La sentencia del Tribunal Supremo sobre la propiedad del Pazo de Meirás, reclamado por los Franco, después de que un juzgado de A Coruña nos lo devolviera hace cuatro años, no debería tardar.

Marta Canales fue la magistrada del juzgado coruñés de primera instancia que firmó la sentencia para enmarcar del 2 de septiembre de 2020, con la que, sin más contemplaciones, devolvió el palacio al patrimonio público. La jueza tuvo en cuenta la "mala fe" de quienes hasta intentaron vender el Pazo ofreciéndolo en un portal inmobiliario mientras el procedimiento judicial se preparaba en 2018.

Tras el recurso de los nietos del dictador, que se niegan a perder lo que no era suyo, la audiencia provincial de A Coruña ratificó la sentencia en febrero de 2021 sobre la propiedad pública del inmueble, pero declaró a los Franco propietarios de "buena fe" por lo que habría que indemnizarles por los gastos útiles y necesarios que demuestren. Ahora es el Supremo el que tiene que ratificar o no que los Franco pierdan o vuelvan a ganarnos.

Fuentes cercanas al caso creen que sería paranormal que el Supremo negara lo que quedó probado: que la escritura fue fraudulenta, que los gallegos –tras una cuestación popular forzosa en plena guerra en 1938– se lo regalaron al Caudillo como jefe del Estado, no como Francisco Franco, y que el inmueble fue siempre tratado como residencia oficial, por él y sus herederos.

Las mismas fuentes dicen que lo que de verdad está en juego es la compensación que pudieran llevarse los Franco por el "estado posesorio" desde 1975, cuando empezaron a pagar parte de los gastos. Antes todo lo pagamos todos y cuando digo todo es absolutamente todo sin excepción.

Si, como algunos temen, el tribunal decide compensarles por lo que sea que se hayan gastado desde que Franco murió –rehabilitación por un incendio incluida– será llamativo ver cómo argumenta que les paguemos lo que gastaron, sin que ellos abonen ni un euro de alquiler por el uso y disfrute de tremendo casoplón ajeno, durante casi medio siglo.

Además habrá que descontarles el valor de las visitas al inmueble que no permitieron entre 2008 y 2011, después de que el primer Gobierno no pepero de la Xunta de Galicia, el del socialista Emilio Pérez Touriño, declarara al pazo Bien de Interés Cultural (BIC), obligando así a sus todavía propietarios a abrirlo cuatro días al mes para visitas. La Consellería de Cultura y el Concello de Sada, donde está el palacio, en manos del BNG, fueron los que tramitaron y pelearon esa declaración histórica. Visitarlo siempre ha sido gratis por mandato legal. Su valor es sentimental y, por lo tanto, mucho más valioso.

Si hay que ponerle precio a todo, como quieren los Franco, habrá que tasar también la humillación de los gallegos y, por extensión, de todo el pueblo español, por esperar tres años más, después de casi cuarenta de dictador y casi cincuenta de democracia megalenta esperando.

Otro pleito del que se espera sentencia en breve es el que está en primera instancia por los bienes que quedaban en el inmueble que construyó Emilia Pardo Bazán y que los Franco usurparon. De momento, después de muchos dimes y diretes, el Estado los tiene guardados por más que los nietísimos amenazaron con llevárselos.

Las asociaciones de la memoria consultadas creen que es un pleito menor, que el gran expolio de las Torres de Meirás ya se ejecutó entre 1975 y 2022. Tienen fotografías de cuadros, de regalos de Estado, de tallas medievales, incluida una virgen del siglo XII, que se llevaron antes de que se hiciera el inventario por el que siguen peleando.

La otra gran propiedad pendiente de devolución es la Casa Cornide en el centro de A Coruña, que los Franco también intentaron vender cuando empezó la movilización por su recuperación. Pusieron un anuncio en un portal inmobiliario de lujo pidiendo 3,5 millones de euros en 2020. Lo retiraron pronto, igual que el otro. Seguramente alguien les advirtió que casaban mal con la argumentación de sus abogados sobre su "buena fe" en la gestión del conflicto.

La casa Cornide también se la regalaron –en este caso a Carmen Polo en 1962– para que tomara café en la ciudad con sus amigas. En aquella ocasión tuvieron más cuidado con el papeleo y por eso será aún más difícil y larga su recuperación, si finalmente se pelea cómo se debería.

Esta casona preciosa, de la ilustración gallega del siglo XVIII, que era del ayuntamiento y que iba a ser el conservatorio de la ciudad, fue subastada y adjudicada aquel año a Pedro Barrié de la Maza, el dueño del Banco Pastor y de Fenosa, el financiero del ejército sublevado, por 305.000 pesetas. Al día siguiente se la vendió a la señora dictadora por 25.000, un 1220% menos.

En abril de 2023, a punto de expirar el plazo, fue declarada BIC (Bien de Interés Cultural) por la Xunta de Galicia. Todavía no se ha abierto al público los cuatro días al mes debidos, aunque deberían haberlo hecho desde la aceptación del expediente en 2021.

El pasado abril también el ayuntamiento anunció una revisión de oficio de los actos administrativos relativos al cambio de titularidad de este inmueble. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña ha lamentado en una nota de prensa la demora injustificable de esa revisión que "nunca tendrá efectos jurídicos". Denuncian la pasividad de las instituciones estatales, autonómicas y locales que todavía no han presentado ninguna demanda en ningún juzgado sabiendo que "la vía civil es el único camino".

Y a ver si los Franco, en su afán por acaparar lo que dicen suyo, se llevan algo que les pertenece y que nadie osará discutir: el Arco del Triunfo de Madrid, que todavía hoy, en contra de la ley de Memoria Democrática, los sigue celebrando a las puertas de la Moncloa para desgracia de todos los demócratas. ¡Que lo pongan en uno de sus jardines, que seguro que tienen para elegir y les va a quedar precioso!