Por Pablo Mayoral, miembro de La Comuna.

La "Topografía del terror" es un espacio de la historia contemporánea alemana y europea situado en el centro de la ciudad de Berlín. En base a unos mínimos restos de los edificios que albergaron la oficinas de la Gestapo, las SS y la oficina de seguridad del Reich, se construyó en 1987 un centro de documentación de los crímenes nazis, que atrae a cientos de miles de visitantes cada año. La dictadura franquista, a imagen y semejanza del terror implantado en Alemania a partir de 1933, también tuvo su policía política (Brigada Político Social), con sus habituales métodos de tortura. Se estima que en 1968 la BPS tenia cerca de 22.000 miembros que utilizaban la tortura como método habitual contra los detenidos. Por otra parte, la Guardia Civil aumentó considerablemente sus efectivos, a partir de 1940, llegando a contar con casi 50.000 miembros centrados en la lucha contra la subversión en todo el territorio del Estado español. A pesar de este importante despliegue de terror contra los que se enfrentaron a la sanguinaria dictadura de Franco, en España no hay ni una sola mención oficial de denuncia de la tortura practicada de forma generalizada y sistemática por la policía política del régimen y la Guardia Civil. Tampoco hay un lugar de documentación en el que se puedan ir añadiendo testimonios directos de las miles de personas que fueron víctimas de este delito de lesa humanidad durante la dictadura- Algunos de los detenidos fueron torturadas hasta la muerte, como Enrique Ruano, asesinado en los interrogatorios policiales en 1969 y Cipriano Martos, muerto a consecuencia de los terribles daños internos que le provocó el ácido sulfúrico que fue obligado a beber en el cuartel de la Guardia Civil de Reus, en 1973.

Todo lo que se ha hecho contra la tortura ha sido posible por la valentía y coraje de decenas de mujeres y hombres, que han denunciado a los torturadores que se ensañaron con ellas y ellos por luchar contra la dictadura franquista. Recientemente ha fallecido Antonio González Pacheco, conocido como el torturador "Billy el niño", sin ser juzgado a pesar de estar imputado en la querella argentina y a pesar de que contra él existía una orden de busca y captura, emitida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional núm. 1 de Argentina, e incluso una solicitud de extradición, al igual que contra otros torturadores del franquismo, que no fue atendida por la Audiencia Nacional ni por el gobierno español. Es decir que, desgraciadamente, ni hubo detención ni hubo extradición. Otros tres torturadores, Francisco Franco Celso Galván, José Antonio Giralte y Atilano del Valle Oter también han fallecido; pero hay siete más, de la policía y Guardia Civil, contra los cuales pesan las mismas órdenes de busca, captura y extradición para su enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad en ese mismo juzgado de Buenos Aires. Son estos:

Jesús González Reglero: por haber participado en presuntas torturas infligidas, el 20 de febrero de 1975, a Alfredo Rodríguez Bonilla y Francisca Villar en la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Puerta del Sol de Madrid, sede de la BPS.

Ricardo Algar Barón: por presuntas torturas infligidas a José María Galante Serrano, quien relató que en su segunda detención, en la que permaneció diez días en la DGS, le habían tenido constantemente esposado a un radiador.

Pascual Honrado de la Fuente: por presuntas torturas infligidas a Gerardo Iglesias Argüelles, ex secretario del PCE y ex Presidente de Izquierda Unida.

Jesús Martínez Torres: por presuntas torturas infligidas a José Aznar Cortijo, quien fue detenido en el camino a Barcelona.

Benjamín Solsona Cortés: por presuntas torturas a Juan José López Hernando y a Francisco Camarasa Yáñez, el 23 de abril de 1971, durante el estado de excepción decretado por Franco en el que se suspendían los supuestos derechos recogidos en el Fuero de los Españoles.

Félix Criado Sanz: se sospecha que habría participado en las torturas denunciadas por Jon Etxabe Garitacelaya, quien refirió que fue detenido el 11 de abril de 1969 y estuvo siete días en comisaría siendo «salvajemente» apaleado.

Jesús Muñecas Aguilar: torturador de la Guardia Civil, imputado en la querella argentina y repetidas veces denunciado por ejercer la tortura contra decenas de vascas y vascos en el Informe realizado por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV sobre torturas y malos tratos en Euskadi entre 1960 y 2004.

Tenemos claro que con la muerte de Antonio González Pacheco no se acaba nuestra exigencia de justicia contra los responsables vivos de un sistema de tortura aplicado contra todas aquellas personas que osaban luchar para conseguir los mínimos derechos democráticos secuestrados por el régimen franquista. Como queda dicho, hay otros torturadores y deben ser juzgados. En Buenos Aires la jueza María Servini de Cubría está dispuesta a hacerlo y para ello el actual gobierno de España debe cumplir la ley y permitir que sean juzgados. Además, tres de estos torturadores también tienen procesos abiertos por torturas en el Estado español:

Pascual Honrado de la Fuente. Tiene tres denuncias por torturas, las tres inadmitidas a trámite por los juzgados de Asturias, dos de ellas también inadmitidas por el Tribunal Constitucional y otra esperando la resolución del recurso de amparo en este mismo tribunal.

Benjamín Solsona Cortés. Tiene diez querellas por torturas, nueve han sido inadmitidas a trámite por los juzgados valencianos, tres de ellas están recurridas ante la Audiencia Provincial y otra ha solicitado el recurso de amparo del Tribunal Constitucional.

Jesús Muñecas Aguilar. Tiene cuatro querellas por torturas en Donosti y seis querellas en Tolosa, todas ellas inadmitidas a trámite en los juzgados respectivos y recurridas en la Audiencia Provincial.

Estos procesos judiciales en Argentina y España son un atisbo de esperanza de que podremos conseguir que los torturadores se sienten en el banquillo de los acusados.

Existen otros casos también denunciados públicamente:
Antonio Garrido Fernández, acusado de practicar torturas contra militantes comunistas en Asturias, Barcelona y Madrid.
Genuino Navales García, responsable directo de innumerables detenciones, torturas y vejaciones contra trabajadores, estudiantes y ciudadanos en Barcelona.
Francisco Álvarez Sánchez que, además de torturador –ingresó en la Policía en 1966–, fue imputado como uno de los organizadores de el GAL.
Manuel Ballesteros participó en las torturas de numerosos militantes antifranquistas, entre ellos Antonio Palomares, que luego sería diputado. Estuvo investigado en la muerte de Joseba Arregui a consecuencia de las torturas sufridas en la comisaría.
José María Escudero Tejada ingresó en 1945 en la BPS y desde 1970 se especializó en la persecución de los grupos anarquistas de Barcelona. Un confidente le acusó de haber ordenado el ataque a la Sala Escala, donde se produjo un incendio en el que murieron cuatro afiliados de la CNT.
Francisco Luis Colino Hernanz, Celso Galván Abascal y Jesús Simón fueron los tres policías que detuvieron a Enrique Ruano, que resultó muerto en los interrogatorios. Fueron juzgados en 1996 y absueltos por "falta de pruebas" que la propia instrucción del sumario se negó a investigar. La familia acudió a la querella argentina.
José Matute Fernández, responsable de diversos episodios de palizas contra trabajadores y estudiantes en Tenerife. Fue condenado por torturas y por causar la muerte de Antonio González en una sesión de brutales torturas, en 1975. Posteriormente, fue amnistiado. Para mayor escarnio, cinco años después de este suceso fue destinado a la Inspección Central de Guardia de la DGS para "velar por la integridad física de los detenidos y evitar que fueran objeto de malos tratos".
Conrado Delso Pérez, "El Gitano". Uno de los torturadores habituales de la DGS de la Puerta del Sol.
Jesús Quintana Saracíbar. Capitán de la Policía Armada en 1976, imputado en la querella argentina por la muerte de cinco trabajadores. La Asociación "3 de Marzo" también se querelló contra él en España y, tras ser inadmitida la querella, en la actualidad ha sido presentada ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Luis Emilio Ávila. Subinspector de 2ª clase, denunciado por presuntas torturas a dos personas en Valencia.
Manuel Gómez Sandoval, era el jefe de la unidad encargada de interrogar a los estudiantes. Acusado en dos de las querellas que forman parte del sumario global de la querella argentina.

Casi una veintena de policías y guardias civiles, procesados o denunciados públicamente como torturadores, es motivo suficiente como para que el gobierno comience una labor de esclarecimiento y posible enjuiciamiento de todas las personas responsables de torturas durante la dictadura franquista. Después de casi 45 años desde la muerte del dictador, el Congreso de los diputados ha instado al gobierno a retirar las condecoraciones a conocidos torturadores, dándose el caso sangrante de que el Estado todavía paga mensualmente el importe de 115 medallas policiales, concedidas antes de 1979, a agentes de policía de la dictadura franquista.

En Portugal, tras la Revolución de los Claveles de 1974, la sede de la policía política de la dictadura portuguesa (PIDE), en Lisboa, fue rodeada y los policías abrieron fuego contra la multitud, matando a cuatro manifestantes. Este hecho dio pie a que la odiada policía política fuera disuelta y muchos de sus altos cargos fuesen encarcelados. Este es otro ejemplo más de cómo se podían haber hecho aquí las cosas. El mantenimiento de las mismas fuerzas represivas de la dictadura en la transición –con la colaboración de bandas parapoliciales de derecha–, provocó más de 100 asesinatos, entre 1976 y 1983, sobre todo de manifestantes y militantes de izquierdas que se oponían a la continuidad del régimen en forma de monarquía bajo una supuesta apariencia democrática. Igualmente, en el informe del Gobierno vasco ya señalado, queda certificado oficialmente que entre 1960 y 2004, solo en Euskadi, se produjeron 4.113 casos de torturas (el 35% de las personas torturadas fueron puestas en libertad sin cargos), aunque señalan en el mismo informe que son conscientes de que hay muchísimos más casos sin investigar, porque no se han podido acreditar muchos episodios de torturas de la época de la dictadura. Gracias el coraje de los torturados y sus familias, que eran constantemente amenazados si denunciaban, 49 torturadores fueron condenados. Desgraciadamente el 60% de estos criminales fueron posteriormente indultados por gobiernos del PP y PSOE.

En la actualidad, muchas asociaciones y organizaciones están trabajando intensamente para esclarecer cada uno de estos asesinatos de la transición y para llevar a sus responsables ante los tribunales de justicia por crímenes de lesa humanidad, que no pueden ser amnistiables (además, muchos de ellos se cometieron después de aprobarse la Ley de Amnistía) y, por tanto, no prescriben.

No perdemos la esperanza ni la fuerza para seguir luchando por la verdad, la justicia y la reparación, porque entendemos que son indispensables para garantizar la no repetición de la peor época de nuestra historia: la brutal dictadura franquista y la sangrienta transición que le siguió.