El pasado domingo tuvo lugar la manifestación más masiva a favor del derecho a la vivienda desde que tengo uso de razón. Miles de personas, más de 150.000 según los organizadores, tomaron las calles de Madrid al son del tintineo de llaves en alto, cánticos sobre el derecho a techo, y reivindicaciones en contra de la especulación inmobiliaria. Organizaciones, sindicatos de vivienda y laborales, asociaciones de vecinas, personas de todas las edades con mayoría de entre 25 y 35 años, se movilizaron por el derecho a la vivienda y está vez, por fin, no nos conocíamos todas. Una marcha que desbordó lo previsto por los propios convocantes, quienes además tuvieron ocasión de expresar reivindicaciones diversas bajo un denominador común: la vivienda es derecho, no un negocio. Un evento de época.

Tras la marcha, como es de costumbre tras una manifestación dominguera, mucha gente se fue a tomar una caña y las conversaciones que se escuchaban en los aledaños de Gran Vía iban todos en la misma dirección; "lo de hoy ha sido histórico, no recuerdo ninguna otra mani así de vivienda", "ni las de V de Vivienda, ni las de la ILP", "lo peor que podría pasar ahora es que no pasara nada".

Sobre lo que debería suceder ahora es probable que se escriban decenas de artículos de opinión, aquí uno más, y se pronuncien todólogos de todo tipo en programas de televisión y radio apuntando soluciones mágicas con una máxima en común y es que todo esto se soluciona aumentando la oferta y, por ende, construyendo más. ¡Cómo si esa vieja receta de liberalizar más suelo y poner más ladrillos no nos hubiera estallado en la cara allá por el año 2008!

Recuerden que durante aquellos años en este país se construyeron más viviendas que en Francia y Alemania juntas y, lejos de bajar los precios, se inflaron tanto que al final la burbuja se pinchó, miles de constructoras quebraron, los bancos fueron rescataron y a muchas familias trabajadoras las desahuciaron. En definitiva, las expectativas y la avaricia especulativa se desbordaron.

Puede, incluso, que estos días salga el Presidente del Gobierno anunciando alguna medida abocada al fracaso, como subvencionar el rentismo en forma de bonos de ayuda al alquiler, oh wait! que eso ya ha sucedido, o que aparezca la Presidenta de la Comunidad de Madrid hablando de defender la libertad contra el comunismo- siempre con la misma cantinela- sin ser consciente ni ella misma que, efectivamente, las políticas más exitosas en materia de vivienda son las que están precisamente en las antípodas de las suyas y están protagonizadas por la Viena roja. Sin embargo, el riesgo real sigue siendo el mismo que se escuchaba durante el vermut del domingo- que más allá de declaraciones y twits- no pase ni cambie nada.

La desafección hacia lo institucional empieza a calar y no por una cuestión estrictamente ideológica, que en algunos casos también, si no por la incapacidad manifiesta, el bloqueo a la posibilidad de que algo cambie de verdad y la vivienda se regule como un derecho universal. Que las mayorías parlamentarias, el reparto competencial, las dificultades técnicas son obstáculos reales que impiden cambios profundos ya lo sabemos, pero que la sociedad civil organizada y las organizaciones populares y sindicales no se van a conformar con que haya una justificación de inmovilismo, por muy real que sea, también. Ni pueden, ni deben hacerlo. Ahí está el lema de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para recordárnoslo "Sí se puede, pero no quieren".

Llegados a este punto la pregunta es ¿qué hacemos ahora?

Desde el punto de vista institucional parecen claras las medidas que deberían abordarse cuanto antes, mientras se va consolidando un verdadero parque de vivienda protegida (del mercado): impedir la compra especulativa de viviendas que no sean para residir en ellas o para ofrecerlas en alquiler de larga duración, prohibición y clausura de viviendas de uso turístico -no basta con registrarlos-, aumento de la fiscalidad hacía la vivienda vacía y las SOCIMIS que actualmente no pagan ni impuesto de sociedades, modificación de la ley de vivienda para que los municipios puedan declarar zonas tensionadas y aplicar la regulación de precios, reformar el alquiler de temporada y de habitación,  cesión obligatoria del uso de vivienda vacía, modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para incluir el alquiler indefinido e incluso plantear una reforma constitucional para que la vivienda sea considerada y garantizada como Derecho Fundamental, porque aunque parezca sorprendente aún no lo es y de esos polvos, estos lodos.

Sin embargo, parece difícil que todas esas medidas puedan adoptarse con la celeridad que requiere la situación, máxime teniendo en cuenta que el brazo político de la especulación actúa con suma eficacia y parece tener secuestrados los parlamentos.

Es por eso que organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas están llamando a iniciar un camino diferente. Un proceso hacia la huelga de los alquileres, una acción de desobediencia civil colectiva que no va de que una inquilina deje de pagar por su cuenta y riesgo -si hace eso, con toda probabilidad, la desahuciarán- si no que miles de inquilinas se organicen para pagar por un piso lo que es justo.

¿Y cuánto es justo? Si me preguntan a mí, creo que el precio del alquiler debería relacionarse con los ingresos del inquilino, en una especie de pacto de rentas con máximos en torno al 20% de los ingresos disponibles. Sin embargo, lo más a mano que tenemos puede ser el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda, publicado por el Ministerio de Transportes en marzo y que cuenta con una web accesible en la que consultar la referencia para cada vivienda. Cualquiera que haya consultado este índice habrá visto la distancia con los precios de mercado.

Ese límite justo es sobre todo sentido común, algo más que razonable que deberían haber aplicado las administraciones y que, ante su inacción o dejadez o complicidad (cada vez importa menos), podría ser utilizado por las organizaciones del nuevo sindicalismo de vivienda como referencia para la negociación colectiva.

Una huelga de alquileres es un terreno inexplorado, una medida de presión colectiva que pone encima de la mesa la injusticia de que los salarios de la población inquilina sean expropiados, mes a mes, por un sistema rentista que permite a muchos pisotenientes "vivir del cuento" y sobre todo hacerlo a costa del sudor del otro. Lo más parecido a la explotación y el extractivismo en el siglo XXI.

Por eso, la huelga de alquileres podría constituir un acto legítimo y político que deberá tener una respuesta colectiva y también política. El inicio de un cambio profundo inspirado en el sindicalismo laboral y que cuenta con precedentes en sitios como Nueva York, Buenos Aires, Barcelona o Glasgow, lugares donde este tipo de actos de desobediencia civil surtieron efecto provocando negociaciones colectivas y bajadas de precios de los alquileres. Una acción política, tan legítima como necesaria, para conseguir un objetivo de orden universal y, además, de rango constitucional: acceder a una vivienda digna.

Eso sí, prepárense para horas y horas de tertulias alegando todo tipo soflamas, debates sobre la ilegalidad de la huelga por muy legítima que sea, y sobre todo voces atemorizando a todo aquel que se plantee hacerlo pero, atención, el mero hecho de debatir sobre  la posibilidad de hacerlo, el recordatorio ante la opinión pública de quién tiene la sartén por el mango, el proceso en sí mismo, y la cara de miedo del fondo de inversión de turno, es ya un éxito colectivo que nos marca el camino y nos debiera dar alguna pista para responder colectivamente la pregunta de ¿y ahora qué hacemos con esto de la vivienda?