El título de este artículo corresponde a uno de los cien apartados del libro que acabo de publicar Una monarquía corrupta y heredera del franquismo. Estamos ante una auténtica operación de estado para salvar la Corona, perfectamente planificada y donde nada ocurre por casualidad.

Los partidos monárquicos (PSOE, PP, Vox y Cs) ahora casi no hablan de presunción de inocencia y tampoco los medios de comunicación porque los hechos se imponen: Juan Carlos es, por lo menos, un defraudador de Hacienda, una persona corrupta, pero no en los últimos años, sino durante los casi cuarenta años de reinado. Como decía el actor José Sacristán, "el rey emérito ha quedado como un vulgar chorizo".

Ahora tratan de ganar la batalla del relato y por eso subrayan que Juan Carlos hizo una gran aportación a la transición de la dictadura a la democracia; salvó la democracia el 23-F, merece un reconocimiento social, Corinna fue su perdición etc. Por otra parte, Felipe VI no tiene nada que ver con su padre, su conducta es ejemplar y está libre de toda sospecha. La consigna es clara: si es necesario, hay que sacrificar al padre, pero lo fundamental es cerrar filas con Felipe VI para salvar la Corona.

¿Por qué se silenció durante años la corrupción de la monarquía y cómo se llega a la actual situación de impunidad del Rey Juan Carlos? Iñaki Gabilondo daba algunas pistas en una entrevista de David Sanz (El Mundo, 1-5-2017): "El gerente y el redactor tienen un objetivo común, tener el mayor número de lectores, oyentes o espectadores; pero normalmente viven líneas de acción diferentes. En este momento, en el periodismo español, y en otros, la lógica del gerente se ha impuesto a la lógica de la redacción porque hay angustias financieras tan grandes que un porcentaje muy alto de la energía de los medios está dedicada a sobrevivir y esto provoca el desequilibrio que estamos padeciendo". Y concluía: "Evidentemente se produjo una complicidad con la Jefatura del Estado que terminó proporcionando una impunidad que no fue una buena idea. A toro pasado aquello constituyó un fallo de la acción periodística mínima del control de las instituciones". Existía la censura o limitaciones, que marcaba la empresa, pero también la autocensura de las propias trabajadoras que sabían perfectamente lo que se podía escribir y lo que había que ocultar si querían conservar su empleo. Es de agradecer la sinceridad de Gabilondo, pero no fue un "fallo", sino una actuación consciente, perfectamente planificada. Esa impunidad continúa hoy porque, en general, las empresas periodísticas están por mantener la monarquía porque consideran que es quien mejor defiende sus intereses; porque los sucesivos gobiernos y otras instituciones como la Agencia Tributaria, la Fiscalía y las sentencias de numerosos tribunales de justicia, facilitan esa impunidad.

En una entrevista de Jesús Ruiz Mantilla (El País, 17-8-2020) y contestando a la pregunta "¿Qué hacemos con la monarquía?", manifestaba Iñaki Gabilondo después de conocerse las fundaciones y cuentas opacas de Juan Carlos I en el extranjero: "Todo esto ha abierto un capítulo de vergüenza que ha degradado a mi generación públicamente. Se ha degradado él, ha degradado a la institución y con él nos hemos degradado los que acompañamos el proceso. Hemos sido desnudados y yo me siento avergonzado". Por otra parte, es evidente que la desinformación y manipulación de la opinión pública, ha privado a la ciudadanía del derecho que recoge el artículo 20.d de la Constitución: "recibir libremente información veraz por cualquier medio de comunicación".

Enrique Clemente no se cortaba un pelo y titulaba su artículo El rey emérito, antisistema (La Voz de Galicia, 1-3-2021). Decía que regularizar sus fraudes al fisco es "obsceno y corrosivo". Recordaba "sus homilías navideñas en las que instaba, con toda la hipocresía y el cinismo de que era capaz, a fomentar valores como la honradez, defendía la ejemplaridad de los cargos públicos, abogaba por la igualdad de todos ante la ley y llamaba a castigar la corrupción con firmeza". Y acababa así: "Es imprescindible que la Fiscalía y la Agencia Tributaria investiguen a afondo hasta conocer el origen de su enorme fortuna. Ya no vale pasar de página y mirar hacia otro lado, como si las bochornosas regularizaciones, reconocimiento expreso de la comisión de delitos fiscales, pudieran tapar el escándalo".

Es una buena intención, pero Clemente sabe perfectamente que no va a haber una investigación a fondo. Después de dos regularizaciones fiscales del rey Juan Carlos I por más de cinco millones de euros (la ministra de Hacienda María Jesús Montero negaba que la Agencia Tributaria tuviese conocimiento previo da la presentación de esas regularizaciones), ERC, Junts, PDeCat, Cup, PNV, EH Bildu, BNG, Más País y Compromís pedían el 2 de marzo, por séptima vez, la creación de "una comisión de investigación relativa a la trama vinculada a las presuntas ilegalidades e irregularidades cometidas por miembros de la Casa Real y las influencias políticas y comerciales con Arabia Saudí". En la exposición de motivos señalaban estos partidos que "la fiscalía anticorrupción del Estado había detectado indicios de presuntos delitos con la presunta implicación del rey emérito y relacionados con blanqueo de capitales, cobro de comisiones y fraude fiscal". Podemos no firmaba la petición, pero adelantaba que apoyaría su constitución cuando se trate en la Mesa del Congreso. Previsiblemente, los partidos monárquicos votarán nuevamente en contra a pesar de que Pedro Sánchez declaraba: "Siento el mismo rechazo que la ciudadanía por estas conductas incívicas".

Para José María Mollinedo, secretario general de Gestha, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, "la Agencia Tributaria tenía el deber inexcusable de haber abierto una investigación tributaria a Juan Carlos I desde hace años, como la habría abierto a cualquier otro contribuyente con menores importes e indicios"; desde 2018 había "numerosos indicios de posibles incumplimientos tributarios", como publicaron los medios de comunicación.

¿Cómo salvar la Corona?

Uno de los documentos más clarificadores sobre qué hacer para salvar la Corona es la Carta del Director (12-7-2020), que Pedro J. Ramírez titulaba Toda la verdad sobre Juan Carlos. Al principio hacía un interesante repaso por la corrupción de Juan Carlos: "Cobraba comisiones por la importación de crudo. Ruiz Mateos le pagó, por medio de Luis Valls, para que le ayudara tras la expropiación de Rumasa. Connivencia con Mario Conde, en los años anteriores al agujero y la intervención de Banesto. 50 millones ingresados por su primo Álvaro de Orleans, tras la venta del Banco Zaragozano". En la traca final denuncia la "hipocresía" del rey Juan Carlos, lo califica como "farsante" y lo acusa de "engañar al Estado" e "incumplir las leyes". Habla de "revisar el conjunto del reinado de Juan Carlos a la luz del afloramiento de un código de valores, propio de un tramposo", pero no explica por qué guardó silencio como periodista y director cuando tenía pleno conocimiento durante muchos años de que Juan Carlos era la cabeza de una monarquía impresentable y  corrupta.

Pedro J. da muchos datos sobre una monarquía corrupta, pero no llega a la conclusión lógica de que hay que acabar con la monarquía, sino que se suma a la campaña "Salvemos la Corona" y no quiere que se juzgue a Juan Carlos. Recuperando antecedentes históricos, señalaba que "los españoles de 2020 tenemos el mismo derecho a saber la verdad que tenían los españoles de 1854 cuando, al inicio del Bienio Progresista, se creó una Comisión Parlamentaria para investigar el muy análogo caso de la antigua Regente y Reina Gobernadora María Cristina de Borbón Dos Sicilias". Deja muy claro que ahora con Juan Carlos, como antes con María Cristina, "se trataba de averiguar el montante de su fortuna oculta en el extranjero, en concreto en Francia e Italia; y no tanto para proceder penalmente contra ella, como para intentar repatriar lo que se pudiera". Pedro J. defiende la inviolabilidad del rey Juan Carlos y avisa: "Igual que ocurre con Juan Carlos, no faltaban entonces ni quienes trataban de aprovechar la deshonestidad de María Cristina para estigmatizar a su hija y sucesora Isabel II y acabar con la Monarquía; ni quienes, ante este riesgo, preferían que la Nación entera metiera la cabeza bajo el ala". Evidentemente, a esa carta del director de El Español le faltaba la conclusión final: ¡Viva la Monarquía!

Otro elemento a tener en cuenta es la constitución de diversas plataformas que publican manifiestos, promovidos por la extrema derecha, camuflada bajo distintas etiquetas (Libres e Iguales, Concordia Real Española etc.), un Partido de los Patriotas, que no está registrado, pero que existe, está perfectamente coordinado, aparece cuando hace falta, cuenta con un gran apoyo mediático, privado y público, y tiene como objetivo: salvar la Corona. Consiguieron lo que parecía imposible, unir en un manifiesto a viejos falangistas –sí, de los de brazo en alto, como Rodolfo Martín Villa–, lo más rancio de la derecha, como Esperanza Aguirre, "socialistas de toda la vida" como Alfonso Guerra. Entre las 75 personas promotoras estaban ministras, presidentes de comunidades autónomas,  embajadores y altos cargos desde la muerte del dictador Franco, como Celestino Corbacho, ex ministro del PSOE, que acabó de número 3 en la candidatura de Ciudadanos por Barcelona en las elecciones municipales de 2019; ministros y ministras del PP: Rafael Catalá,  Jaime Mayor Oreja, José Ignacio Wert, Soledad Becerril, ministra con UCD y Defensora del Pueblo; Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia con Aznar, José Manuel Soria, que tuvo que dimitir como ministro del PP por su relación con empresas en los "Papeles de Panamá". Expresidentes autonómicos del PSOE como Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y José Rodríguez de la Borbolla (Andalucía), y otro socialista de toda la vida como Francisco Vázquez, que firma todos los panfletos de la extrema derecha, que calificaba a Pedro Sánchez de "okupa" y definía la anunciada nueva Ley de Memoria Democrática como "estalinista".

Los numerosos casos de corrupción, ya reconocidos por el propio rey Juan Carlos y por Felipe VI, eran despachados en este manifiesto con: "determinadas actividades del rey Juan Carlos I han excitado una proliferación de condenas sin el debido respeto a la presunción de inocencia". El rechazo social a las prácticas corruptas de la monarquía es calificado como "ingratitud social": "Nunca se podrá borrar la labor del rey Juan Carlos en beneficio de la democracia y de la Nación, so pena de una ingratitud social que nada bueno presagiaría del conjunto de la sociedad española". Y cuando arreciaban las críticas a la huida de Juan Carlos a los Emiratos Árabes Unidos, TVE emitía un reportaje-masaje sobre el rey, con Alfonso Guerra como anfitrión; una vergüenza.

Sin duda alguna, la mejor campaña a favor de la república la organizan los propios monárquicos, como la impulsada por Cayetana Álvarez de Toledo a través de su asociación Libres e Iguales, bajo la consigna de "¡Viva el Rey!". Ahí estaban, todos juntos, no sólo el "trifachito de Colón" (Pablo Casado, Albert Rivera, Santiago Abascal) sino personalidades como Belén Esteban, Bertín Osborne y Francisco Rivera Ordóñez. Periodistas y líderes de opinión como Ana Rosa Quintana, Mariló Montero, Federico Jiménez Losantos, Roberto Blanco Valdés, Bieito Rubido, Carlos Herrera, Arcadi Espada y Herman Terstch. Javier Tebas, José María Fidalgo, Antonio Garamendi, Alicia Koplowitz, Fernando Savater, Albert Boadella. Políticos de todos los colores: Isabel Díaz Ayuso, Rosa Díez, Juan Carlos Girauta, Toni Cantó, Esperanza Aguirre Francisco Vázquez Vázquez, Joaquín Leguina, Juanma Moreno, José Luis Corcuera y Emiliano García Page. ¡Lo máximo!

El PSOE juega un papel fundamental para salvar la Corona. El rey Juan Carlos tiene la condición de aforado gracias al apoyo del PSOE a las modificaciones introducidas en el ordenamiento jurídico para proteger su inviolabilidad cuando abdica en 2014 y deja el cargo de jefe de Estado. Encubre la corrupción de la monarquía cuando el gobierno conoce en marzo de 2019 la existencia de fundaciones y cuentas ocultas del rey Juan Carlos y no sólo calla, sino que durante un año no pone estos hechos en conocimiento de la Fiscalía y de Hacienda. Organiza con la Casa Real la huida del emérito a los Emiratos Árabes Unidos. Impide repetidamente que se constituya una comisión de investigación en el Congreso sobre los presuntos delitos cometidos por el rey Juan Carlos. La vicepresidenta Carmen Calvo justifica que Patrimonio Nacional pague los viajes y seguridad de los asistentes del rey en Emiratos Árabes y hay un oscurantismo total sobre la huida del emérito y los gastos que ocasiona a las arcas públicas. Todavía no modificó el Código Penal que hoy permite juzgar la libertad de expresión como delito de injurias contra la Corona. No toma iniciativas para acabar con la inviolabilidad del rey cuando, fuera de su función institucional, comete en su vida privada todo tipo de tropelías.

Respuesta cívica y retirada de distinciones

Aumentan las denuncias de la corrupción de la monarquía por parte de diversas asociaciones.  La Asamblea Republicana de Vigo anunciaba que va a querellarse contra la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, y el director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por presunta prevaricación. Consideran que hay una intolerable dejación de sus obligaciones ante presuntos delitos fiscales cometidos por el Rey Juan Carlos. Todo apunta a un trato de favor por parte de la AEAT, facilitando información al rey Juan Carlos I para que presentase declaraciones complementarias e impedir así que se abriese inspección sobre el origen de su fortuna, a pesar de conocer las supuestas operaciones financieras opacas del rey Juan Carlos. "Le han otorgado el privilegio de que regularice las cantidades defraudadas para evitar cualquier sanción penal o administrativa, que quebranta la igualdad ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución", según Antón Beiras, economista, abogado, auditor y técnico de Hacienda en excedencia, que asesora a la citada asociación.

Sin salir de Galiza, la Diputación de Pontevedra (gobierno PSOE-BNG) acaba de retirar un busto del rey Juan Carlos situada en la entrada del palacio provincial. Y el ayuntamiento de Pontevedra (gobierno BNG-PSOE) acordaba el pasado 15 de febrero eliminar la avenida Juan Carlos I como un "acto de justicia, decencia e higiene democrática".

Numerosos ayuntamientos aprueban la retirada de calles y distinciones al rey Juan Carlos y otros miembros de la Familia Real. En Vitoria (gobierno PNV-PSOE) cambian la avenida Juan Carlos I por "8 de Marzo", y el alcalde declara: "Vitoria merece que sus calles lleven el nombre de personas honradas, honestas, que han trabajado por el bien común, por la comunidad, y este caso no lo es". En Getxo (gobierno de PNV, PSOE y Elkarrekin Podemos) retiran el busto del rey Juan Carlos del salón de actos porque "no merece estar en un lugar tan honorífico y simbólico". En Gijón (alcaldía del PSOE) cambian la avenida Juan Carlos I porque "ya no representa los valores institucionales, morales y democráticos de la sociedad". El alcalde de Pinto (PSOE) manifestaba: "Alguien que no es capaz de tener una conducta intachable no debe recibir homenaje público".

Pensando en el futuro, ¿cuánto tiempo podrá seguir encubriendo el PSOE esta corrupción de la monarquía? ¿Qué porvenir le queda a las Juventudes Socialistas cuando saben que en la franja de 18 a 24 años más del 70% está por la república y más del 65% se pronuncia a favor de una consulta para poder decidir sobre monarquía o república?