Los indultos a los independentistas son la nueva prueba de algodón de la españolidad. Hay dos modalidades. Dar indultos como gesto de indulgencia con los que se han portado mal —un estado-pater familias que despliega su condescendencia—. O no querer plegarse ante los que quieren atentar contra la concordia —palabras de Fernando Sabater en su artículo en El País para anunciar que asistiría a la manifestación de Colón—. Condescendencia o castigo. No hay margen para más en la españolidad conservadora de las instituciones y los palacios.

Porque aunque en Colón se gritara contra los indultos y el PSOE de Pedro Sánchez parezca un aventurado, se sigue negando la mayor: que el conflicto se resuelva políticamente en vez de limitarse a paliar algunos de los efectos más perversos de la represión. Manteniendo el centro de gravedad en los tribunales —apostar por la amnistía sería recuperar al terreno de la visibilidad pública y hablar de autodeterminación—, España trata con enemigos a los que hay que perdonar —sabiendo y sacando pecho sobre la posibilidad que en cualquier momento se les pueda volver a encarcelar—. No existe la posibilidad de un referéndum y de suspender los miles de procesos judiciales. Parece que la única fórmula que puede tomar el vínculo institucional de la españolidad, incluso con un gobierno de progreso, es la de la superioridad —militar o moral—.

A pesar de ello, los indultos no van a suponer el fin de nada. Porque es un tema que trae mucha cola. Si ustedes quieren la versión corta, desde el recorte del Tribunal Constitucional en 2010 a un Estatut refrendado en 2006 —un texto insuficiente desde la óptica independentista, pero que se tumba con un ponente muerto sin renovar y con 4 magistrados fuera de mandato para asegurarse que el texto no pasaba—; la persecución judicial de la consulta simbólica del 9 de noviembre;  la excursión de Rovira, Turull y Herrera en 2014 para pedir un referéndum en las Cortes (a la que la CUP respondió literalmente "os esperamos en el andén para cuando volváis"); las más de 70 leyes del Parlament de Catalunya suspendidas parcial o totalmente por el Tribunal Constitucional —a pesar de contar con avances progresistas como en el caso de la 24/2015 de derecho a la vivienda o los artículos relativos a lo laboral de la ley contra la violencia machista—; la aplicación marcial y dudosamente constitucional del 155; los golpes del 1 de octubre; la cárcel; el exilio; la respuesta policial desproporcionada a las protestas por las sentencias de los presos; la persecución judicial de más de 3.000 personas; y el último gran episodio: el recurso al Tribunal Constitucional del gobierno español de coalición progresista para suspender la ley catalana que regula los alquileres la misma semana que un señor se quita la vida antes que le desahucien.

Con esta mirada, seguro que ustedes también entenderán que unos indultos no supondrán nada nuevo. Solamente son una respuesta parcial a un conflicto centrado en la soberanía y en la voluntad de ejercer el legítimo derecho a gobernarnos. Los presos son el síntoma, no la causa del conflicto. Y convendremos, además, que el PSOE se limita a cumplir con su histórico papel de partido de Estado y continúa anclado en la dinámica de machacar la soberanía catalana, mientras asegura los indultos antes de que los tribunales europeos revoquen la sentencia del Supremo.

¿Quieren soluciones? Vayan a la raíz del problema. Amnistía y derecho a la autodeterminación. El resto es marear la perdiz.