Llevamos sin parar de hablar del precio de la electricidad desde febrero. Nos han bombardeado con cifras, con megavatios hora, han intentado explicarnos sin mucho éxito cómo funciona el tope al gas y al final de la partida el resultado es siempre el mismo: millones de hogares en España temen el momento de recibir la factura de la luz. Hasta ahora, el papel que se ha esperado de nosotras, las organizaciones de consumidores, ha sido simplemente el de reclamar una rebaja en los precios, o la reducción de los impuestos. Pero lo cierto es que nuestro papel puede ser mucho más transformador. Desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU llevamos años trabajando en acercar la transición energética a las personas consumidoras, especialmente a las más vulnerables, que ante este problema colectivo no deben quedar atrás. Llevamos años trabajando de la mano de otras organizaciones, en la concienciación de que la energía es un derecho, que es necesaria para la vida y la felicidad de las personas.

Y es que hablar de energía es hablar de la vida cotidiana de la gente. Estamos hablando de salud, de no pasar demasiado calor ni demasiado frío en nuestras casas, de no vivir en una angustia permanente por la factura de la luz. Para eso, hay que conseguir pasar la barrera de la alerta, de los récords históricos del precio del gas, y centrar la conversación en medidas como la rehabilitación energética o el acceso a energías renovables. La rehabilitación energética es la gran olvidada del debate, cuando en realidad es de lo primero que deberíamos hablar. Y este comienzo del otoño es un buen momento para pararnos a pensar y decidir si queremos seguir derrochando energía a través de las fachadas de nuestros edificios, o, por el contrario, tomamos medidas para mejorar la calidad de vida de la gente, y atajamos de una vez la lacra de la pobreza energética. Los últimos datos nos hablan de 3,5 millones de hogares en España que no pueden mantenerse calientes en invierno, con todo lo que eso supone en términos de salud. Con los precios de la energía subiendo, no puede ser que haya comunidades autónomas como Madrid que sigan hablando de cambiar calderas de gas. Urge un plan nacional de rehabilitación energética, que garantice hogares saludables para todas las personas. Y urge también salir de la trampa del gas. Este año ha quedado más que demostrado que depender del gas nos hace vulnerables, deja a las personas consumidoras cautivas de los juegos de la geopolítica y de infraestructuras carísimas que se añaden a la factura cada mes. La buena noticia es que existen soluciones: frente al derroche, cambios de envolventes; frente a las calderas, bombas de calor, y frente a las centrales de ciclo combinado, más paneles fotovoltaicos en los tejados de nuestros edificios, y más comunidades energéticas, para que la energía deje de dar miedo, y sirva para la democratización de nuestras sociedades.

No se puede esperar a que las familias que tienen que decidir entre encender la calefacción o comer sano ahorren energía sin darles las herramientas para necesitar consumir menos y vivir mejor. Un sistema de ayudas que no llega a la gente que de verdad lo necesita, en realidad lo que está haciendo es agrandar la brecha entre quienes pueden acceder al bienestar energético, a la electricidad barata del autoconsumo, y quienes son dejados a su suerte y las veleidades del mercado. Pero no hay mejor momento que una crisis para repensar el sistema. El tope al gas, o que ahora mismo se debata en el Consejo Europeo sobre el sistema de precios son muestra de que siempre hay tiempo para rediseñar lo que no funciona. Vayamos más allá del precio, y actuemos también sobre el consumo. Pero no desde la angustia o el sufrimiento, sino desde la promesa de que es posible vivir bien consumiendo menos y mejor energía. Hablemos de eficiencia y democratización de la energía.