Opinion · Consumidor indignado

El fraude del acceso a internet light

Hablar por teléfono puede salirnos gratis si utilizamos servicios basados en la tecnología VoIP que permiten las conexiones a Internet. Y hay a quienes eso no le gusta nada.

Las grandes compañías de telecomunicaciones hicieron bien poco (afortunadamente) ante el auge de las redes de pares (P2P) y el resto de inventos que han permitido el intercambio o la descarga gratuitos de contenidos protegidos por derechos de autor. Porque el hambre de cultura gratis ha servido a las telecos para forrarse a costa de la industria del cine y de la música al saciarnos con conexiones cada vez más rápidas (y caras). Lamentablemente, cuando ya se han valido de las descargas para crearnos la necesidad de usar Internet a todas horas, algunas telecos se han convertido en defensores del copyright y han optado por impedir el uso de aplicaciones P2P (el gremio de instaladores de vallas en el campo no para de crecer).

En los últimos años se ha producido otra revolución en las comunicaciones a través de la red de redes. Del correo electrónico, el chat y la mensajería instantánea de texto hemos pasado a las conferencias online de voz y vídeo. Y gratis; o, al menos, pagando sólo el coste de la conexión a Internet si no tenemos acceso a una red wifi gratuita. Pero como ya no necesitan la ayuda de terceros para convencernos de que contratemos el acceso a la Red, muchas operadoras están haciendo lo posible para que quien quiera charlar tenga siempre que pasar por caja (dos veces, si es posible).

Así que es muy frecuente encontrarse ofertas de empresas de telecomunicaciones en las que está restringido el uso de los servicios de voz sobre IP que ofrecen plataformas como Skype, Google Hangouts, Viber o Facebook. Los proveedores sólo permiten hablar por el móvil pagando las llamadas o exigen el pago de una cuota extra para utilizar la VoIP.

Limitar las posibilidades que ofrece un producto o servicio es un fraude a los consumidores, ya se trate de la obsolescencia programada que se introduce en numerosos aparatos para que dejen de funcionar pasado un tiempo o de bloquear un teléfono móvil para que sólo pueda utilizarse con la compañía que nos lo vende. Si los avances tecnológicos nos han abierto las puertas a comunicaciones que antes sólo permitía la telefonía, ¿quiénes son las operadoras para capar el acceso a Internet? Es lo mismo que intentar imponer hoy en día que un móvil sólo sirva para hablar y no para escuchar música o la radio, ver y hacer fotos, grabar y reproducir vídeos, conectarse a Internet… Aunque si no fueran las propias compañías de telecomunicaciones las que nos venden los móviles, cualquiera sabe qué barbaridades se les ocurrirían.

En la Unión Europea, uno de cada cuatro operadores móviles restringían las llamadas de VoIP en 2012, según desveló un estudio de los organismos reguladores. Algo más de la mitad de ellas lo impedía técnicamente y el resto simplemente indicaba en sus contratos que prohibía usar las aplicaciones para hablar por Internet. En cuanto al tráfico P2P era limitado por una de cada tres compañías en móvil y dos de cada diez en telecomunicaciones fijas.

Por poner dos ejemplos, en España, a finales de 2013, Vodafone impedía usar la voz sobre IP en varias de sus tarifas de móvil y en la mayoría de las ofertadas por Yoigo se exigía una cuota aparte de 7,26 euros (Una tarifa desproporcionada por 100 megas de conexión para llamadas de Voz IP, el equivalente a unos 600 minutos según la compañía).

En noviembre de 2011, la autoridad británica que regula las comunicaciones (Ofcom) instó a las operadoras a que dejasen de llamar «Acceso a internet» a servicios en los que prohibiesen la VoIP o el P2P. No les prohibió capar las conexiones, pero sí que hiciesen publicidad engañosa de su internet light.

Lamentablemente, no todos los gobiernos actúan así. La mayoría no hace nada. Y otros contribuyen a la censura. En mayo de 2012, el Gobierno etíope del ya fallecido Meles Zenawi declaró ilegales los servicios de VoIP bajo amenaza de hasta 15 años de prisión. Utilizando la manida excusa de preservar la seguridad nacional, la medida sólo pretende someter a los ciudadanos a la censura y, de paso, garantizar los ingresos de la única compañía de telecomunicaciones del país, la pública Ethio Telecom. La prohibición afecta igualmente a cualquier servicio de comunicaciones (como Facebook, Twitter, Gmail…) fuera de los ofertados por el monopolio. El operador estatal también tiene capado el acceso a la red Tor, imposibilitando que el 0,8% de ciudadanos que puede acceder a Internet navegue de forma anónima para escapar del control gubernamental.

Pero la censura gubernamental en la Red se practica en decenas de países a distintos niveles, tanto por motivos comerciales como políticos. En su Informe 2013, Reporteros sin Fronteras declaró “enemigos de Internet” a Siria, China, Irán, Bahréin y Vietnam por practicar “una vigilancia activa e intrusiva y que permite graves violaciones de la libertad de información y de los derechos humanos”. Y ello sin hablar del espionaje a los ciudadanos, una pandemia a nivel mundial donde reina la República de los Estados Unidos de América.

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Éste es uno de los #101fraudes tratados en el libro de Rubén Sánchez DEFIÉNDETE.