierda progresista latinoamericana". Actores que han apostado por un cambio en la orientación de sus políticas públicas, poniendo especial atención en el fomento y mejora de las condiciones de vida de las clases marginales.

La destitución burocrática del alcalde elegido democráticamente coincide con un clima de gran importancia política en el país, cuando el presidente Santos negocia la paz con las FARC, levantadas en armas hace ya más de medio siglo. Si bien es cierto que no se ha planteado oficialmente la posibilidad de una reelección de Santos, no es ningún secreto que después de un acuerdo con el grupo guerrillero su popularidad entre sectores progresistas del electorado puede crecer exponencialmente, lo cual desencadenaría la posibilidad de su reelección. No en vano, Santos ha dado sobradas muestras de adaptación: sin demasiadas mutaciones en lo ideológico, pasó de abanderar la esencia del uribismo a ser representante de una nueva derecha, esforzada en mostrar mayor talante y sintonía con los intereses de la Administración Obama. Al otro lado quedaron, encasillados en el extremismo, los sectores de la derecha terrateniente, vinculada al paramilitarismo, que aglutina un Uribe al que ya pocos toman en serio.

En este marco, Gustavo Petro, al frente de la alcaldía de Bogotá, representa los valores de los sectores progresistas urbano y ha aumentado su popularidad, tanto a nivel nacional como internacional (por poner solo dos ejemplos recientes podemos citar el premio que recibió en Londres de Liderazgo en Cambio Climático otorgado por la organización de ciudades C40 y la multinacional Siemens o el Premio de la Organización Defenzoor de la Universidad de Antioquia). Petro ha logrado marcar un perfil propio en el mapa político colombiano, lo que ha hecho de él un perfil de interés de cara a las elecciones presidenciales de 2018.  Algo que se impedirá, mediante los 15 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos que han caído sobre él por la desprivatización de las basuras, una mala excusa para cortar de raíz la carrera de un político en ascenso.

Su labor como alcalde no ha dejado ajeno a nadie. Desde sus primeras acciones en contra de la corrupción –cuando aún no ostentaba el cargo- con su conocida denuncia del "Carrusel de la Contratación" para las obras públicas en Bogotá, que terminó con la destitución de su predecesor y ex compañero de partido Samuel Moreno, hasta su actual mandato que ha producido una importante polarización en la opinión pública. Desde los sectores más conservadores, se han juzgado sus errores de forma implacable, se recuerda la incomodidad que produce tener "pico y placa" (medida que limita la circulación de vehículos), o la "situación de insalubridad" que se produjo en Bogotá por la mala gestión de las basuras.

Estas opiniones se leen claramente en los medios de comunicación tradicionales y en las voces más acuciantes que desde el cómodo Norte bogotano critican su acción. Pero ¿qué pasa al Sur? Bogotá son muchas ciudades en una sola, pero la primera división que se puede establecer es el eje Norte-Sur: al Norte las clases altas y medias-altas; al Sur, la población con más dificultades económicas.

Hablemos de pobreza. Durante la primera etapa del gobierno Petro las diferencias sociales en la ciudad se han reducido, así lo indica el Índice GINI que registra el nivel de desigualdad de ingresos, ubicándose por primera vez en menos del 0,5 (siendo 1 el mayor nivel de desigualdad y 0 la igualdad perfecta), por debajo de otras ciudades como Medellín, Cali, Armenia, Popayán, Neiva y Pasto. Además, los últimos datos del DANE (instituto oficial de estadística colombiano) sobre pobreza señalan que 1.187.102 personas han salido esta situación con respecto a 2002 y confirmándose también una bajada de los niveles de desigualdad de ingresos entre los habitantes. En 2012, la pobreza disminuyó 1,5 puntos porcentuales, lo que significa que 98.395 personas lograron superar dicha condición, frente a lo registrado en 2011. Como destaca el Observatorio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, estas cifras impactan en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados internacionalmente para reducir el porcentaje de personas en situación de pobreza nacional a 28,5 por ciento, meta que Bogotá ya superó de forma amplia (11,6 %). Finalmente se observa que el 2% de la población bogotana está por debajo de la línea de pobreza extrema (es decir, el nivel mínimo de ingreso con el cual un hogar puede adquirir una canasta básica de alimentos), frente a 10,4% del total nacional.

Hablemos de la violencia. La comunidad internacional ha puesto los ojos en Bogotá por los éxitos en su política de seguridad. Desde la ONU llegaron los reconocimientos del desarme como fórmula necesaria para disminuir los niveles de violencia local. El tema de la seguridad se ha abordado por esta Alcaldía como un derecho que debe garantizársele al ser humano, así si en 1993 se registraban en la ciudad 90 asesinatos por cada 100.000habitantes, en 2011 esta cifra bajó a 22, e iba en menos de 14 durante los primeros meses de 2013.

Hablemos de inclusión social. El desarrollo de Centros de Atención Móvil a Drogodependientes es una acción inédita en Bogotá por parte de la Alcaldía, con cuatro unidades de atención. Se pretende dejar atrás la estigmatización social de considerar a los drogadictos como delincuentes, brindando atención a más de 5.000 personas, ofreciendo medicina, odontología, asistencia psicológica y asesoría de trabajadores sociales a la población del "Bronx". Este esfuerzo ha generado un conflicto con las mafias ocupantes de la zona pero, sin embargo, ha sido un avance en materia de integración social poniendo el foco en un grupo social a menudo invisible, incluso incómodo, a los ojos de muchos. Otro de los gestos más importantes para la inclusión social es la creación de la Secretaría Distrital de la Mujer a través de la cual se busca garantizar la igualdad de las mujeres que habitan Bogotá, luchando en contra de la discriminación y la violencia de género.

Los datos reflejan que el mandato de Petro se ha centrado –como lo indicaba su programa político— en el desarrollo social de la ciudad y en la integración de una parte de la población que siempre ha sido marginada, olvidada y rechazada por la élite capitalina. Y es obvio que la gestión no ha sido perfecta,  es obvio que ha habido importantes problemas que han surgido con el cambio de orientación de la política y que se han sumado a los viejos fantasmas irresolutos, entre ellos, la enorme falla infraestructural que deja a una de las capitales más importantes de Latinoamérica con un sistema de movilidad urbana nefasto. Todos estos problemas han sido explotados por las élites tradicionales (propietarios de buena parte de los medios de comunicación) para promover una opinión negativa del alcalde, sin ofrecer en ocasiones derecho a réplica, u otros datos más objetivos de su gestión.

Ocurre a menudo que la soberbia de quienes han estado acostumbrados a mandar durante décadas, les lleva a solucionar un problema creando otro mayor. El procurador Alejandro Ordóñez, que tomó la decisión de destituir a Petro, recuerda demasiado a una Colombia ya superada: la Colombia que durante 50 años fue incapaz de insertar en la política a la guerrilla más antigua del continente, la Colombia que usó al Estado para perseguir implacable el desarrollo de cualquier corriente progresista, la Colombia que desaprovechó en base a intereses espurios oportunidades de paz pasadas. Pero Colombia hoy es un país que ha iniciado una senda de progreso irreversible, un país que comienza a sacudirse sus viejos problemas y quiere mirar con ganas al futuro. Y los bogotanos son la punta de lanza de esa tendencia: fue allí donde se gestó el movimiento verde que hace unos años llevó casi por sorpresa al político verde Antanas Mockus a librar unas presidenciales con Santos, es allí donde han elegido reiteradamente a alcaldes progresistas. Por más argucias legales que se planteen, no estamos ante una cuestión legal, sino ante una maniobra de nula legitimidad democrática a ojos de la mayoría y, por tanto, insostenible en un país que ya está cansado de callar.