Hace casi cuarenta años se crearon los centros educativos privados financiados con fondos públicos, conocidos como concertados. Su función teórica era escolarizar al alumnado donde la red pública no llegaba. Fueron financiados a condición de que su enseñanza fuera gratuita y no discriminase al alumnado. Pero sus objetivos eran otros: el negocio económico, el control ideológico de la escuela y el adoctrinamiento religioso. Corrían los tiempos del gobierno de Felipe González y era fundamentalmente una cesión a la iglesia católica. También se ha utilizado para asentar la hegemonía política de la derecha en comunidades autónomas como Madrid.

El gobierno que creó los conciertos pretende ahora fortalecerlos en el contexto de una fuerte presión privatizadora sobre la educación pública. Esta tendencia se ha acentuado tras las elecciones de mayo de 2023 con el aumento del poder autonómico de las derechas. Más allá de guerras culturales, todo ello se traduce en la negativa a construir los centros públicos que demandan las familias, aumentar el dinero a los centros concertados y los cheques escolares para ir a la privada en formación profesional, educación infantil y bachillerato. Así se va derivando el alumnado a los centros privados. Frente a esta situación el gobierno de coalición no está aplicando una política de fortalecimiento de la educación pública. Ni siquiera ha evitado que el gobierno de Díaz Ayuso siga regalando suelo público a colegios privados y manteniendo los conciertos a los centros del Opus Dei que segregan por sexo.

La realidad actual es contundente y escandalosa. La educación concertada es una perversión educativa que no ha dejado de crecer a costa de la educación pública. En términos porcentuales somos en tercer país de Europa con más peso de la educación privada y concertada, detrás de Bélgica y Malta. La ofensiva privatizadora de la derecha en comunidades autónomas como Madrid, Andalucía, Murcia, etc., hace que se esté reduciendo el peso de la educación pública de forma galopante. Un ejemplo, en Madrid capital, el alumnado escolarizado en la educación pública es menor del 40%. Si comparamos estos datos con los de los principales países europeos que escolarizan en la educación pública entre el 80 y 90%, podemos concluir que España no es Europa en educación. Una anomalía que hay que corregir.

Según numerosos estudios que vienen haciendo la patronal de enseñanza privada y la confederación de AMPAS, está absolutamente generalizado el cobro de cuotas al alumnado en los centros privados-concertados. El último informe de CICAE  concluye que ocho de cada 10 centros subvencionados infringen la gratuidad. También EsadeEcPol llega a la misma conclusión y pone una cifra que da una idea del orden de magnitud del fraude: los colegios concertados recaudan 1.000 millones de euros al año cobrando cuotas ilegales al 85% del alumnado

La concertada es el principal factor de segregación escolar. Esto es un tema gravísimo, porque España está a la cabeza en desigualdad escolar en el mundo desarrollado. El estudio de Murillo Torrecilla y Martínez Garrido, de la Universidad Autónoma de Madrid , afirma que España es el tercer país más segregador por nivel socioeconómico de Europa, solo detrás de Hungría y Rumania y lejos de los países de su entorno más cercano, destacando Madrid y Cataluña como las más segregadoras. Esta realidad ataca al derecho constitucional a la educación, al principio de igualdad de oportunidades y va en contra de la equidad y la cohesión social.

No se pueden dedicar recursos públicos a potenciar un modelo que fomenta un tipo de escuela que discrimina en vez de integrar. Y menos aumentarlos, como pretende el gobierno.  Por más juguetería verbal con la que se quiere justificar, es un disparate premiar a los que llevan muchos años saltándose la legalidad. Si se quiere afrontar la segregación, la solución no es darles más dinero sino suprimir el concierto a quienes incumplan la gratuidad. Como argumentan los Movimientos de Renovación Pedagógica, darles más fondos a la privada concertada equivaldría a darle de comer a una fiera para que no te ataque. Más allá de que es aceptar una lógica perversa en un contexto de ofensiva neoliberal contra los servicios públicos y de calidad. ¿Y a Quirón por qué no se le suben también los fondos?

Las consecuencias que tendría dar más dinero a la concertada serían muy negativas. Por un lado, la existencia de la doble red (pública/privada-concertada) ya está suponiendo la pérdida de alumnado en la pública, la creación de guetos y el deterioro de la calidad global al negar la heterogeneidad del alumnado. Por otro, debilitaría aún más la educación pública y en una tendencia a la caída demográfica se acabarían cerrando colegios e institutos públicos, algo que ya ha empezado a pasar. Esta primavera asistí en Cádiz a una manifestación que pedía directamente el cierre de colegios concertados para evitar la liquidación de los colegios públicos. Por último, sería una medida inútil: los centros no dejarían de cobrar cuotas ni de segregar el alumnado, y la inspección no aplicaría controles contra el fraude, como ha ocurrido hasta ahora.

Si de verdad queremos un proyecto de modernización hay que extender la Educación Pública mediante una red suficiente de centros, de titularidad y gestión pública directa, que permita cubrir todas las necesidades educativas (desde los 0 años) en sus diferentes etapas, modalidades y distritos escolares y territorios. Con la supresión progresiva de conciertos a través de la integración negociada y voluntaria en una red pública única. Mientras, aquellos que no cumplan con los principios de gratuidad, transparencia, inclusión e igualdad no recibirán financiación pública. El horizonte debe ser que todo el dinero público vaya a la educación pública.

Para la izquierda la educación pública debe ser lo primero. Por ello, no puede aceptar que se fomente una perversión educativa y se premie el incumplimiento de la ley. Podemos estar seguros de que, aunque se les dieran 1.000 millones de euros más a los centros concertados, si pueden seguir cobrando otros 1.000 millones y segregando lo harían porque es su esencia.  Cuando se está intentando desguazar la educación pública por las derechas ¿el problema más importante para un Gobierno progresista es aumentar la financiación a la educación privada clasista y segregadora?

Toda la izquierda debe rechazar el aumento de la financiación a los centros privados concertados. Hay medidas del gobierno que son equivocadas y hay que discrepar de ellas. Dar más dinero a la concertada es, además de un error, muy negativa y solo discrepar es insuficiente. Sumar y Yolanda Díaz, deben oponerse totalmente y con todas las consecuencias. El programa de Sumar es red pública única y reducción progresiva de los conciertos. La izquierda que está en el gobierno debe hacer casus belli de este tema. Porque participar en un gobierno que siguiera deteriorando la educación pública, sería desarmarse ideológicamente. Toda una derrota. Porque no solo estamos hablando de modelo educativo sino de modelo social y político.