Otras miradas

Aborto legal en tres causales, de dulce y de agraz

Gloria Maira

Feminista e integrante de la Mesa de Acción por el Aborto.

Gloria Maira
Feminista e integrante de la Mesa de Acción por el Aborto.

Finalmente en Chile, después de dos años y medio de tramitación, hay ley de aborto legal para las niñas y mujeres en circunstancias de riesgo vital, de gestación inviable o cuando resulta de la violencia sexual. Adhiero a ese sentir generalizado de sentimientos encontrados, de dulce y de agraz. Como feminista y activista constante por la autonomía reproductiva de las mujeres, luego de décadas de dura lucha, es un hito. El dulce me viene del debate público que, en mucho y sobre todo en las mujeres, transitó de la compasión a visualizar un derecho. Eso que llamamos la despenalización social del aborto dio un tremendo salto. También me azucara la boca ver lo feminista instalado como voz política y social; hace una década, en Chile, hablar públicamente desde esta identidad era conscientemente evitado. A ese lugar actual del feminismo ha contribuido el debate sobre aborto en el país.

El acceso al aborto legal en las tres causales aprobadas habrá que construirlo y demandarlo. Particularmente respecto de la violencia sexual, la institucionalidad pública, principalmente de salud y de servicios de atención especializados, responde hoy desde la sublimación de la maternidad y la criminalización del aborto. Así lo muestra una reciente investigación liderada por Lidia Casas, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Quienes llegan son mayoritariamente niñas, adolescentes y jóvenes agredidas por personas de su entorno familiar o cercano. Sobre ellas y sus familias se interviene para que acepten ese embarazo forzado y desarrollen apego con ese hijo o hija que es casi casi una reparación del acto violento. Apego, apego y más apego, y si todo falla, adopción.

A esta opción, por lo general, se oponen las familias que enfocan su atención en la madre y en los cuidados que requerirá ese nieto o nieta, desplazando la violencia sexual a un segundo lugar, o a ese no lugar donde se esconden los secretos de familia de los que nadie quiere hablar o asumir. No faltan en este paisaje digno de El Bosco, los violadores que reclaman paternidad y derechos sobre ese hijo o hija, y tribunales de familia que los apañan.

La ley brinda a esas niñas, adolescentes y jóvenes una alternativa antes prohibida. Es legal y legítimo interrumpir esa gestación forzada si ellas así lo deciden, y la institucionalidad tendrá que adecuarse a esa posibilidad y brindar información de manera objetiva y respetuosa de su voluntad. No será tarea fácil ni de corto plazo; además de la necesidad de una nueva reglamentación, se requieren nuevos modelos de intervención y la formación del personal de salud y de los servicios de atención.

Este es un desafío que vale la pena pues implica construir una respuesta pública y una actitud de funcionarios y funcionarias que reconocen la autonomía reproductiva de las niñas y mujeres, al menos en torno a las tres causales legalizadas. Se abre la posibilidad de un cambio paradigmático.

El agraz viene dado por la constatación de que estamos aún lejos de la despenalización total de la decisión de las mujeres. La aprobación de la ley representa acceso a aborto legal para algunas, pero muchas más seguirán abortando en la clandestinidad, la criminalización y el estigma. En el debate público de la ley se expusieron a plena luz los peores sentires y pensares del patriarcado, del vivo machismo y de la violencia contra las mujeres. Nuestra palabra es sospechosa, nuestra autonomía es ilegítima, ilegal, intolerable. Con estas convicciones y percepciones tocará lidiar tanto en la construcción de la respuesta pública a las tres causales, como en la posibilidad de una ley por plazos y la despenalización social del aborto en Chile.