Otras miradas

La eutanasia: una libertad individual para una sociedad que nos cuida

Javier Padilla Bernáldez

Médico de familia y diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Diego Figuera Álvarez

Psiquiatra y diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid

Un hombre con un cartel en el que se lee: `Poder elegir el morir sin sufrir´ durante una concentración de Derecho a Morir Dignamente en la Puerta del Sol, en Madrid (España), a 18 de marzo de 2021.- EUROPA PRESS

Pedir ayuda para morir cuando se tiene una enfermedad grave e incurable será desde este viernes un derecho en España. El pasado 24 de marzo el Boletín Oficial del Estado recogía la publicación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, para su entrada en vigor tres meses después, es decir, estos días.

Una ley que se redactó a lomos de las necesidades y testimonios de muchas personas, tanto anónimas como más populares. Ramón Sampedro, Madeleine Z, María José Guerrero y tantas otras personas que fueron cimentando unas ideas que se fueron haciendo hueco en ese sentido común del que nos vamos dotando con el paso del tiempo (y nuestro paso por él).

En el caso del derecho a solicitar ayuda para acabar con la propia vida (ya sea por medio del suicidio asistido o de la eutanasia), la opinión pública lo tiene suficientemente claro, diversas encuestas de diferentes encuestadoras (IPSOS, Metroscopia,...) realizadas en los últimos años dan un apoyo global entre el 80 y el 90%, siendo mayoritario el apoyo incluso entre los votantes de alguno de los partidos contrarios a esta ley como el Partido Popular; además, y contrariamente a lo que algunas instituciones quieren transmitir, las encuestas realizadas por parte de diversos colegios de médicos han dado un apoyo también mayoritario por parte de los profesionales médicos participantes en dichas encuestas, con cifras superiores al 65% de apoyo.

 Este apoyo compartido y extendido a la regulación de la eutanasia es clave, porque muestra que los posibles obstáculos al correcto desarrollo de la ley no podrán parapetarse tras el argumento de la voluntad popular, sino que serían formas de desvirtuarla.


Tras mucho oír hablar de libertad como lema de propaganda en los últimos meses, una de las primeras tareas que tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid es materializar esa libertad en la aplicación de un derecho muy concreto y que apela a la libertad individual de la forma más directa posible: la libertad para decidir, bajo circunstancias concretas y procedimientos establecidos, cuándo acabar con la propia vida.

No es una libertad inconcreta ni una que haga alusión a aspectos muy deseables de nuestra existencia, sino una concreta y que alude a lo muchas veces incómodo o tabú, a una libertad que queremos tener pero no queremos tener que ejercer, la de pedir ayuda para morir. Sin embargo, esta dificultad para enmarcar el derecho a la eutanasia dentro de una política del deseo no ha de restarle un ápice de importancia política. La eutanasia nos habla de una de las fronteras más importantes de la autonomía como valor ético y hay que reivindicarla como un avance de las libertades individuales. 

La reivindicación de la eutanasia como uno de los ejemplos más claros de libertad individual no puede ocultar, sin embargo, la necesidad de una sociedad que sea garante de dicha libertad. La posibilidad de que yo pida hoy ayuda para morir y lo haga haciendo uso de mi libertad para ello se fundamenta en quienes trabajaron por el reconocimiento de este derecho pero también en quienes a día de hoy garantizan su prestación y lo hacen desde una perspectiva de cuidar a quienes más lo necesitan.

Hace falta una comunidad entera para garantizar que las personas que al final de sus días quieren ayuda médica para morir, porque están aquejadas de padecimientos graves e incurables, puedan recibir esa ayuda, y este probablemente sea uno de los ejemplos más claros de que no somos libres de forma aislada a la sociedad en la que vivimos, sino gracias a ella.

 Como muchas leyes, la publicación de un derecho en un papel no garantiza que la población pueda ejercerlo. En el caso de la ley de eutanasia, son varios los aspectos y responsabilidades que recaen sobre las Comunidades Autónomas y cuya aplicación puede convertir la ley en una vía abierta al ejercicio de un derecho o en una carrera de obstáculos imposible de superar.

Son muchas las maneras de negar un derecho conquistado: confeccionar una Comisión de Garantía y Evaluación, como obliga la ley, formada por perfiles reaccionarios claramente contrarios al ejercicio del derecho y a la prestación de la ayuda a morir dentro del marco legislativo, diseñar un registro de objetores poco claro y que facilite que la opción por defecto sea la objeción de conciencia, redactar procedimientos y protocolos que burocraticen el proceso de petición de ayuda para morir, generando barreras difíciles de superar para quien le duele vivir, o hacer que penda la sombra de la sospecha de mala praxis sobre los profesionales que realicen la prestación de la eutanasia, son algunas de esas maneras.

Frente a esta negación de la libertad, más que previsible por parte del nuevo gobierno de Diaz Ayuso, no cabe otra que su reivindicación firme, individual y colectiva, desde la población, la profesión y las instituciones . Por quienes lucharon por ella. Por quienes la necesitan ahora. Por quienes la necesitarán en el futuro.