Por Ramón Alonso, miembro de La Comuna.

Al final de la vida Franco, los derechos ciudadanos: huelga, asociación, manifestación, expresión, continuaban sin ser contemplados en nuestro entorno legal. Su ejercicio era perseguido por la policía y la justicia. Sin embargo, las manifestaciones de resistencia se multiplicaban cada día en intensidad y frecuencia. El aparato policial y judicial había empezado a mostrar deficiencias y los organismos destinados a la represión: la Brigada Político Social, la policía armada, la guardia civil y los tribunales especiales eran incapaces de frenar las movilizaciones. Por más que la violencia policial, que siempre quedaba impune, provocase muertos (un mínimo de 50 entre 1969 y 1975), y que el número de heridos y detenidos se incrementase, por más que el número de procesamientos del Tribunal de Orden Público se hubiera multiplicado por 16, desde 267 a su inicio en 1964 a 4317 en 1975, por más que la extrema brutalidad exhibida en Euskadi en el estado de excepcion de 1975, la entrada en vigor del decreto ley antiterrorista y los monstruosos asesinatos del 27 de septiembre de 1975, la respuesta popular era cada día más amplia e intensa.

Además de las movilizaciones de origen social –laborales, académicas o profesionales–, había otros focos de conflicto: la situación en las nacionalidades históricas era conflictiva pero diferente en cada una de ellas. Las protestas y actos masivos eran la carta de presentación de la Asamblea de Cataluña, mientras que, en Euskadi, se daba una escalada represiva contra los movimientos sociales y nacionalistas que era contestada mediante movilizaciones y acciones armadas y en Galicia las movilizaciones habían sido laborales con incipiente influencia nacionalista.

Mención aparte merece la situación del Sáhara. Este territorio había sido declarado provincia española. Algunos saharauis tenían carnet de identidad, nacionalidad española e, inclusive, representación en las Cortes. Sin embargo, desde hacía varios años existían fuertes tensiones, con enfrentamientos armados entre la población y el ejército español.

En 1974, coincidiendo con la primera crisis grave de salud del dictador, se reactivan las ansias anexionistas del tirano alauita. La diplomacia estadounidense pronto apoyó dichas posturas, mientras que el Polisario incrementó su actividad militar obteniendo victorias diplomáticas (reconocimiento por la ONU del derecho saharaui a decidir su destino mediante referéndum). El anexionismo marroquí concretado en la marcha verde, las derrotas internacionales y los crecientes choques armados, ponen al gobierno español en una dificilísima situación porque, aunque parte del ejército y, especialmente, los antiguos africanistas estaban dispuestos a mantener esos territorios a costa de una guerra, otros sectores del régimen no veían motivos para abrir un conflicto bélico de muy incierto resultado, que complicaría enormemente la situación interior, ya que grandes sectores de la población se hubieran opuesto a semejantes aventuras.

Esta concatenación de circunstancias, que tenía lugar en un país donde el orden público era el máximo bien a proteger, era sumamente grave para su gobierno, pues mostraban la incapacidad del aparato de estado para frenar una situación cuyo control era la base de su existencia y que sus métodos y sus cuerpos represivos, en especial la Brigada Político Social, habían fracasado. 
El amedrantamiento de la población, que había funcionado en los 40 y 50, no sirvió, como lo prueban los datos de la actividad del TOP. Aunque mataron, hirieron, torturaron y encarcelaron a miles de personas, todos sus criminales empeños solo sirvieron para perjudicar a los directamente afectados, pero fueron incapaces de cumplir su función disuasoria.

La muerte de Carrero Blanco había desmontado las maniobras sucesorias. A pesar de haber designado ya como sucesor a título de rey a Juan Carlos, la situación estaba lejos de estar controlada. Por ello, se había elegido a uno de los hombres con más reconocimiento del régimen como valido. No había entre las filas franquistas nadie que pudiese discutir su liderazgo. Era quien garantizaba la continuidad de las instituciones. Su desaparición dinamitó todos los tejemanejes a su alrededor, quedando la continuidad del régimen severamente afectada.

Desde principios de los setenta, el deterioro físico del dictador era manifiesto, aunque su ocultación no lo hacía tan evidente en el interior. Sin embargo, en el exterior, a través de las embajadas o de las visitas de mandatarios extranjeros, quedaba patente que cada día estaba peor, que se dormía en audiencias o que los síntomas de su parkinsonismo eran cada vez más explícitos. La hospitalización de Franco en julio de 1974 dejó claro que su estado de salud era delicado y su vuelta a la jefatura del estado, que era su voluntad o la de su entorno para mantenerse en el poder hasta su muerte o incapacitación total, resultaba complicada. La agonía artificialmente prolongada a la que sometieron a Franco hasta su muerte, en noviembre de 1975, indica la mezquindad de sus allegados en mantenerlo vivo para conservar sus privilegios.

La dictadura generaba fuerte rechazo entre los países más avanzados especialmente los europeos. Nadie olvidaba la colaboración con los nazis, las masacres de civiles en la guerra y en la posguerra, la cruenta represión, cuyos últimos exponentes habían generado fortísimos rechazos internacionales, las mascaradas promovidas desde las administraciones fascistas eran factores que reducían las posibilidades de negocio a las grandes corporaciones, a la banca, a las grandes fortunas. No obstante, todos ellos sacaban beneficios de los salarios de miseria, de la protección de los sindicatos verticales en caso de conflicto laboral, que con elevada frecuencia culminaban en problemas de orden público. El régimen reducía algunos beneficios, pero garantizaba muchos otros. La corrupción campaba a sus anchas. Los escándalos eran frecuentes pero la censura los ocultaba.

Al fallecimiento del dictador las perspectivas eran: continuidad o cambio.
A pesar de intentarlo mediante el primer gobierno de la monarquía, la continuidad del franquismo era imposible, pues carecían de un líder con prestigio para ello. A este marco político hay que añadirle la existencia de miles de presos políticos, con varios casos pendientes donde había elevadas peticiones de años de prisión y las brutalidades policiales, que creaban un rico caldo de cultivo para multiplicar y exacerbar los problemas. El aparato de Estado volvió a fracasar en su más preciado campo de batalla: la estabilidad política; los cuerpos represivos, volvieron a mostrar su incapacidad para frenar una conflictividad cada vez más intensa y generalizada. Eran capaces de asestar terribles golpes, pero estos no amedrantaban al pueblo, sino que intensificaban las luchas. En conclusión, que mantener la dictadura como la que existía era inviable. Ese camino solo generaba más desordenes y no tenía posibilidad de cambiar.

Como la inestabilidad política se lleva muy mal con los beneficios económicos y los grupos más recalcitrantes en el poder no daban más solución que un creciente número de conflictos, cuyo agravamiento implicaría mayores pérdidas económicas y más sangre, los poderes económicos que hasta entonces no habían opuesto ninguna traba, decidieron cambiar de táctica, promovieron unas formas de gobierno que aplacasen las tensiones. Así, con conocimiento del futuro de la corona se deshicieron del conflicto del Sáhara mediante traiciones basadas en sustanciosos sobornos, y buscaron formas políticas más acordes con las democracias occidentales. Pero no olvidemos que esta evolución no fue por bondad, pues la dictadura siempre había garantizado pingües ganancias y protección, fue porque la lucha había derrotado política y socialmente al aparato fascista, llevándolo a una situación sin salida.