Otras miradas

La Ley de protección del menor y sus lagunas

Antonio Gómez Movellán

Presidente de Europa Laica

Las ministras Irene Montero e Ione Belarra, en el Congreso. — FERNANDO ALVARADO (EFE)
Las ministras Irene Montero e Ione Belarra, en el Congreso. — FERNANDO ALVARADO (EFE)

La promulgación de la Ley de protección de la infancia, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto del partido político católicofrancofascista VOX, supone un avance en la protección de los menores de los abusos sexuales ya que la prescripción de los delitos empezará a contar cuando la persona agredida cumpla 35 años y no 18; además se introducen algunas medidas preventivas y se crea una unidad especializada en la Policía.

Sin embargo, los calificativos utilizados por el Gobierno no dejan de ser más que eslóganes propagandísticos como aquellos que califican la ley como "pionera" o "ejemplo para el mundo " etc., etc.  En realidad, la Ley tiene muchas lagunas, como ya algunos grupos parlamentarios han expresado en el Senado y en el Congreso, y también omisiones difícilmente entendibles.

Una de esta omisiones es la prevención de estos abusos sexuales en el interior de las instituciones religiosas y particularmente en la instituciones católicas. Tampoco se ha introducido un procedimiento para que, dentro de las instituciones religiosas, se reconozca el daño causado y la reparación indemnizatoria para aquellos casos que hayan prescrito pero hayan sido reconocidos.

Es una omisión que solo se explica por el favor del poder civil a la Iglesia en nuestro país. También esta ley tiene una laguna muy importante y es la orientación de los centros de tutela y residencias de menores. En efecto, el 70% de las plazas de residencia lo son en instituciones privadas de las cuales la mayoría pertenecen a la Iglesia católica. Es algo que la ley no ha abordado y es una laguna de la misma ya que la ley apuesta no por una perspectiva publica de la gestión de estos centros de menores sino por lo que denomina la de colaboración público- privada.

Ha sido el Defensor del Pueblo quien, en el año 2009, realizó un exhaustivo informe de esto centros de menores y residencias concluyendo que el modelo debería enfocarse a un sistema público ya que en las residencias actuales se veían más nubes oscuras que rayos de luz y poco control del dinero publico recibido.

Nuestra asociación Europa Laica ha intervenido en algún caso denunciando ante la Fiscalía, por ejemplo, al colegio católico de huérfanos de Valencia San Vicente Ferrer que discriminaba el acceso al mismo por la religión del menor, exigiéndose el bautismo para el acceso, a pesar de recibir fondos públicos. Pero detrás de muchas residencias de menores se encuentras hasta sectas disfrazadas de organizaciones caritativas.

La advertencia del Defensor del pueblo del año 2009 no puede caer en saco roto y las Administraciones autonómicas y el Ministerio de Asuntos sociales deberían implicarse en un plan de liderazgo que rompa con el actual sistema de residencias y para ello la ley recién promulgada no favorece mucho ese cambio. Al igual que sucede con las residencias de ancianos convertir estos servicios asistenciales básicos en un negocio, disfrazado como caridad católica o como asociación no lucrativa, produce un desistimiento de lo público que a la larga se ha pagado -y se paga- con la desprotección y el abandono.