Poco se ha avanzado en responsabilidades políticas desde 1978, fecha de aprobación de nuestra Constitución. Hoy tenemos políticos procesados y condenados por los tribunales, que no asumen sus responsabilidades políticas y no dimiten de sus cargos públicos o siguen como militantes del partido e incluso aparecen de nuevo en las listas electorales de su partido. Como veremos en las listas electorales de las próximas elecciones de mayo de 2023.

No todos los partidos políticos responden igualmente en la actualidad en el asunto de las responsabilidades políticas. Lo que no quita que hayan seguido una sinuosa curva en la aceptación de estas responsabilidades en el pasado. El PSOE inmediatamente ha expulsado del partido y ha exigido el abandono del escaño de un diputado aun ni siquiera procesado, el vulgarmente conocido como Tito Berni. El PP arrastra impasible, como si no fuera con él, el procesamiento de la cúpula del Ministerio de Interior en el Gobierno Rajoy, con implicaciones de altos cargos de la policía: la destrucción de pruebas que pudieran incriminarle (las de su tesorero Bárcenas) y la persecución del adversario político con mentiras e infamias (dirigidas contra el partido político Podemos hurtándole las elecciones en un momento de crecimiento). A pesar de que tras la celebración del juicio el Ministerio Fiscal solicita 15 años de cárcel para el exministro Fernández Díaz, el PP se niega a expulsarle del partido. Ambos casos difieren en su relevancia, pues el segundo es el más grave de la democracia española al afectar a la estructura del sistema político, mientras que el primero es un caso más de presunta corruptela de un diputado. La comparación de estos dos casos muy recientes muestra la diferente vara de medir la responsabilidad política en la actualidad del PSOE y el PP. Sin embargo -todo hay que decirlo- en el pasado poco difirieron ambos partidos, que hicieron caso omiso a las responsabilidades políticas de sus cargos públicos.

Las diferentes varas de medir las responsabilidades políticas

Si comparamos las distintas respuestas políticas, que reciben las actuaciones incorrectas de los políticos en España y en otros países europeos, advertimos que el tono y el listón de las responsabilidades políticas en nuestro país dejan bastante que desear. Ante los mismos hechos incorrectos políticos extranjeros se ven obligados a dimitir y a poner fin a su carrera política, en tanto que a los españoles nada o poco les acontece. Que dimita un ministro por impago de los seguros sociales de su empleada de hogar o que el presidente del Gobierno no pueda nombrar ministros a candidatos incursos en infracciones del mismo o más grueso calibre es impensable en nuestro país; y, sin embargo, han sido hechos frecuentes en otros; por faltas, que entre nosotros suscitarían una sonrisa condescendiente, a los presidentes de Estados Unidos les ha retirado con frecuencia el Senado la propuesta de candidatos a secretarios de Estado (equivalentes a ministros en España). Que dimita un ministro por recibir un trato de favor (aunque legal) en la concesión de un préstamo, como le sucedió al todopoderoso ministro Mendelson, autor del nuevo laborismo, que llevó a Tony Blair al Gobierno del Reino Unido, no sólo es impensable en España, sino sencillamente imposible. Probablemente el lector recordará la diferencia de trato recibida por dos expresidentes de Gobierno europeos: Kolh y González. En Alemania se produjo una cadena de dimisiones, empezando por Kolh, debido a hechos de menor gravedad (cobro ilegal de comisiones) que los perpetrados por la cúpula socialista en España, condenada en los casos Filesa y Marey, que dio lugar solamente a algunas dimisiones de subalternos chivos expiatorios. Es más: el líder y responsable de esta cúpula de Gobierno español ha actuado con tanta jactancia y altanería que ni por asomo se las hubieran permitido en Alemania.

Un mayor asombro se produce cuando vemos que en otros lugares una negligencia del político en el ejercicio de sus funciones se salda con su dimisión, mientras que en nuestro país un comportamiento más grave (y no meramente negligente) de un político concluye con un "prietas las filas" del partido político arropándole y con la pasividad de los ciudadanos, cuya actitud parece indicar que el asunto no va con ellos, o que ellos poco pueden hacer en el asunto. El político español sigue en su cargo, como si no hubiera pasado nada, por mucho calor que arrecien las críticas de los medios de opinión. El político y sus jefes se limitarán, si el ardor de las críticas se hace sofocante, a trasladar el asunto a una decisión penal, si la hubiere, además de hacer alardes del ataque que supone al sistema democrático y a las libertades constitucionales que algunos (siempre interesados, según ellos) se atrevan a poner en duda la presunción de inocencia, que al político -aseguran- le corresponde como a cualquier ciudadano, mientras no haya contra él una resolución penal condenatoria.

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Las pautas seguidas por las responsabilidades políticas en España

En un intento descriptivo éstas serían las pautas, por las que ha transcurrido el "ejercicio" de las responsabilidades políticas en España. Es un cuadro general de la historia de las responsabilidades políticas, donde ha habido escasas y esporádicas excepciones, que no invalidan la certeza del proceso, que a continuación señalo.

1.- De hecho, no se asumen responsabilidades políticas: ni cuando existen sospechas fundadas aireadas por los medios de comunicación, con la publicación de documentos probatorios que no son desmentidos con pruebas concluyentes, ni cuando se produce una imputación a un político de hechos presuntamente delictivos, ni cuando se le procesa, ni incluso cuando existe ya una sentencia judicial condenatoria.

Lejos de hacer frente a sus responsabilidades, el político en entredicho acude a todo tipo de estrategia: desde la queja por las taimadas maniobras del adversario político a la teoría de la conspiración.

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2.- Cuando las pruebas contra el político son serias y fundadas, la responsabilidad se hace depender de la condena penal, trasladándose la responsabilidad política a la previa demostración judicial de la existencia de responsabilidades penales.

3.- Cuando definitivamente tiene lugar la condena penal del político por una resolución judicial, no se asumen las pretendidas responsabilidades políticas, o éstas son mínimas y afectan a determinadas personas y no a todos los implicados, que deberían asumirlas. Con frecuencia se concreta en el autor material de los hechos delictivos, que normalmente no suele ocupar un puesto de alta responsabilidad en el partido, y que obviamente actuaría por directrices de responsables políticos jerárquicamente superiores. Incluso si éstos no hubieran tenido conocimiento de los hechos (que en determinados temas resulta sencillamente imposible), deberían asumir responsabilidades por negligencia.

Cito dos hechos clamorosos. En el caso Marey el líder máximo del partido, de quien dependían, jerárquica y funcionalmente, los autores materiales de los hechos delictivos, condenados por el Tribunal Supremo, no asumió ninguna responsabilidad. Tampoco asumió responsabilidad alguna el líder del partido en el caso Bárcenas, condenado por la justicia. A pesar de que ambos líderes, del PSOE y del PP, respectivamente, incurrían, cuanto menos, en una responsabilidad política de libro: la responsabilidad por negligencia o in vigilando. Dejo al margen las acusaciones presentes en la opinión pública de la implicación de ambos líderes en los hechos, debido a la imposibilidad material de que los jefes no conocieran las actuaciones de tanta envergadura criminal y relevancia política de sus subordinados ministros o miembros orgánicos del partido político. Me mantengo únicamente en el campo estricto del Derecho y sus exigencias jurídicas.

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4. Lejos de aceptar responsabilidades políticas ante la condena penal, algunos políticos afectados se empeñan en una cadena de declaraciones basadas en el que podríamos llamar argumentum ad alium: los otros políticos, al igual que ellos, hacen lo mismo, y, sin embargo, tienen la suerte de que nada les sucede; no es justo que ellos solamente paguen las actuaciones incorrectas de todos. Pretenden de esta manera escudar la culpa propia en la ajena, aunque ésta no esté judicialmente demostrada y la propia sí; como si la culpa de los otros pudiera redimir la propia.

5. Los ciudadanos, ante quienes los políticos deben responder siempre, y más aún cuando está en entredicho la confianza en ellos depositada, son olvidados o preteridos. Raro es el caso, en el que se les haya pedido disculpa por parte de los políticos. Y cuando ésta se formula, se hace de una manera rápida, a vuelapluma.

6. El olvido de los ciudadanos por los políticos, reseñado en el punto anterior, está en consonancia con la actitud de los propios ciudadanos, pues éstos apenas demandan e interpelan a los políticos. La responsabilidad tiene dos facetas: la asunción de un compromiso y la respuesta a la demanda social. Pero no puede haber respuesta, si no hay previamente una demanda de la sociedad. El político asume su responsabilidad en función de las expectativas de la interpelación. Tiene mucho que ver el alcance de la responsabilidad con las actitudes de los ciudadanos. Si éstos se desentienden, también lo harán los políticos. La actitud pasiva de los ciudadanos se muestra en las elecciones, puesto que los votantes apenas o en nada tienen en cuenta el comportamiento de los políticos a la hora de emitir su voto. Las encuestas demuestran que la ciudadanía simplemente relaciona el sentido de su voto con los beneficios que esperan obtener del partido al que vota.

La conclusión extraída del análisis de los puntos anteriores es que la política parece ser un coto exclusivo de los políticos, que les pertenece por derecho propio; es su profesión, en la que ellos, y no otros, son los expertos, y en la que los demás no deben inmiscuirse, porque los asuntos no les corresponden. Los ciudadanos son mudos invitados a una representación escénica, en la que los artistas de la política interpretan el papel a su aire.

La verdadera razón de la dimisión: el interés electoral del partido político

La responsabilidad política es un hecho tan raro que, cuando se produce un caso de dimisión, la razón no suele ser la responsabilidad del político ante la sociedad, sino ante el partido, en la medida que sus actuaciones irregulares pueden manchar la buena imagen del partido y restarle posibilidades de acceso al poder cara a las elecciones. La dimisión forma parte de la cuenta electoral del partido; no es una cuestión de principios, sino un tema meramente cuantitativo, que se sopesa en la balanza de las expectativas electorales del partido; no es, ni de lejos, una cuestión de ética pública.

Es así de lamentable constatar que las escasas dimisiones, cuando acontecen, no obedecen a un principio de responsabilidad ante los ciudadanos, sino a una necesidad frente a los intereses hegemónicos del partido. Y tienen lugar en circunstancias extremas, ad limitem, cuando, de no accionarse, depararían un daño muy grave para el partido. Porque en la medida de lo posible éste no solo ocultará a la sociedad los hechos reprochables de sus políticos, sino que, de ser tales hechos públicos y conocidos, el partido hará todo lo posible para inventarse un motivo, que es el que ha llevado al político descubierto a actuar como lo hizo, lamentablemente, contra su voluntad.

La responsabilidad política es así un tema de partido. Por el partido dimite el político ímprobo y por el partido le hace dimitir el líder. El político en cuestión protestará y preguntará por qué él y no otros compañeros, asegurará quizás que se ha emprendido contra él una "caza de brujas", pero no le quedará otro remedio que dimitir, porque realmente no ha dimitido, sino que ha sido obligado a ello por el líder. Ha sido cesado; no ha dimitido, como debiera, ante la sociedad y los ciudadanos.

La clase política es renuente al hecho de la dimisión; ésta no forma parte de la cultura política de nuestro país. Lo que explica que, cuando un político dimite por voluntad propia y no presionado por sus superiores, se producen dos consecuencias: a) la sorpresa e incomprensión en las filas del propio partido, porque los políticos manejan la dimisión en términos de rentabilidad electoral (si beneficia o no al partido); no van más allá de este horizonte; b) la conversión de la dimisión en arma arrojadiza; desde las filas del propio partido, proclamando que los demás partidos deberían tomar ejemplo del dimisionario, y desde las filas del partido adversario, desvelando que la causa real de la dimisión es otra distinta a las convicciones del dimitido.

La verdad cruel, que, a la ciudadanía, a los simples ciudadanos/as, nos tiene estupefactos y decepcionados, es que la dimisión en España brilla por su ausencia, cuando tendría que ser una práctica habitual de una sana democracia, y que en las pocas dimisiones habidas aletea una sospecha de razones más partidistas que de ética pública.