Otras miradas

Si las farmacéuticas quieren gobernar que se presenten a las elecciones

Gloria Santiago

Diputada de Unidas Podemos en el Parlamento balear y Vicepresidenta primera de la cámara

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19, en un centro exprés de inmunización en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco
Una enfermera prepara una dosis de la vacuna AstraZeneca contra la covid-19, en un centro exprés de inmunización en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/Bienvenido Velasco

A finales de los 70, Henry Gadsden, el presidente ejecutivo de una gran compañía farmacéutica, dijo que la industria tenía un problema: estaban limitando la base de clientes al tratar enfermedades. La maquinaria del marketing se puso en marcha con un objetivo: crear más pacientes. ¿Cómo? Diagnósticos rápidos y una venta indiscriminada de pastillas.

Al mismo tiempo los gobiernos pagan a las farmacéuticas precios cada vez más elevados por medicamentos cuyos costes de investigación y producción son opacos y la información, escasa y muy sesgada. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido que si continúa la escalada de costes de investigación contra el cáncer, los sistemas públicos serán pronto insostenibles y no habrá tratamientos para quienes eligen la sanidad pública. La inaccesibilidad a los tratamientos es una manera de sentenciar a muerte a la población sin recursos y a los países empobrecidos.

La idea de crear una farmacéutica pública podría hacerse por la voluntad política de considerar la salud como un derecho humano. Sin embargo, las grandes farmacéuticas, con beneficios incalculables, siguen imponiendo la salud como negocio. Los tratamientos más novedosos suelen comenzar a investigarse gracias a fondos públicos en centros públicos, después llegan las farmacéuticas y ellas compran todo ese trabajo para venderlo al precio que quieran.

Si a la investigación, ensayos clínicos y ventas le quitamos el interés lucrativo que tienen las empresas farmacéuticas privadas, podríamos arriesgar más en la búsqueda de tratamientos curativos y enfermedades raras porque no habría ni inversores a quienes rendir cuentas, ni tampoco un margen de beneficio que perseguir. Los medicamentos no tendrían precios desorbitados porque una empresa pública no busca el beneficio particular, sino el común.

Sin duda, el recelo hacia las farmacéuticas se ha incrementado con la pandemia. El peligro de que el virus mute con rapidez o incluso ataque mortalmente a otro sector de edad impacienta al planeta. Sería justo, y por ello se está solicitando, la liberación temporal de las patentes para aumentar el ritmo de suministro y acceso de las dosis. La razón es clara: el rápido y certero final del coronavirus.

En España, se han negado a democratizar la salud el PP, PSOE, Ciudadanos y Vox votando no a la liberalización de las patentes. O por decir lo mismo: votaron a favor de la salud como negocio. A pesar de que más de 100 países en todo el mundo están exigiendo la liberalización por causas de interés general, la UE no termina de verlo claro. Los países ricos ya han pagado dosis suficientes como para vacunar a su población entera casi tres veces. Sin embargo, 9 de cada 10 personas de casi 70 países empobrecidos corren el riesgo de no vacunarse en 2021. Si las soluciones no llegan a todo el mundo, la erradicación no será real.

La investigación de las vacunas se ha financiado con dinero público en Astrazeneca. Por ejemplo, un 97% de los gastos de investigación proviene del gobierno británico y de la UE. Si ya hemos pagado su investigación para el bien general, ¿por qué volver a pagar el resultado a una empresa privada? Porque las farmacéuticas mandan más que un político.

En la UE hay tres mecanismos para la liberalización de las patentes: cesión voluntaria mediante código abierto, orden y acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, o mediante las licencias obligatorias por las que podrían liberarse patentes en situaciones de emergencia o por interés general. Además, existen antecedentes parecidos en el año 2003 con tratamientos contra el VIH.

Cuando votas a un partido político deberías tener muy claro quién está por encima de él. Sus jefes podrían ser grandes multinacionales, entidades bancarias o grandes farmacéuticas. Para muestra prueba a decir que, por nuestra propia salud y por justicia social, habría que crear una empresa pública farmacéutica y liberalizar las patentes de la vacuna del coronavirus.

Los partidos amigos de las élites poderosas -donde se encuentran las empresas farmacéuticas- te van a decir que es una utopía. Lo más lógico sería que las farmacéuticas se presenten directamente a las elecciones, así con más seguridad sabríamos a quién se está votando. De momento, se va a seguir condenando a la tumba a quienes no puedan pagarse los tratamientos, aunque signifique enterrar a países enteros. El beneficio privado no cederá frente al común ni para erradicar el virus más mortal de la historia reciente. Aquello que decíamos que la pandemia nos iba a cambiar no ha sido así, seguimos siendo los mismos miserables de siempre.