El nuevo Gobierno progresista de coalición ha abordado nuevas reformas legislativas e institucionales, entre otras, la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la ley del "solo sí es sí" y la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, ambas con profundas controversias, pero con un avance de medidas protectoras y derechos. Su efecto cultural y simbólico ya es importante para el feminismo y la sociedad, sus consecuencias relacionales y de cambio estructural para la igualdad y la libertad de las mujeres y los colectivos LGTBI se deberán notar a medio plazo; pero su impacto de avance democrático y de derechos humanos es un hecho evidente. Junto con la legitimidad pública adicional que supone para las fuerzas progresistas impulsoras, este proceso no es soportable para las derechas que reaccionan de forma visceral a todo ello.

Desde esa perspectiva, se ha plasmado la convergencia entre la activación feminista, el movimiento feminista organizado y la gestión institucional y de las fuerzas progresistas, enfrentada a un bloque reaccionario de sectores conservadores. No cabe duda de que, en esa confluencia de movilización social y representación política, hay intereses parciales distintos y deben mantener su propia autonomía. O sea, junto con puntos y campañas comunes, hay relativa fragmentación orgánica feminista, aparte de ciertas diferencias entre grupos políticos progresistas. Pero se trata de favorecer lo común frente al proyecto reaccionario conservador. Es un panorama que las derechas, políticas, mediáticas y judiciales, no podían dejar pasar, más en el contexto de su ofensiva pretendidamente ganadora para auparse a la gobernabilidad del país e imponer su modelo autoritario, regresivo y conservador.

Así, han escogido este tema de las transformaciones feministas (junto con el nacionalismo españolista centralizador y el catastrofismo económico-social de impronta neoliberal) como campo de guerra político-cultural abierta. En su deslegitimación del Gobierno incluso pretenden disputar con las izquierdas y el propio feminismo la bandera de la protección y defensa de las mujeres, con su gran alternativa, el punitivismo, como enmascaramiento de su permisividad con la dinámica conservadora de desigualdad de género y violencia machista. Y para semejante contorsión tienen que echar mano de su poderío mediático y su fanatismo antidemocrático y antifeminista, como han puesto en marcha con toda la operación contra la ley de 'solo sí es sí', tal como he explicado en El conflicto sobre la ley del ‘Solo sí es sí’ y En defensa del consentimiento.

En definitiva, el sentido de la reacción conservadora y punitivista es frenar el proceso transformador feminista y su carácter integral, igualitario y emancipador. La campaña contra la ley del 'solo sí es sí' trata de imponer su marco punitivo y de responsabilización del gobierno progresista y, sobre todo, del ministerio de Igualdad y de Unidas Podemos, para debilitarlos, con la mirada puesta en los procesos electorales próximos.

Consolidar una estrategia unitaria

Ahora bien, en el ámbito cívico ha fracasado el divisionismo y sus efectos desactivadores promovidos por la derecha mediática. ¡Qué ganas le tienen al movimiento feminista! Pero resulta que goza de buena salud. No obstante, estamos en mitad de la operación: la reforma de la ley del 'solo sí es sí', y todas sus implicaciones políticas y sociales.

La respuesta socialista, con su recorte de la ley, ante esa ofensiva de las derechas políticas, mediáticas y judiciales ha sido defensiva, supuestamente para no perder electorado centrista y contemporizar con poderes fácticos (institucionales-judiciales y sociocultural-mediáticos). Eso es más que ruido, es toda una estrategia de geometría variable de freno a los avances feministas y de progreso y, paralelamente, para achicar el espacio de Unidas Podemos y demás fuerzas progresistas. Es legítimo el debate sobre el impacto y alcance de esa estrategia, para conformar el imprescindible acuerdo gubernamental para la próxima legislatura.

Partiendo de la victoria de las fuerzas progresistas y plurinacionales, frente a las derechas, y de que no se concretan otros pronósticos de gran coalición PP/PSOE, alimentados desde varios ámbitos fácticos y partidistas, se admite la necesidad de continuar con una coalición similar. No obstante, se prefigura un reequilibrio representativo y de influencia institucional, con menor exigencia transformadora que el actual acuerdo gubernamental y parlamentario progresista.

Es ahí cuando se generan las hipótesis sobre el significado de esta apuesta socialista, no solo para el avance feminista sino para el conjunto del proyecto transformador de país. Por supuesto, tras el relativo éxito de la gestión unitaria de estos tres años y la correspondiente legitimación pública que hay que resaltar todavía más, esta fase final condiciona también el balance definitivo como marco del nuevo pacto de legislatura. Balance que, tras el acuerdo favorable en materia de pensiones, depende de varios retos pendientes: la gestión (negociada) de este profundo desencuentro en la ley de libertad sexual, acuerdos en vivienda (posible), la ley mordaza (difícil) y en el plano territorial (estancado), avance de los derechos sociolaborales frente a recortes derivados de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, refuerzo de la fiscalidad y los servicios públicos, en particular de la sanidad pública, etc..

En consecuencia, debe primar el objetivo compartido de garantizar la victoria electoral de ambas fuerzas progresistas PSOE y Sumar/UP (junto con los grupos nacionalistas periféricos) y la configuración de un programa gubernamental de consolidación reformadora de progreso... también en el ámbito feminista.

Ahora bien, son pertinentes algunos interrogantes que salpican los distintos medios y redes sociales y que deben tratarse con trasparencia, rigor y una mínima lealtad respecto del objetivo común: ¿Se pretende aislar a Podemos y, en particular, a sus dos ministras y su futura trayectoria gubernamental, favoreciendo una dinámica moderada en Sumar y colocándolos en una posición subordinada? ¿Se prefigura el objetivo de fondo de poner el freno a la consolidación y ampliación de los derechos feministas y minorar esa representación institucional de Podemos, sin en el ministerio de Igualdad en el próximo Gobierno (ya que se descarta ahora una crisis gubernamental de ese calado)? ¿Hay intereses socialistas en la división del espacio de las fuerzas del cambio, favoreciendo la operación Sumar de Yolanda Díaz como un reequilibrio más favorable para imponer su estrategia continuista en la próxima legislatura?

Los efectos inmediatos de la apuesta por el retroceso de la Ley de Libertad sexual han sido la dilución de la defensa del conjunto integral de la ley y de la alianza progresista promotora, en beneficio de una componenda socialista para imponer su recorte de la mano de la derecha. Y se ha incrementado el grado de división y desconfianza entre los socios gubernamentales y entre el Partido Socialista y el grueso del resto de la mayoría parlamentaria progresista.

Está por ver su aprobación definitiva. No hay diagnóstico común ni, por tanto, respuesta compartida. Los llamados 'efectos indeseados' por la rebaja de penas han sido sobredimensionados mediáticamente con el objeto de generar mayor alarma pública; su responsabilidad, mayoritariamente, se ha achacado a defectos de la ley, cuando hasta la Fiscalía General ha puesto el acento en su inadecuada aplicación por parte de sectores de la judicatura; la respuesta conduce no solo a una contraproducente reforma (más punitivismo y menor peso del consentimiento), perjudicial a largo plazo para la protección de las mujeres, sino a la deslegitimación del conjunto de la ley y su carácter integral; se debilitan públicamente sus promotores, no solo Unidas Podemos y el ministerio de Igualdad sino todo el Gobierno y las fuerzas progresistas que la han avalado, y la operación reaccionaria de las derechas ha conseguido una victoria parcial (reducida por la probable reversión en sentencia firme de muchas rebajas de pena, con menor impacto alarmista).

Son enseñanzas que exigen paliar este conflicto en el campo progresista, cumplir el resto de compromisos de esta legislatura y recomponer una unidad básica en torno a un plan transformador, democrático, social y feminista que se consolide en la próxima legislatura (y más allá).