En las últimas horas se ha celebrado en Madrid una reunión de Alto Nivel en el marco de la presidencia española de la UE que ha respondido a los máximos responsables de la misma con el objeto de abordar en profundidad la cuestión de los cuidados en nuestra sociedad. Reconozco mi sorpresa ante la nula atención dedicada en el debate público frente a lo que se me antoja un asunto esencial que, como sociedad democrática y como estado social, hay que afrontar de manera inaplazable y que exige una reflexión colectiva y trasversal que afecta a la educación, la sanidad, el mundo del trabajo, el urbanismo y la economía.

La tarea de cuidar al otro forma parte de la esencia de la condición humana. es un hecho diferenciador que expresa nuestra naturaleza como ser social y que constituye la estructura básica y primaria de la colectividad que componemos, nuestro modelo social. Las practicas individuales y colectivas destinadas a la supervivencia y el bienestar de los ciudadanos nos define como sociedad. Si lo trasladamos a cifras, asusta pensar que son millones las personas quienes necesitan o necesitamos cuidados alguna vez en la vida, o de manera permanente, millones quienes los prestan, ingentes las perdidas en términos de esfuerzo individual y, desgraciadamente, enormes también los beneficios económicos que arrojan al mercado cuando se privatizan.

Parece que no queremos ver que la feminización de los cuidados es uno de los ejes que sostienen la desigualdad estructural en nuestro país. Tras décadas de lucha feminista, aun ocho de cada diez personas que cuidan son mujeres, con sus correspondientes atribuciones de tiempo, de trabajo no remunerado y, en definitiva, de renuncias. No es que cuidar a quien quieres no produzca satisfacción, es que además de eso conlleva limitaciones en cuanto al trabajo, a las carreras de cotización, al ocio, y repercusiones en la salud mental para los cuidados de larga duración. Una sociedad patriarcal que reproduce esquemas de comportamiento y roles que define como naturales, pero que no son más que una construcción cultural interesada que distorsiona lo que debería ser un reparto igualitario de las tareas. La atención a la familia, las enfermedades y la ancianidad recaen muy mayoritariamente sobre las mujeres de manera solitaria e invisible.

Junto con la sanidad, la educación y las pensiones, los cuidados se erigen en pilar del Estado del bienestar. No es objeto de cuestión que tenemos el derecho y la obligación de cuidar, de ser cuidados y de hacerlo bajo la protección de las políticas públicas decididas y dotadas de recursos. La externalización de elementos tan importantes se relevó en la pandemia como insuficientes y crueles. La tranquilidad en esos momentos no puede ser objeto de negocio, como no es aceptable la institucionalización deshumanizada, ni la soledad o el abandono por falta de recursos.

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Los cuidados no apelan a la caridad, sino a los derechos. En concreto, a los derechos humanos y a la Constitución, que nos define como estado social y garantiza la igualdad efectiva y, desde luego, la dignidad de todos nosotros y nosotras. Estos derechos no se cumplirán en tanto haya personas que necesiten ser cuidadas y cuidadoras al borde de la extenuación, tampoco con profesionales del cuidado mal pagados. Es momento de pasar de las estrategias, de los grandes documentos propositivos y de los proyectos piloto a la puesta en marcha de servicios universales y gratuitos que nos permitan salir de este bucle y superar esta asignatura pendiente.