El bochorno que produce oír al gobierno de la Comunidad de Madrid no mejora mucho escuchando al gobierno central. No sólo se cometieron errores durante los primeros meses del año, cuando era necesario poner todos los medios al alcance para afrontar esta pandemia, sino que a ningún responsable sanitario se le ocurrió que la debilidad provocada por décadas de recortes en el Sistema Nacional de Salud (SNS) iba a ser determinante en la extensión de esta.

El gobierno central no fue diligente a través de los mecanismos con los que contaba para coordinar las acciones y poner a punto las estructuras de salud pública, red de vigilancia epidemiológica o los sistemas de información. A pesar de conocer perfectamente que décadas de recortes y privatizaciones había esquilmado el SNS, no hicieron acopio de los insumos suficientes para tratar de mejorar la situación.

Tampoco podemos decir que los responsables de los distintos Servicios de Salud hayan destacado por adelantarse y mejorar sus debilitados servicios preparándolos ante la contingencia anunciada, por ejemplo, reforzando la estructura de la Atención Primaria. Pues era sabido que, en un país con escasez de camas hospitalarias, pero con gran implantación territorial de las estructuras de este nivel asistencial, sería decisivo en frenar el coronavirus.

Por ello se tuvo que recurrir a una herramienta que, aunque válida, sólo debería haberse usado cuando el resto de las medidas tomadas hubieran fracasado. Pero en el Estado español no se había tomado ninguna. Por eso el 14 de marzo se decidió el confinamiento, dejando todavía una semana que el ritmo económico siguiese inalterado.

Después de tres meses de confinamiento se consiguió doblegar la extensión de la epidemia, disminuyeron los contagios y disminuyó también la demanda de cuidados intensivos y de los centros sanitarios en general. El resultado de todo ello ha sido un elevado exceso de mortalidad en nuestro país, que de haberse tomado las medidas adecuadas muy probablemente las cifras hubieran sido otras. Pero hoy después de 6 meses de que comenzase el confinamiento y 3 de "nueva normalidad" parece que no se ha aprendido la lección, de tal forma que la segunda "ola" de esta epidemia ha convertido a Madrid en la peor región de Europa en contagios.

Ante esta situación tan alarmante lo único que se le ocurre al gobierno madrileño del PP y Cs es una petición "urgente" del ejército. La salud pública puede contribuir a la mejora de la salud colectiva, pero también ser una herramienta de control social. No se ha desarrollado adecuadamente para lo primero, pero se está usando sobradamente para lo segundo. Estigmatizar barrios obreros porque mantienen tasas elevadas de contagios, estigmatizar a jóvenes e inmigrantes, a okupas o menores no acompañados porque traen la enfermedad como ha hecho la Sra. Ayuso salta todos los límites. Primero fue en la Asamblea de Madrid y más tarde en rueda de prensa al lado del Sr. Sánchez cuando dijo "El COVID-19 trae necesidades aparejadas como pueden ser los problemas de delincuencia, de okupación, y para todos los problemas de los menores no acompañados [MENA] etcétera. Nosotros, como tenemos déficit de Guardia Civil y Policía Nacional estimada en 2.500 agentes..." solo se pueden calificar de xenofobia y fascismo las palabras de la presidenta, y de bochorno la actitud del presidente Sánchez que no intervino al oírlas.

Porque tras quejarse del "acoso" a que el gobierno central somete a Madrid, el gobierno autonómico del PP y C’s no ha tomado ni una medida sanitaria para detener la extensión del COVID-19, es decir, para proteger la vida de su ciudadanía.

Nada se ha hecho en las últimas semanas para mejorar el deteriorado Servicio Madrileño de Salud, todo fue una guerra de cifras para pasar con rapidez a la nueva normalidad, mintiendo en los números de recursos con los que era necesario cumplir para pasar de fase. Ni más camas, ni más refuerzos de la Atención Primaria, ni de la estructura de Salud Pública, ni más rastreadores... Pero eso sí, se confina a los barrios populares que en general tienen las peores cifras de renta, paro, precariedad, fracaso escolar, y viviendas más pequeñas, antiguas y deterioradas. Las personas lo han comprendido perfectamente, es una guerra de clases. La élite que prefiere no parar la economía, aunque nos vaya la vida en ello, nuestra vida, no la suya.

Además, ese tipo de confinamientos -por zonas básicas de salud- son ineficaces como han dicho numerosos epidemiólogos, salubristas y las principales sociedades de salud pública, porque no solucionan la extensión de los contagios, sobretodo por la gran movilidad norte sur que se da en la región, y la elevada densidad poblacional que tiene la capital. Pero también porque no contempla las grandes desigualdades existentes. Porque no pueden cumplir el confinamiento quienes tienen que salir a ganarse el sustento diario, en economía formal o no, cuando el IMV (Ingreso Mínimo Vital) no llega a la mayoría de las personas solicitantes y no se garantizan la cobertura de las necesidades básicas. Ni se pueden confinar, aunque se lo recomienden en 40 m² donde conviven una familia. Y porque tampoco se han molestado en mejorar el transporte público por el que transitan la mayoría de la ciudadanía que tiene que ir a trabajar porque no pueden teletrabajar cuando se trata de los trabajos esenciales de cuidados, enseñanza, alimentación o sanitarios. Porque se ha ignorado la participación de la comunidad para facilitar tomar las medidas que mejoren la vida en los barrios más vulnerables.

A pesar de conocerse perfectamente cómo, dónde y quiénes tienen más probabilidad de contagiarse, no se han puesto en marcha medidas que puedan mejorar la salud colectiva. No se exploran medidas que pudiesen reducir a corto y medio plazo las desigualdades en salud. Baste con un ejemplo de cómo el gobierno pretende ayudar a las familias más vulnerables: la Comunidad de Madrid restringió el acceso al IMV haciendo en la práctica inviable su compatibilidad con la Renta Mínima de Inserción, causando en los últimos meses numerosos casos de baja en el acceso a esta. Medidas que no solo agravan la situación de las familias, sino que son crueles. Ante esta enorme segregación social, todo lo que se le ocurre al gobierno de la Sra. Ayuso son medidas punitivas y más control social. La última medida en este sentido es que la policía y guardia civil podrán acceder a los datos de salud pública de la población para hacer cumplir la cuarentena.

Ante la pandemia teníamos la oportunidad de explorar medidas que redujesen las desigualdades, que mejorasen las condiciones de vida, participando en ello la población y los profesionales. Centradas en los cuidados comunes y en los más vulnerables, y no solo sanitarias sino sociales. Partiendo de las experiencias que ya se habían dado en la primera "ola" de apoyo comunitario, bancos de alimentos, comedores sociales, personas que atendían a las más vulnerables que vivían solas en situaciones extremas, etc.

Cuando más necesaria es una respuesta política decidida, basada en la evidencia científica sí, pero que incluya también los recursos efectivos para disminuir las desigualdades sociales ante la COVID-19 y que cuente con la población como agente activo en salud necesario para que las medidas se acepten y se cumplan, menos respuestas tenemos. Sobra retórica y faltan acciones decididas para salvaguardar la salud de la población especialmente la de mayor riesgo.

Porque las decisiones políticas del Sr. Sánchez y de la Sra. Ayuso se contarán en vidas, en nuestras vidas, como ya se puede comprobar en el exceso de mortalidad que vuelve a arrojar la Comunidad de Madrid. El gobierno del PP y Cs sencillamente está exponiendo a la ciudadanía madrileña a la muerte sin tomar las medidas adecuadas.