El problema principal del ‘caso Errejón’ es la persistencia de la desigualdad de género y el abuso de poder machista de ciertos varones para imponer y preservar sus ventajas relacionales, acompañado de la permisividad o la inacción de distintos sectores sociales, así como de ciertas estructuras jerárquicas y patriarcales. Frente a ello, nos encontramos con una mayor conciencia feminista y el empoderamiento de la mayoría de mujeres, que avanzan en sus derechos igualitarios, lo que posibilita que las mujeres "rompan el silencio", denunciando sus experiencias de abuso, y que amplios sectores sociales exterioricen su rechazo al machismo.

El foco del problema y la respuesta justa

Durante estos días ha habido múltiples interpretaciones sobre los hechos y las soluciones. Hay una pugna analítica por situar el marco del problema, del que se deduciría la respuesta. Valgan estas líneas sobre algunos argumentos publicados que consideramos desenfocados, para la reflexión oportuna.

Estamos ante un colapso moral, sí: el comportamiento machista en sus relaciones sexuales de un gran referente político progresista y supuestamente feminista que, una vez rota su impunidad y destapada su conducta agresiva reiterada, intenta relativizarla, echando balones fuera sobre sus causas, sin responsabilizarse de ella y sin apostar claramente por corregirla. No parece ser un hecho aislado, por otra parte, sino un patrón continuado de dominación impositiva desde posiciones de poder, al menos de una década, según los testimonios aparecidos. Es una actitud antifeminista, de abuso de poder y de falta de ética y coherencia política. Por el contrario, la denuncia pública y el clamor crítico existentes expresan un hecho positivo: la amplia conciencia feminista, base de una justa indignación moral y política, de la que hemos hablado antes.

Por otro lado, se observa el inadecuado tratamiento de la dirección de las organizaciones a las que ha pertenecido -Más Madrid/Sumar- con su pacto de silencio sobre esa conducta agresiva, conocida públicamente, al menos, desde la campaña preelectoral del 23 de julio de 2023. Una reconocida insuficiencia, motivada por la prioridad de los intereses partidistas, en previsión de su negativo impacto electoral. Esa inacción se agravó incluso con su amparo institucional y el posterior ascenso en su representación, hasta que ha explotado mediáticamente, tras la credibilidad de los testimonios y el reconocimiento de los hechos por el propio diputado. Es en este momento cuando esas direcciones se desentienden del portavoz parlamentario y se le exige su dimisión. Se le atribuyen responsabilidades individuales y se persigue el control de daños colectivos. Se ha hundido el prestigio de un personaje político con pies de barro, que había sido alabado y aupado por esos mismos actores fácticos. La prioridad del interés partidista ahora exige ese distanciamiento: ya no suma, sino que resta al proyecto político.

Ni la denuncia pública ni la exigencia de dimisión pueden considerarse de ninguna manera linchamiento, sino justa indignación social. Por el contrario, es ese comportamiento machista y su intento de justificación posterior, junto con el descrédito público que han provocado, lo que le incapacitan para desempeñar una función pública y representativa, al menos por un periodo largo, sin presuponer su capacidad de recuperación. Tampoco se puede hablar de punitivismo en la respuesta social, a expensas de lo que la justicia, con todo tipo de garantías procesales, dictamine. Su dimisión forzada/voluntaria es justa y el reproche moral y cívico, expuesto globalmente por la izquierda y el feminismo, es equitativo, adecuado a la dimensión de la falta y la relevancia de su trascendencia política. No hay condena civil de por vida; sencillamente, ha merecido terminar una etapa como líder político progresista.

Somos conscientes de que, también, desde algunas redes sociales, se ha aprovechado el caso para divulgar posiciones reaccionarias contra la diversidad sexual, exigir penas desproporcionadas o, simplemente, insultar y descalificar a las izquierdas, al feminismo, incluso a las propias mujeres que denuncian. Por supuesto, existen bulos, desinformación y calumnias, en este ambiente de crispación política y ofensiva mediática y judicial de las derechas extremas, que han tenido impacto en varias esferas y personas progresistas. Las derechas políticas y mediáticas pretenden incrementar sus beneficios electorales y de influencia a costa de la incongruencia política y feminista del personaje. Hay que rechazar esa dinámica acusatoria sin fundamento y por motivos espurios y garantizar la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho.

Ahora bien, el grueso de la opinión publicada en los medios progresistas, liderada por varias periodistas feministas, no supone linchamiento moral ni punitivismo ni desconsideración a los derechos humanos. Denota, más bien, lucidez analítica y normativa y en, todo caso, frustración por la persistencia machista y la hipocresía existentes en determinados componentes de las cúpulas de la izquierda. Frente a los discursos manipuladores de las derechas, la posición socialista, la morada y la de otras fuerzas de izquierda han sido prudentes al avalar la dimisión y señalar sus responsabilidades. La rotunda expresión del feminismo, rechazando esa actuación machista y prepotente, tampoco es la responsable del perjuicio colectivo que para las bases sociales progresistas y el proyecto de cambio encarnaba este portavoz parlamentario de Sumar.

Avanzar en la transformación feminista y democrática

Así pues, no es admisible intentar cambiar el foco de la conversación pública, poniendo el acento en la crítica a las exigencias feministas y cívicas. Ello solo impide la obtención de un diagnóstico real de los hechos y, en consecuencia, evita la asunción de responsabilidades políticas y orgánicas, así como la adopción de las necesarias medidas correctoras y la oportunidad de cuestionar las relaciones sustentadas en el dominio masculino para establecer unas relaciones igualitarias, tanto en la sociedad en su conjunto como en el seno de las organizaciones sociales. Es una oportunidad para transformar las estructuras partidarias en un sentido feminista y democrático.

Minusvalorar el hecho fundamental o su tolerancia en los aparatos partidarios, así como justificarlo con causas estructurales -el patriarcado, el neoliberalismo, la responsabilidad institucional...-, al estilo de la propia carta auto justificativa de Errejón, solo añade gravedad ética y política a quienes esto sostienen. ¿Se pretende con ello evitar las responsabilidades políticas, individuales y colectivas, con sus negativos efectos electorales e institucionales? No creemos que esto sea posible. Pensamos, sin embargo, que este discurso, que no contempla una profunda crítica de lo acontecido, solo abunda en la desconfianza pública, al menos, de los sectores feministas y de izquierdas, sus bases sociales, con el efecto de su desapego.

Siguiendo las pautas de la cultura cristiana, todavía influyente en gran parte de la sociedad, ni se ha hecho examen de conciencia -no se ha reconocido suficientemente el daño causado a las víctimas, al feminismo y al espacio político del cambio-, ni ha habido dolor de los pecados -no se ha mostrado pesar por el lamentable comportamiento machista-, ni ha habido propósito de la enmienda. Solo existe la merecida penitencia pública impuesta, y esto es algo que no se puede deslegitimar desde una perspectiva feminista y democrática, porque representa la respuesta social contra la lacra de la violencia machista y en defensa de los derechos humanos.

Hemos asistido a unos hechos que merecen ser calificados como falta social y, quizás, como delito: ahí están los tribunales para juzgarlo, con las garantías jurídicas pertinentes, incluidas la reparación y la justicia restaurativa. Ambas repuestas -la social y la jurídica- son complementarias y deben ser proporcionales, con la mirada puesta en la reparación de las víctimas y en la recuperación del propio victimario, así como en la ejemplaridad pública, la educación moral igualitaria y feminista de la sociedad y el respeto a los derechos humanos.

La amplia conciencia feminista, fortalecida en esta cuarta ola y reforzada por el criterio del consentimiento en las relaciones sexuales, ha supuesto una exigencia ética extraordinaria para evitar el silencio o la contemporización y está siendo una intervención positiva para la política y el feminismo, no negativa.

El intenso debate de las últimas semanas en torno al ‘caso Errejón’ está sirviendo para reforzar la agencia femenina en las relaciones sexuales, dado el manifiesto rechazo social a un comportamiento sexual de dominio masculino y la defensa de unas relaciones consentidas. Posibilita, por otro lado, que los hombres se cuestionen su posible sexualidad abusiva. Todo esto está permitiendo, además, divulgar una crítica a la justicia que tenemos, a cómo se impone a las mujeres víctimas de violencia machista a pasar por una revictimización si acuden a ella, lo que les obliga (además de otros muchos condicionantes) a eludir la denuncia. Al mismo tiempo, se pone de manifiesto la necesidad de buscar cauces de acceso para que las mujeres puedan expresar una presumible situación de violencia, sus miedos, sus dudas... que no signifiquen más tortura y que, a la vez, les ayuden a encontrar razones y empoderamiento.

La enseñanza partidaria es que no sirven los protocolos contra la violencia ni la paridad representativa aprobados por las organizaciones como mera formalidad. Es necesario un convencimiento real de la importancia de la aplicación de esos mecanismos, un fuerte compromiso igualitario, con mayor influencia y autoridad de las mujeres feministas y de las prácticas democráticas, en una transformación continuada y profunda. Es la forma de recuperar la credibilidad perdida, especialmente en una fuerza de izquierdas, y contribuir a un auténtico cambio de progreso. Para ello se necesita más feminismo, no menos.