Otras miradas

El gran pacto, improbable

Antonio Antón

Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. @antonioantonUAM

Ministros y diputados guardan un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus durante el pleno del Congreso, donde se probó una nueva prórroga del estado de alarma. EFE/J.J. Guillén POOL
Ministros y diputados guardan un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus durante el pleno del Congreso, donde se probó una nueva prórroga del estado de alarma. EFE/J.J. Guillén POOL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un gran pacto de reconstrucción económico-social al conjunto de fuerzas políticas, sociales y económicas (sindicatos y organizaciones empresariales), así como a las Comunidades Autónomas. Sería un plan consensuado a través de una comisión parlamentaria, semejante a los Pactos de la Moncloa, económico y político, de 1.977, liderado por el Gobierno, para abordar conjuntamente los desafíos derivados de la crisis socioeconómica producida por la pandemia.

Pero la derecha del PP (y VOX), aun admitiendo el inicio de las negociaciones, ya ha avanzado su rotunda oposición, poniendo por delante su orientación neoliberal, el desgaste y la división del Gobierno de coalición progresista y sus pretensiones hegemonistas a medio plazo. Por tanto, a diferencia de los Pactos de la Moncloa que se utilizan de referencia, ahora, un acuerdo general parece improbable. Veamos esos tres factores, contenido, legitimación política y equilibrios de poder, diferentes a los de entonces, que explican la dificultad del consenso político en el actual contexto, así como el significado y el recorrido de la propuesta.

La mayoría ciudadana pide diálogo y ve improbable el acuerdo

Analizo, en primer lugar, esta aparente paradoja. Según acaba de publicar el CIS, el 92% de la gente encuestada considera conveniente un pacto general para encarar ese reto. Igual porcentaje (92%) es el de la reciente encuesta de Metroscopia; pero esta añade otro dato fundamental poco difundido: el 79% de la población lo ve improbable. Es decir, en la sociedad se produce una disociación entre lo deseable, el consenso político y socioeconómico, y lo probable, el conflicto de intereses y objetivos de las partes que lo impiden.

La cultura de diálogo y cooperación es fundamental para abordar las discrepancias y los conflictos humanos, desde la pluralidad, en aras del bien común, un proyecto compartido o un contrato social. Es la actitud democrática que expresa la mayoría ciudadana y el soporte para legitimar la acción y la representación política, así como la resolución de los problemas en la vida cotidiana. La realidad muestra también la existencia de desigualdades e intereses contrapuestos, en particular respecto de las estructuras de poder, que la democracia debe resolver mediante su regulación, aunque muchos terminen en disenso, ruptura o dominación.

La mayoría social tiene esa cultura positiva de la necesidad de la deliberación colectiva y la colaboración institucional para solucionar los grandes problemas de la sociedad y, al mismo tiempo, es realista respecto de los diferentes proyectos e intereses de los distintos grupos políticos y de poder. Así, en el actual contexto socioeconómico, de relaciones de fuerza y pretensiones hegemonistas, la mayoría de la población no ve qué políticas comunes fundamentales y qué gestión unitaria podrían compartir los diferentes bloques políticos.

Tiene sentido el debate sobre los proyectos sustantivos que hay debajo de esos significantes (hoy todavía vacíos) llamados consenso y pacto institucional. La retórica pactista y sus condiciones se convierten en una pugna comunicativa para reforzar el campo electoral y de poder propio y debilitar al contrario. El significante ‘consenso’ esconde un conflicto duro por la prevalencia político-electoral e institucional a medio plazo; no siempre es beneficioso para todas las partes, ni de forma equitativa. El buen deseo popular de una política compartida frente a la crisis se combina con su realismo sobre el interés de los grupos de poder reaccionarios de no admitir el refuerzo progresista.

Hay que desdoblar la propuesta de un gran acuerdo en dos planos. Uno, su difícil factibilidad, que lleva a definir sobre el qué, su sentido político y socioeconómico concreto, más allá de formulaciones ambiguas como defender el interés general o reconstruir la economía. Otro, su significado como retórica e iniciativa política del Gobierno progresista de coalición para ganar legitimidad social e influencia electoral frente a las derechas que tienen dificultades para explicar su oposición. Así, puede interpelar al electorado de centroderecha, una aparte del cual pueda ampliar un consenso social en torno a un proyecto de país con la prioridad de la defensa de la protección pública, representando mejor los intereses generales de la sociedad y el país.

Pero la derecha política, acostumbrada a su dominio, especialmente sobre el modelo económico-social, expresa su escasa cultura democrática y pluralista al pretender encarnar, solo ella o bajo su prevalencia, el fundamento del Estado, el bien común y el interés de la patria. Exige la neutralización de las fuerzas progresistas y su prevalencia gubernamental, la renuncia a su agenda social y la marginación de las dinámicas más transformadoras, ya que defenderían intereses inconfesables para el país. Hacen valer su ventaja relacional respecto de los grandes grupos económico-financieros y de poder, como garantía de sus privilegios; pero se pasan en su talante autoritario.

Contenido modernizador/igualitario y conflicto de poder

No se trata de mirar la bola de cristal para adivinar el futuro. Hace falta un análisis de los factores que apuntan a la dificultad para implementar hoy un Pacto político global. Falta por precisar lo fundamental que explicaría la distancia para el pacto: su contenido sustantivo en los ejes modernizador/igualitario y el conflicto de poder o de hegemonía política subyacente.

De forma primaria se han enseñado algunas cartas. Las formulo como interrogantes: ¿hay que priorizar lo público, la protección social y el Estado de bienestar, principalmente, el sistema sanitario o la atención a la dependencia, con lo que es necesaria una reforma fiscal progresiva, o hay que mantener el continuismo económico y presupuestario e incluso prever más privatizaciones y segmentaciones, nuevos recortes sociales y laborales ante la previsible recesión económica y el incremento del déficit público y la deuda pública? ¿hay que renunciar a la agenda social y los cambios laborales y socioeconómicos de progreso frente a las grandes desigualdades sociales (incluidas las medioambientales, territoriales y las de género), no solo adecuarla ante la nueva situación, o dejar que persista la grave precariedad laboral y de empleo, la fragilidad del sistema público de pensiones y dependencia, la gran fractura social de la desigualdad y la pobreza, la insuficiencia de la financiación autonómica y el gasto público social…?

El marco europeo es menos malo que en la crisis anterior de 2008, con las políticas de austeridad. Pero su ayuda es insuficiente. Se ha producido un pequeño paso positivo con el acuerdo de financiación europea. El sistema de avales y préstamos aprobados palian algo la financiación por los efectos de la pandemia (a empresas, Estados y al desempleo) y parce que se da otro paso en la financiación comunitaria de planes de inversión. Pero persiste el bloqueo de la mutualización de la deuda pública de los Estados y su gran dimensión y la insuficiencia de las estrategias europeas de reconstrucción suponen un lastre para la reactivación económica y del empleo. Así, la continuidad de los intereses e inercias neoliberales pueden cargar los principales efectos de la crisis sobre las mayorías sociales, ampliar la brecha Norte-Sur y desmantelar la UE. En resumen, a medio plazo, habrá que pagar la deuda y se pondrá en primer plano quién la paga y qué reforma fiscal se implementa. Una pugna ideológica y material clarísima, en el marco estatal y europeo, que hoy se difumina públicamente pero que está presente en los distintos actores, países y grupos de poder, y planea sobre el Pacto en España.

Los dos proyectos básicos de país, vigentes esta década, se vuelven a confrontar: el refuerzo de un modelo social y solidario, en beneficio de la mayoría ciudadana; o bien, la continuidad de los graves problemas existentes y su empeoramiento por los nuevos reajustes. En el fondo: cómo se van a repartir los costos de la presente crisis y cómo se van a redefinir los agrupamientos conservador y progresista. Las opciones básicas vuelven a ser dos: políticas progresivas o políticas neoliberales. Ante la simple inercia (todavía persisten prorrogados los presupuestos del gobierno del PP y sus ajustes estructurales regresivos) y casi sin empezar la aplicación del acuerdo gubernamental de progreso, es imprescindible reafirmar su validez, con su adaptación no su anulación.

Pues bien, gran parte de las justificaciones mediáticas para un acuerdo global buscan un camino socioeconómico intermedio, susceptible de apoyo de las derechas, con abandono o modulación de las reformas progresistas, hoy todavía más necesarias. Y lo que es más ambicioso, promueven un reequilibrio centrista en la gobernanza del actual Ejecutivo de coalición, con exclusión o marginación de Unidas Podemos y una vuelta a la operación gran centro o Gobierno socialista en solitario con pacto de Estado con la derecha. Y, en todo caso, unas nuevas elecciones generales que ratificasen ese giro centrista y la neutralización de una salida de progreso a la crisis.

Un plan modernizador, democratizador e igualitario

No existe un margen suficiente para un plan global neoliberal o intermedio, con abandono de las reformas progresivas, susceptible de ser negociado y aprobado por la derecha del Partido Popular (VOX, se descarta); incluso, a pesar de su actitud dialogante, es difícil que lo sea por Ciudadanos.

Las derechas no quieren salirse de sus objetivos estratégicos: ajuste económico-laboral duro, hegemonía política y neutralización de las dinámicas de izquierdas. O sea, el cierre ‘normalizador’ de toda esta década de pulso por una salida de progreso, democrática e igualitaria a los graves problemas económico-sociales y democrático-institucionales (incluidos el territorial, medioambiental y de género) que hay en España.

Los Pactos de la Moncloa conllevaron para las derechas dos condiciones fundamentales que consiguieron entonces y ahora no pueden: su orientación neoliberal y su hegemonía política, con la marginación de la activación popular. Su reedición supondría cambiar a este Gobierno de coalición progresista, desalojando a Unidas Podemos, y reorientar sus prioridades. Como su emplazamiento es imposible de aceptar por el Partido socialista (y sus aliados), se pasan al boicot.

No hay alternativa a la mayoría de progreso de la investidura. Ya se intentó durante un lustro con distintas fórmulas. La resiliencia cívica y el 10-N las sepultó. Una variante, también fracasada, es cambiar de Presidente, a lo que se prestarían algunos sectores socialistas (como en el fiasco susanista contra Sánchez) poniendo otro candidato que garantizase un pacto de gobernabilidad con el PP. No obstante, para la dirección socialista no hay mejor oferta que el actual acuerdo de progreso.

La apuesta de las derechas a medio plazo parece que es promover el desgaste gubernamental, romper la coalición progresista y presionar para la convocatoria de elecciones anticipadas para retomar la hegemonía institucional. Interés partidista, alejado de sus grandes palabras de defender el bienestar social o un proyecto solidario de país, que le pasará factura.

Al Gobierno solo le cabe dos atareas entrelazadas. Primero, dialogar con el conjunto de fuerzas parlamentarias, agentes sociales y Comunidades Autónoma (y grandes municipios), con la posibilidad de llegar a algún acuerdo parcial con ellos. Segundo, reforzar la actual mayoría de la investidura y la alianza progresista y ampliar su legitimidad social, e implementar un plan modernizador, equitativo y democratizador. En definitiva, hacer frente a la pugna de legitimación pública y consolidar una trayectoria de progreso, en beneficio de la mayoría social, que pueda prolongarse para la próxima legislatura.