No hay mayor negocio que privatizar la política. Dejarla fuera de la influencia y el control de la ciudadanía para que esté, más condicionada y mediatizada, en manos de los intereses privados de los grandes grupos económicos. Entre ellos, las corporaciones tecnológicas y los fondos de inversión.

La ideología neoliberal, hoy representada por las variantes ultras y trumpistas, es la mayor beneficiada de esta deriva privatizadora que va socavando el prestigio y la eficacia del sistema democrático de gobierno y convivencia en todo el planeta. Por otra parte, en el marco del escenario de la globalización, los centros de los poderes económicos toman decisiones de gran trascendencia política y económica sin seguir las reglas de la democracia, en contra de los intereses generales y por encima de la soberanía de los Estados. Los "emperadores tecnológicos" ya juegan un papel decisivo en las guerras.

El avance de la privatización es también consecuencia de los procesos de jibarización de la democracia, hasta convertirla en una actividad intelectualmente más empobrecida y reducida a círculos políticos y élites de poder. Así, se sustraen las grandes decisiones del debate público, del ejercicio de la transparencia y hasta de la capacidad decisoria real de los Parlamentos. Porque todos esos grupos persiguen, además, la subordinación del Parlamento soberano a objetivos que no son los de servicio público a la comunidad y a intereses que no son los generales.

Existen, también, otros factores que favorecen esa privatización, como es el papel que juegan los intereses sectarios de los partidos políticos en la toma de decisiones, bien para alcanzar y monopolizar el poder o bien al actuar con la lógica de una empresa que busca la obtención de un beneficio partidista. Esas razones y los consabidos vicios de la política, como la corrupción, la mentira, la desconexión con la realidad social y las tendencias autoritarias o cesaristas,  provocan el alejamiento y desinterés de la sociedad por la política.

Las fuerzas de progreso, pero también la derecha liberal, tienen que responder defendiendo medidas de reforma e innovación de la democracia representativa. Lo cual se traduce en promover vías de participación, deliberación, consulta y transparencia para fortalecer los derechos democráticos, la defensa de lo público y la condición de la política como un patrimonio colectivo. Porque una democracia avanzada debe ofrecer cauces e instrumentos de participación que poder votar cada cuatro años a unas listas cerradas.

Por otra parte, es cada vez más patente en los partidos el uso de la mercadotecnia empresarial o puro marketing electoral, lo que unido a la escasa fiabilidad de compromisos electorales no verificables y al olvido de una práctica política basada en la ética pública, hacen que la confianza ciudadana en la política sea residual. Sin embargo, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación permiten a los poderes públicos enormes posibilidades para abrir paso a una democracia deliberativa y controlable. Pero las instituciones no son conscientes de su trascendencia.

En un tiempo de convulsiones, la vida política se desarrolla con un alto grado de sectarismo, crispación y polarización. Son fenómenos que provocan el alejamiento y la desafección de gran parte de la población hacia la vida política.

Vivimos una etapa peligrosa para la credibilidad de la política y las democracias. Arrastramos fallos en el sistema de representación política y asistimos a un funcionamiento de los gobiernos cada vez más basado en el hiperliderazgo y el presidencialismo. Todo ello sucede mientras el diálogo para llegar a acuerdos, el debate con respeto al pluralismo y el contraste de ideas se consideran accesorios.

De modo que si a los problemas sociales de desigualdad y precariedad y a la incertidumbre que provocan las crisis y los nuevos desafíos globales que afectan a toda la humanidad, se añade la privatización de la política, la incredulidad y desconfianza hacia la política y los partidos aumentarán. Pongamos que también hablo de España.