Tener una vida digna es el objetivo personal de cualquier persona y ha de ser el objetivo compartido por y para la ciudadanía española. 

No siendo los únicos, hay dos elementos fundamentales para disfrutar de una vida digna: empleo digno y vivienda digna. En el primero, los avances de estos últimos años, siempre insuficientes, han sido notables: veintiún millones de españoles y españolas trabajando con empleos y salarios más dignos. 

En cuanto a la vivienda digna, los socialistas hablamos de políticas de vivienda que conformen el quinto pilar del Estado de Bienestar y que, por tanto, antepongan el derecho de miles de personas a acceder a una vivienda digna a precios asequibles, mientras la derecha se preocupa más de los intereses crematísticos de una minoría de grandes propietarios que concibe la vivienda como un activo económico al que buscan la máxima rentabilidad, incluso destinándola a usos que no son residenciales; minoría que, por el volumen y valor de sus activos inmobiliarios, tiene una gran capacidad para fijar el precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler.  

El derecho de la mayoría y los intereses de una minoría han de ser tenidos en cuenta en el diseño de la política de vivienda, pero el debate político pone de manifiesto que los socialistas ponemos por delante el derecho de la mayoría a una vivienda digna mientras la derecha antepone los intereses crematísticos de una minoría. 

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El gobierno de España prima el derecho de la mayoría de jóvenes y familias que quieren acceder a una vivienda digna cuando multiplica por ocho los recursos que destina a esta política (pasando de 476 millones en el último presupuesto de Rajoy a más de 3.500 en el vigente); cuando establece un bono de alquiler de 250€ al mes para jóvenes menores de 35 años; cuando el Plan Estatal del gobierno Sánchez financia tres de cada cuatro euros que invierten las comunidades autónomas en vivienda; cuando crea una línea de avales ICO para que los jóvenes y familias que quieren comprar una vivienda puedan obtener financiación para el 20% que no cubre un préstamo hipotecario; cuando pone los activos de la SAREB, el banco malo con el que el PP rescató al sector financiero con 54.000 millones de deuda pública del Estado, al servicio de la política de vivienda; cuando pone suelos de Defensa también al servicio de esa política de viviendas asequibles; cuando destina fondos europeos para avalar al sector privado la financiación para construir viviendas asequibles... Todo ello con el objetivo de construir más de 180.000 viviendas a precios asequibles en nuestro país.  

Y también lo hace cuando aprueba una Ley de Vivienda que, entre otras medidas, ofrece seguridad jurídica a los pequeños propietarios, prohíbe la venta de viviendas públicas a fondos buitres o regula las zonas tensionadas en las que las administraciones competentes pueden establecer límites al precio del alquiler. 

La derecha demuestra que defiende los intereses de los grandes propietarios inmobiliarios cuando modificó la Ley de arrendamientos en 2013 para propiciar mayores incrementos de los alquileres; cuando vende viviendas públicas a fondos buitre que luego incrementan sus precios de alquiler; cuando no pone freno a las viviendas turísticas que calientan el mercado residencial; cuando las comunidades autónomas que llevan más tiempo gobernando (Madrid, Castilla y León, Galicia y Murcia) son las que menos recursos por habitante destinan a las políticas de vivienda; cuando rechazan de plano las iniciativas de Ayuntamientos que reclaman la declaración de zonas tensionadas o suben hasta el 56% el módulo de la vivienda protegida, como ocurre en Madrid 

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Este, como en casi todos los asuntos, es el debate de fondo: qué intereses defiende la derecha española y qué derechos defendemos los socialistas. Para los socialistas, la prioridad es y será garantizar que jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda a precios asequibles, en propiedad o en alquiler, según su voluntad y conveniencia.