Aún sigue existiendo demasiada confusión con el salario de los altos cargos, las retribuciones de los expresidentes y exministros, las pensiones, el sueldo, la declaración de patrimonio y las actividades extraparlamentarias de los diputados en activo. En 30 años de democracia no hemos logrado que los políticos hablen con claridad de estos asuntos. Se ha demostrado que unos cuantos corruptos tenían mucho que ocultar, pero la mayoría se resiste al considerarlo, erróneamente, un asunto privado. No lo es, porque les financia el Estado, es decir, los ciudadanos con sus impuestos. Esa dependencia les obliga a rendir cuentas y a que la procedencia de sus ingresos sea fiscalizada hasta el último céntimo.
La transparencia frena la corrupción y el despilfarro. Todos los grupos parlamentarios la defienden, pero no se han puesto de acuerdo a la hora de aplicar el régimen de incompatibilidades, la publicidad de sus bienes o la reforma de sus pensiones. La dignificación de la política, que algunos proclaman, es incompatible con la opacidad.
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