Estos días se reúnen más de 40 jefes de estado, entre ellos los ministros del Consejo Europeo y líderes políticos invitados, como el presidente de Turquía R.T. Erdogan, en la reunión de la Comunidad Política Europea. Se trata del acto central de la presidencia española de Europa para negociar y adoptar conclusiones, que se utilizaran para definir asuntos específicos de interés para la UE, así como para esbozar las actuaciones y objetivos para el futuro. Los jefes de estado están encerrados en la Alhambra de Granada, protegidos de las voces críticas de movimientos sociales, feministas, ecologistas, antiracistas y contra la guerra que reivindican que "Otra Europa es posible" en las manifestaciones que tienen lugar en las calles. Negociaciones a puerta cerrada que avanzan a velocidad de la luz para asegurar la colaboración entre países miembros y terceros países en materia de acuerdos comerciales, migración, seguridad energética, el acceso a las materias primas necesarias para llevar a cabo la transición "verde" y digital de la UE, y por supuesto, como se financiará. Aquí es donde entra en juego la reforma del marco fiscal y el peligro de la austeridad teñida de verde.

Tanto las políticas europeas de expansión comercial, con su pilar fundamental en asegurar la extracción y el acceso a los materiales críticos necesarios para las nuevas tecnologías, como las políticas de reindustrialización, descarbonización, electrificación y digitalización de sectores industriales claves (como la energía, la automoción o el transporte), van acompañadas de ayudas e inversiones públicas multimillonarias. Algunos mecanismos conocidos son, entre otros, los fondos NextGenerationEU (806.900 M€ para fomentar la recuperación económica tras la pandemia y modernizar la economía según el Pacto verde Europeo); el fondo de garantías InvestEU (26.200M€ de garantías presupuestaria de la UE para invertir en tecnología e infraestructuras energéticas); o el Banco Europeo de Inversiones (que apoyará las empresas multinacionales en construir un "Global Gateway" para mejorar las cadenas de suministro hacia Europa).

Estas ayudas públicas multimillonarias para la economía europea se llevan a cabo en paralelo a las negociaciones sobre la reforma del marco fiscal europeo. Las reglas fiscales tienen un mandato de mantener la deuda pública por debajo del 60% y el déficit público bajo el 3% del PIB, y fueron la principal causa de los duros recortes en gastos sociales (como en salud, educación, etc.) que los Gobiernos de Zapatero y Rajoy aplicaron después de la crisis financiera. Estas reglas se congelaron  en marzo de 2020 a causa de la pandemia del COVID y  se ampliaron con la guerra de Ucrania y la crisis energética. Ahora, después de 3 años de carta blanca, llega el momento de saldar las cuentas.

Mientras que se enfrentan dos bloques en el consejo de ministros, por un lado, Alemania y Países Bajos exigiendo menos "flexibilidad" fiscal, y por otro, España con apoyo de Francia e Italia insistiendo en reglas más laxas en el tiempo y con más margen para inversiones públicas, en el Parlamento Europeo se trabaja para presentar su documento final el 12 de octubre 2023. Aunque hay puntos en disputa, todo apunta que en los primeros meses de 2024 volveremos a las reglas fiscales prepandemia. La novedad será que tendremos un plan para cada país para acordar las medidas fiscales, pero su elaboración, a cargo de la Comisión Europea y los Gobiernos de cada Estado miembro no contempla la participación democrática en su diseño.

La vuelta a las reglas fiscales debería inquietarnos, ya que actualmente la mayoría de los países europeos están muy por encima de la deuda pública permitida. Pero no solo los estados miembros se han embarcado en el endeudamiento como solución fácil y rápida para financiar sus gastos en los últimos años (y década). También la propia Unión Europea ha emitido deuda desde 2020 a inversores privados, una deuda avalada por el presupuesto europeo, o sea los 27 países son responsable de devolver el dinero a fondos de inversión  como Blackrock. En concreto, desde junio de 2020, la Unión Europea ha emitido la suma de 495.301 M€ en deuda que tendríamos que devolver hasta 2053.

 Vencimiento de los Eurobonos

Este dinero recaudado en los mercados financieros, nos lo transfiere Bruselas, entre otros, con fondos como los   Next Generation EU. Así, en última instancia, tanto las subvenciones como los préstamos que nos están llegando para invertir en la transición "verde" y digital es dinero prestado, es decir, hipotecamos a nuestros hijos e hijas, a la próxima generación, que deberá devolver ese dinero.

Pero en el texto de la reforma del marco fiscal, se introduce otra novedad: La Comisión Europea reconoce que no es deseable repetir los errores del pasado y volver a reglas fiscales demasiado rígidas que imposibilitan las inversiones públicas en un contexto de emergencia climática, crisis energética y guerra. Así, respaldado por el Consejo y la mayoría del Parlamento Europeo, se propone incluir en los planes nacionales de ajuste de deuda, el gasto público en armamento, seguridad energética y inversiones en la transición "verde" y digital como prioridades, ante, por ejemplo, el gasto social o la conservación de la biodiversidad.

Desde la sociedad civil debemos monitorizar, incidir y denunciar propuestas que no tienen en cuenta ni a las personas ni al bienestar del planeta. En marzo de 2023, más de treinta organizaciones enviamos una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitando una serie de medidas para que la reforma del marco fiscal europeo, responda a los retos de una transición ecológica justa. Seguimos insistiendo que las reglas fiscales deberían reforzar la democracia, transparencia y participación de los parlamentos y de la sociedad civil en el proceso de la elaboración de los planes y en el semestre europeo. Deberíamos ir más allá del PIB como medida macroeconómica de progreso y transitar hacia una economía resiliente y del bienestar. Hay que garantizar la inversión social en línea con la Carta Social Europea y la transición ecológica justa necesaria para cumplir el Acuerdo de París y la Convención de Biodiversidad e incorporar el principio de "No Generar un Daño Significativo" al medio ambiente para todas las inversiones, gastos y reformas, que incluye entre otros, la abolición de los subsidios fósiles.

Por otro lado, nos tenemos que hacer escuchar: Ante el planteamiento actual de reglas fiscales que llevarán a una nueva ola de austeridad teñida de verde es más importante que nunca manifestarse en las calles como estos días miles de personas lo están haciendo en Granada, reclamando que "Otra Europa es posible" y necesaria.