"No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó"

Felipe VI, 10 de julio de 2022

Hasta este momento Alberto Núñez Feijóo sólo ha anunciado expresamente la derogación de una ley en el caso de que alguna vez presida el Gobierno de España: la derogación de la Ley de Memoria Democrática. Lo anunció en un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco organizado por el Partido Popular en el que también anunció que intentaría llegar a acuerdos con el PSOE (sólo si gobierna) para que "juntos restablezcamos la memoria y la justicia".

A cualquier persona democráticamente sensible le habrá llamado la atención la cruel paradoja: en un acto de memoria de un crimen contra una persona cuyo único delito era su legítima militancia política, un aspirante a presidente del Gobierno anuncia su firme oposición a la Ley de Memoria Democrática y al tiempo anuncia su intención de restablecer la "memoria y justicia" (exclusivamente sobre los crímenes de ETA).

Obsérvese que Feijóo no anuncia la derogación de tal o cual artículo de la Ley de Memoria Democrática. Ni en ese ni en ningún otro acto se ha podido escuchar qué aspectos concretos de la Ley disgustan a Feijóo. Quiere derogar toda la Ley, se opondría a cualquier ejercicio de memoria contra la dictadura y al homenaje público a sus víctimas. Y lo hace en el marco de una serie de actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco, asesinado hace 25 años, en los que el PP ha mencionado muy poco a la víctima y a sus asesinos y se ha volcado en usar el crimen para atacar al Gobierno democrático de España.

Hay dos formas de hacer memoria.

Una memoria excluyente y de partido que usa los muertos para atacar al adversario político, aunque no tuviera nada que ver con los crímenes; aunque muchas de las víctimas fueran compañeros suyos. No es una forma de garantizar el derecho cívico a la memoria del pueblo español, sólo una táctica de sacar rédito en términos electorales, una irresponsabilidad. La derecha española claramente ha sucumbido a usar la memoria del terrorismo para atacar a todo aquel que no recite con idéntica letra sus postulados, que no sólo se refieren al rechazo a la violencia terrorista sino a la política penitenciaria, la articulación territorial de España, los grupos parlamentarios con los que se puede dialogar... En definitiva: no es una política de memoria sino el uso de la memoria como excusa para deslegitimar a todo otro cuando gobierna (Zapatero, Pedro Sánchez... a los dos se les acusó de ser esbirros de ETA con distintas excusas pero idéntica falta de escrúpulos).

La otra forma es una memoria democrática inclusiva que intente convertir la justicia y la defensa de la democracia y los derechos humanos en un consenso del que forme parte todo el mundo, especialmente quienes algún día fueron ambiguos, cobardes o incluso cómplices con los crímenes. Una memoria de este tipo aspira a que los sectores de la derecha española que todavía no se atreven a dar el paso de ser contundentes contra la dictadura, lo sean; el ejemplo nítido es la derecha alemana, cuya memoria democrática es indistinguible de la de la izquierda alemana por una razón clara: la derecha alemana no siente ninguna herencia ni deuda con la dictadura nazi; y por las mismas nadie tiene la tentación de reprochar a la actual derecha alemana nada relacionado con la régimen fascista alemán. Una memoria de este tipo también entendería como un avance histórico (y nunca como un retroceso) que los sectores del independentismo vasco que apoyaron los crímenes de ETA, pasaran a reconocer sin ningún matiz que fueron radicalmente ilegítimos. Una memoria democrática inclusiva y de país, como la descrita, no distingue entre los distintos crímenes de motivación política que haya sufrido su país. Una memoria democrática plural e inclusiva debe reconocer y reparar los crímenes de la dictadura, del terrorismo etarra, del terrorismo yihadista, del terrorismo de extrema derecha durante la Transición, del terrorismo de extrema izquierda durante la Transición, del terrorismo de Estado... porque todas ellas son agresiones a los derechos humanos que nos apelan a todos los demócratas.

Durante muchos años el argumento para rechazar las políticas de memoria sobre la dictadura franquista fue que eso era un asunto del pasado, que había que mirar al futuro y no remover a los muertos. No es necesario ahora discutir la mezquindad de tal argumento: afortunadamente ETA es también ya un asunto del pasado y a nadie se le ocurriría usar tal obviedad para oponerse a cada uno de los homenajes que se haga a las víctimas de sus crímenes. Afortunadamente podemos ubicar en el pasado los distintos fenómenos de graves violaciones de derechos humanos con motivaciones políticas que ha sufrido nuestro país.

España debe estar en disposición de afrontar de una manera integral e inclusiva una política de memoria para todas las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, que genere un consenso para que todos los espacios, que transcurrido el tiempo, rechazan contundentemente todas esas violaciones de derechos humanos de origen político sin sentirse en deuda de ninguna forma con sus artífices. Hemos avanzado en legislación de memoria en los ámbitos concretos: unas veces con más responsabilidad (como en las legislaciones que reconocen derechos a las víctimas del terrorismo, a las que ya nadie se opone) y otras con menos (como con la legislación de memoria democrática referida a la dictadura franquista, a la que desgraciadamente la derecha española sigue oponiéndose).

La cohesión social y fortaleza de nuestra democracia requiere que los derechos humanos sean políticas de Estado, que garantice una memoria plural e inclusiva para que la ciudadanía asuma todas las víctimas del terrorismo, que todas las víctimas del franquismo, que todas las víctimas de las distintas violaciones de derechos humanos, son un pilar fundamental de la construcción de una sociedad democrática.

La derecha perderá un instrumento electoral en forma de muerto que arrojar al otro, pero habrán ganado mucho en dignidad democrática, y, sobre todo, no se quedará anclada al pasado y podrá avanzar hacia el futuro que estamos construyendo impulsadas por el reconocimiento a quienes defendieron la democracia y comprometidas para ensanchar derechos y libertades.