El asalto a la democracia brasileña fortalece, en parte, a las instituciones democráticas brasileñas que se han unido en torno a la figura del presidente elegido libremente en las urnas, Lula da Silva. Desde el asalto a los Tres Poderes (el Legislativo: Congreso de los Diputados y Senado; el Ejecutivo: Palacio de Planalto; el Judiciario: Suprema Corte), el presidente Lula ha recibido una multitud de apoyos de todos las instituciones públicas y privadas, de la mayor parte de las asociaciones empresariales, agentes sociales de todas las tendencias y regiones y de los demás poderes que configuran el Estado brasileño. En la misma noche de domingo, 8 de enero, día del asalto, los representantes de los tres poderes, el presidente del Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado y la presidenta de la Corte Suprema firmaron una carta conjunta en defensa de la democracia.

En la noche del lunes, además, el apoyo a la democracia y al presidente Lula se fortaleció a partir de una reunión con los gobernadores y vicegobernadores de los Estados Federales Brasileños que, posteriormente, han caminado juntos con los representantes del Poder Legislativo y Judiciario en la plaza de los Tres Poderes. Esa imagen simboliza el apoyo total de las instituciones federales y regionales a la democracia brasileña y al presidente Lula da Silva. Los militares, aunque criticados por no evitar el asalto, también se mantuvieron fieles a la legalidad democrática.

En el sector privado, la poderosa asociación de industriales de Sao Paulo (FIESP) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI), la Federación Brasileira de Banco (Febraban), de las empresas de capital abierto, de comercio y servicio, han manifestado claramente su apoyo a la democracia y al resultado de las elecciones. Además, como suele ser utilizado por todos los analistas como indicador de estabilidad política y económica de los gobiernos, el mercado financiero, representado por la Bolsa de Valores de Sao Paulo, ha operado con normalidad y en positivo, tanto el lunes nueve como el diez de enero, martes; y el tipo de cambio de la moneda brasileña, el real, no ha sufrido grandes cambios, incluso se ha apreciado un poco frente al euro y el dólar. El riesgo país ha disminuido a lo largo de la semana posterior al asalto, es decir, las instituciones financieras evalúan que el rating país no ha sido afectado por la invasión de los Tres Poderes.

Sin embargo, ese apoyo que ahora están capitalizando Lula da Silva y las instituciones democráticas brasileñas no significa necesariamente estabilidad política y gobernabilidad para el ejecutivo actual a medio y largo plazo. En el plano político, aunque Lula ha logrado formar una mayoría simple, ésta está muy fragmentada y de fidelidad partidista dudosa, como ha demostrado la experiencia reciente en la política brasileña. En teoría, considerando los partidos que forman la coalición que ha elegido a Lula (8 formaciones, 127 diputados), más otros cinco partidos que han entrado a formar parte del Gobierno asumiendo ministerios (160 diputados), la base del Gobierno sería suficiente para aprobar leyes y defender a Lula de un posible impeachment (287/513), aunque no le permitiría cambiar la Constitución (lo que en principio no es un problema para la gobernabilidad; sin embargo, le impediría realizar reformas estructurales tan importantes y necesarias como la fiscal).

No obstante, estos 287 diputados no significan estabilidad política, fidelidad partidista y tampoco gobernabilidad, que suelen depender de la capacidad de articulación política del presidente de Gobierno y de las vicisitudes de la economía y política en Brasil. Aunque Lula es reconocidamente un hábil negociador, con liderazgo político y social, esas características estructurales del sistema político brasileño son una fuente constante de inestabilidad, dado la dificultad de formar mayorías estables.

El desafío es mayúsculo, el partido de oposición de Bolsonaro es el más numeroso de la Cámara de Diputados, sumando 99 legisladores, y seguramente tratará de aprovechar cualquier indicio de debilidad para rascarle poder y liderazgo a Lula da Silva, debilitando e inestabilizando políticamente su gabinete.

En esta ecuación de dificultades, también hay que considerar a los evangélicos, importante grupo de presión social y política, considerado por algunos analistas como parte actuante en la planificación y acción del asalto a los Tres Poderes. Este hecho se pone de manifiesto tanto en  las imágenes de la invasión, en la que se reconoce a varios pastores evangélicos entre los atacantes, como en el resultado de una encuesta realizada justo después del asalto (del Instituto Atlas), que muestra que el 31,2 % de los evangélicos está de acuerdo con el ataque, mientras la media brasileña es del 18,4%; el 17% de los evangélicos cree que la invasión está completamente justificada, y el 33,5% la justifica en parte, frente al 10,5% y 27,5% de la media del país, respectivamente.

Lo que parece más grave todavía es que el 39,7 % de los brasileños cree que el resultado de las elecciones ha sido fraudulento, mientras este porcentaje de desconfianza en el proceso electoral se eleva al 67,9% entre los evangélicos y al 90% entre los que han votado a Bolsonaro. Además, el 64% de los evangélicos está a favor de una intervención militar, frente al 80,9% de los votantes de Bolsonaro y el 36,4% de la media de los brasileños. Estos datos muestran las dimensiones del problema de legitimidad que tendrá que enfrentar Lula en los próximos meses para tratar de generar estabilidad política y social en el país.

Por otro lado, las Fuerzas de Seguridad, los diferentes cuerpos de Policía estaduales y federales, beneficiados por Bolsonaro -les dio más poder y les incrementó el salario-, se sienten desfavorecido por la izquierda brasileña, que les exige respectar los derechos humanos y civiles. En ese contexto de politización de las fuerzas del orden, una parte de este grupo ha sido acusado de connivencia y omisión en el asalto, particularmente la policía del DF, cuyo secretario de Seguridad y el director de la Policía han sido encarcelados; además, el Gobierno central ha intervenido el Gobierno del DF. Sin embargo, la actuación de las Fuerzas de Seguridad está respetando la Constitución desde que empezaron a actuar en la noche del día del asalto: más de 1500 personan han sido encarceladas y el control de la plaza de los Tres Poderes ha sido rápida y eficiente. Ese es otro de los desafíos para las instituciones brasileñas y el presidente Lula: despolitizar las Fuerzas de Seguridad.

En resumen, ha ganado momentáneamente la unidad en torno a las instituciones democráticas brasileñas y el presidente elegido: Lula da Silva. Sin embargo, las dificultades políticas intrínsecas al sistema presidencialista de coalición, con excesiva fragmentación partidista, y la polarización social (que quizás haya disminuido, pero está lejos de acabar) que se manifiesta en el apoyo de grupos sociales como los evangélicos y los votantes de Bolsonaro en el ataque a los Tres Poderes, hacen esperar que el Gobierno de Lula está lejos de ser políticamente estable, aunque seguramente en un marco constitucional.