El terremoto ocurrido en Marruecos el pasado 8 de septiembre suma ya más de 2.800 muertos (y una cifra similar de heridos) en un escenario aún sumido en la incertidumbre, en cuanto a posibles réplicas y al número final de defunciones se refiere. Con ello, se abre una segunda incertidumbre, con la mirada puesta en el silencio del rey Mohamed VI y las dudas en torno al posible impacto político que puede tener este acontecimiento. El rey se encontraba en Francia en el momento en que se produjo el terremoto y Palacio tardó 18 horas en emitir un comunicado de reacción a los eventos, hasta que el monarca hubo regresado. Desde entonces, no ha habido ninguna intervención televisiva del rey ni nuevos comunicados desde Palacio.

Este silencio y la ausencia inicial del rey ahondan en la imagen de apatía política que ha rodeado a Mohamed VI en los últimos tiempos, envuelto en rumores sobre su delicada salud y acusado de pasar más tiempo en el extranjero que en el país en que reina y gobierna (según The Economist, el rey pasa en el extranjero aproximadamente 200 días del año). Este supuesto desencanto político contrasta con la forma de gobierno del país, una monarquía ejecutiva en el que el rey ostenta el poder ejecutivo y ocupa un papel primordial en el control del resto de poderes, y cuya influencia se extiende sobre las élites políticas, la libertad de prensa y expresión, y el sector económico privado.

Este silencio no significa que no se adoptasen medidas sobre el terremoto (las Fuerzas Armadas, por ejemplo, fueron rápidamente movilizadas), pero sí se traduce en una falta de presencia política y simbólica, en falta de comunicación y en una debilidad de la cadena de mando. Subordinados a la reacción oficial del rey, el gobierno no emitió un comunicado hasta que Palacio no se hubo pronunciado. Tampoco han acudido a las principales zonas afectadas. Twitter está lleno de testimonios que acusan de inacción a las autoridades locales, por falta de recursos o por estar subordinados a unas órdenes que, con frecuencia, no han llegado a tiempo y han resultado en la muerte de familiares o conocidos.

No es fácil que esto dañe la imagen del monarca, ni que se traduzca en consecuencias políticas para Palacio. El rey parece continuar gozando de una amplia popularidad política, como garante del orden y de la eficacia gubernamental (sin ir más lejos, el reconocimiento del papel esencial que ha desempeñado en la respuesta a la pandemia y en los programas de recuperación posteriores) y legitimidad religiosa, como Comendador de los creyentes.

Otra cosa es que tenga repercusiones para el gobierno, presidido por Aziz Ajanuch desde hace dos años. Los partidos políticos han sido generalmente los principales receptores de las críticas en los momentos de crisis política y mantienen una imagen negativa ante la población, promovida de forma interesada desde el propio Palacio. Este descontento tiende a conducir a remodelaciones del gobierno y dimisiones de uno o varios ministros, lo que irónicamente suele resultar en un fortalecimiento del control del monarca sobre el órgano ejecutivo.

Víctimas de la desigualdad

En la tragedia de Marruecos existe también una cuestión de clase. El terremoto ha vuelto a hacer patente la desigualdad existente en el país, y la vulnerabilidad en la que se encuentra una gran parte de la población. Las zonas más afectadas han sido las zonas rurales, con un nivel de desarrollo mucho menor que el entorno urbano, y, en particular, el Alto Atlas, una región de difícil acceso, débil situación económica y malas infraestructuras. Su situación contrasta con la riqueza y relevancia de Marrakech, a menos de un centenar de kilómetro de la región. El complicado acceso a las montañas dificulta las labores de rescate e incrementa el sentimiento de marginación de la región.

La magnitud del seísmo puede abrir una puerta a la incipiente contestación social. Los últimos años han sido el escenario de una sucesión de pequeñas protestas contra el programa neoliberal impulsado por el gobierno, promovidas por una coalición de movimientos de la sociedad civil y partidos de izquierda bajo el paraguas del denominado "Frente Social Marroquí" o en la forma de protestas con un carácter más local o periférico. Es sencillo prever que la contestación aumentará en los próximos meses, a medida que el impacto social y económico del seísmo se hagan notar entre la población. No en vano, el proceso de reconstrucción de las áreas afectadas probablemente se extienda hasta los 5 o 6 años, como ya ha anunciado la Cámara de consejeros (Senado) del país.

Marruecos posee la liquidez para hacer frente a las labores de reconstrucción. A comienzos de 2023, el Fondo Monetario Internacional le concedió una línea de crédito flexible, sin contar la amplia ayuda internacional ofrecida. Sin embargo, la introducción de esta nueva variable repercutirá sobre la financiación del programa de reformas estructurales impulsado desde Palacio como respuesta a la crisis pandémica, que incluye un programa de recuperación económica y la generalización de la cobertura sanitaria. Los desafíos planteados por el terremoto contribuirán a una ya complicada situación económica, deteriorada por el impacto de la guerra de Ucrania, la inflación, la pandemia y las sequías experimentadas en los últimos años. De nuevo, todo ello constituye un aliciente para el descontento social. La pregunta es si este descontento puede tener consecuencias reales sobre la estructura del régimen y, de momento, no parece ser así.