En estos días toda la sociedad española tiene un motivo para celebrar con orgullo la implantación de la Ley de la Dependencia. Hace ahora quince años que entró en vigor una norma que se ha convertido en el cuarto pilar del Estado del Bienestar en nuestro país, que se une al de la educación, la sanidad y las pensiones.

Un ejemplo de "patriotismo social" como lo definió José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente que impulsó y consiguió aprobar el compromiso del PSOE de convertir en un derecho universal garantizado la atención por parte del Estado a aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas.

Aún recuerdo que cuando los socialistas empezamos a plantear esta idea en el programa electoral de 2004, nadie había hablado de este asunto, el de la dependencia, aunque ya percibíamos que era una necesidad para España. En estos años hemos pasado de la incredulidad, incluso de la sorna con la que algunos respondían a esta propuesta que llevábamos en nuestro programa, a la consolidación de un derecho que ahora nadie se atreve a poner en duda.

De no estar en la agenda política, pasó a convertirse en un punto clave dentro del acuerdo con los agentes sociales (sindicatos y empresarios) y con la plataforma de ONGs en la que se integraban las asociaciones de personas mayores y discapacidad. El PSOE también supo conseguir un amplio apoyo parlamentario y evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional que impidiera su aplicación. Y también fue capaz de negociar un gran acuerdo político con todas las Comunidades Autónomas que convirtiera en una cuestión de Estado la cooperación institucional entre las distintas administraciones para desplegar el sistema y dotarlo de la financiación adecuada.

Desde entonces esta Ley ha beneficiado a millones de personas mayores y personas con discapacidad en España. Y también a sus familias. Inauguró una fórmula de cooperación institucional entre las distintas administraciones -todos somos conscientes de la complicación y del esfuerzo que supone- para incorporar a nuestro Estado del Bienestar uno de los sistemas de protección social más avanzados del mundo.

A las prestaciones económicas para el cuidador familiar (con alta en Seguridad Social incluida) se unían los servicios de prevención, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o residencia, desconocidos en algún caso hasta el momento.

Y, al margen de la rentabilidad social que genera la inversión de nuestro impuestos en garantizar estos derechos, encontramos un retorno positivo en la economía que ha supuesto para el sector un antes y un después de la entrada en vigor de la Ley. Un ejemplo claro ha sido su impacto en el empleo: en 2007 el número de personas que trabajaba en la prestación de servicios sociales era de poco más de 250.000 y, actualmente, se sitúa por encima de los 500.000, en buena parte gracias a la dinamización del sector que ha provocado la Ley de Dependencia. El efecto multiplicador de la inversión, tanto a nivel social como económico, es indudable.

A pesar de todo ello, el PP, por boca de Rajoy,  ya se encargó de decir que la Ley de la Dependencia no sería viable. Y puso todo su empeño en que se cumpliera su negra conjetura. Nada más llegar al Gobierno, en su primer Consejo de Ministros,  ya empezó a tomar medidas para hacer que la ley naufragara. A partir de ese momento comenzaron 8 años de recortes por parte de los gobiernos del PP que iniciaron una espiral para intentar desmontar la Ley de Dependencia mediante la asfixia financiera que dejó desamparados precisamente a quienes más lo necesitaban.

Se sucedieron leyes y decretos que afectaban a los más vulnerables y que pretendían desmantelar los derechos aprobados: incrementos de copagos; recortes en las cuantías de las ayudas económicas en el entorno familiar; reducción drástica del mínimo exento de copago; nuevos requisitos que dificultaban el acceso a la ley; ampliación de seis meses a dos años del plazo para resolver la solicitudes, etc.

Ahogado el sistema, miles de familias dejaron de recibir más de 1.500 millones de euros que les correspondían y cerca de 150.000 personas, sobre todo mujeres, perdieron sus cotizaciones a la Seguridad Social a las que tenían derecho por cuidar a las personas en situación de dependencia de su familia.

Si el PSOE no hubiera vuelto a hacerse cargo del Gobierno, el sistema de atención a la Dependencia hubiera corrido el riesgo cierto de derrumbarse. Prueba de ello es que ha sido el Gobierno presidido por Pedro Sánchez el que ha recuperado los derechos que se recortaron. Para ello ha sido necesario un Plan de Choque que ha supuesto la inversión en los Presupuestos Generales del Estado, de cerca de 1.200 millones, recuperando el nivel acordado con las Comunidades Autónomas y el pago de la cotización a la Seguridad Social para las cuidadoras en el entorno familiar que les arrebató el PP.

Hemos vuelto al diálogo con las Comunidades Autónomas y con los agentes sociales, y al acuerdo para asegurar y mejorar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Queremos recuperar el tiempo perdido y seguir avanzando en la mejora de los servicios que se prestan. Tenemos que reducir las listas de espera y los tiempos de tramitación; incrementar las prestaciones económicas y mejorar la financiación; revisar el copago; mejorar las condiciones laborales y profesionales de las cuidadoras y perfeccionar los servicios a las personas dependientes, reconociendo derechos subjetivos como el de la teleasistencia.

Los socialistas hemos insuflado vida a la moribunda situación en la que el PP nos dejó la Ley de Dependencia. Somos conscientes de los cambios que tenemos pendientes porque si no conocemos la realidad no podemos aportar lo necesario para mejorarla.

La Ley de la Dependencia fue una conquista de toda la sociedad para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. Y, en estos momentos, redoblamos nuestro esfuerzo y el compromiso que tenemos con los que más necesitan de la ayuda de todos.