Por José Babiano, director del Área de Historia, Archivo y Biblioteca de la Fundación 1º de Mayo

Hasta el 25 de junio próximo puede verse en la Biblioteca Nacional la exposición «Para la libertad. El Proceso 1001 contra la clase trabajadora». La muestra ha sido organizada por la propia Biblioteca nacional, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Fundación 1º de Mayo, estando comisariada por Carme Molinero, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona.

Al hilo del mencionado proceso, la muestra nos conduce por la historia social y política de los últimos años de la dictadura franquista. El nombre de Proceso 1001 vino dado por el número de sumario 1001/72 abierto contra los diez dirigentes de las Comisiones Obreras detenidos en la mañana del día de San Juan de 1972 cuando pretendían celebrar una reunión de la Coordinadora General. También se les conoció como los Diez de Carabanchel, dado que una vez que fueron interrogados en la Dirección General de Seguridad, en la madrileña Puerta del Sol y puestos a disposición del Juzgado de Orden Público, ingresaron en esa prisión madrileña. Se trataba de Marcelino Camacho, Eduardo Saborido, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, Fernando Soto, Juan Muñiz Zapico, Paco Acosta, Pedro Santisteban, Miguel Ángel Zamora Antón y Luís Fernández Costilla. Todos, salvo Francisco García Salve, Paco el cura, que ingresaría en la prisión concordataria de Zamora. Zamora era una cárcel especial para el clero católico y allí iban a parar los curas rojos que por entonces menudeaban por las parroquias de las grandes urbes.

La detención y el Proceso 1001 tuvieron lugar en un clima dominado por el auge de las movilizaciones obreras y populares, así como por la violencia política generalizada con la que la dictadura respondió a esas movilizaciones. Se registraron así huelguistas muertos tiroteados por la policía en la calle, el aumento del número de procesos en el Tribunal de Orden Público (TOP) y el recurso recurrente al Estado de Excepción. Se trataba, en suma, de un escenario en el que la violencia estatal iba dirigida de manera organizada contra un grupo de población específico que no era otro que el compuesto por las gentes que se afanaban por devolver los derechos y las libertades a nuestro país. Un escenario tal en el que las violaciones de los derechos humanos –de las que hubo muchas- pasaban a ser inmediatamente crímenes de lesa humanidad.

El juicio tuvo un carácter eminentemente político porque, en el fondo, se trataba de dar un escarmiento al movimiento obrero en general y a las Comisiones Obreras en particular. Estuvo así viciado desde el principio. De entrada, Saturnino Yagüe y sus esbirros de la Brigada Político Social entraron en el convento de los Oblatos de Pozuelo de Alarcón que era donde se pretendía celebrar la reunión de la Coordinadora General, sin mandato judicial. Eso contravenía la propia legislación franquista. En segundo lugar, el atestado policial y un informe redactado por el propio Yagüe, firmado por el director general de seguridad, Eduardo Blanco, y remitido al Juzgado de Orden Público, marcaron el devenir del Proceso. A partir de ese momento se pondría de manifiesto la subordinación de la judicatura franquista a la policía política, que en repetidas ocasiones denunciaría Justicia Democrática. Más allá de la inconsistencia probatoria de las acusaciones, la policía calificaba también conductas, que no hechos susceptibles de constituir delito. Decía, por ejemplo, en lo que bien pudiera constituir una calificación moral que no venía a cuento, que Camacho o Saborido eran de pésima conducta social y Soto o Muñiz Zapico, de mala conducta social.

En octubre del mismo 1972 el fiscal hizo públicas sus conclusiones, repitiendo el argumentario policial. En esencia se les acusaba de ser miembros de Comisiones Obreras, en grado de dirigencia, con el agravante de que el Tribunal Supremo ya había determinado que las Comisiones no eran sino un mero apéndice del PCE y, por lo tanto, ilegales. La petición de penas se elevaba a más de 160 años, una cifra más propia de los consejos de guerra sumarísimos de 1939-42 que de las condenas del TOP. La vista oral se inició el 20 de diciembre de 1973. Según el testimonio de algunos abogados de las defensas y de familiares de los procesados, el fiscal tenía pensado rebajar la petición de condenas. Sin embargo, la muerte del presidente del Gobierno, Carrero Blanco, en un atentado perpetrado por ETA, esa misma mañana, hizo intervenir al fiscal general del reino, Fernando Herrero Tejedor, para que se mantuviera la dureza de las penas Y así ocurrió en la sentencia de 27 de diciembre de 1973.

Sin embargo, el envite le saló mal al régimen. En primer lugar, porque en un contexto de creciente movilización social, la exigencia de libertad para los Diez de Carabanchel, ligada a la petición de una amnistía general para los presos políticos encontró un importante eco entre los trabajadores y trabajadoras, así como entre otros sectores sociales movilizados. En segundo lugar, porque tan elevadas condenas por haber tratado de ejercer lo que era un derecho fundamental, reconocido en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, como es el derecho de asociación, generó un extenso repudio internacional y una amplia solidaridad con los encausados en el Proceso 1001. Hubo comités de solidaridad desde Canadá hasta Australia, muchas veces animados por los veteranos de las Brigadas Internacionales y la emigración española. Las organizaciones sindicales y de izquierda europeas jugaron un papel muy importante. Pero además hay que reseñar el trabajo desplegado por organizaciones internacionales de derechos humanos, personalidades de la vida publica, figuras de la escena cultural y artística, etcétera. Si se tienen en cuenta los esfuerzos internacionales para salvar la vida de Julián Grimau en 1963 y de los militantes de ETA en 1970, bien puede decirse que desde la Guerra Civil y la creación de las Brigadas Internacionales no se había desplegado un movimiento de solidaridad tan amplio con la España democrática en el plano internacional. En ese contexto, las mujeres jugaron un papel fundamental. Las esposas y hermanas de los presos se movilizaron escribiendo cartas a todo tipo de autoridades reclamando la libertad de sus familiares y salieron al extranjero para participar en mítines y dar ruedas de prensa, además de sostener a los propios presos.

En febrero de 1975 el Tribunal Supremo rebajó las condenas. Con ello salieron en libertad por cumplimiento de condena los que habían padecido las penas más reducidas, como Acosta Santisteban o Fernández Costilla. Los de penas más elevadas, como Camacho, Saborido o Sartorius tuvieron que esperar al indulto decretado con motivo de la coronación de Juan Carlos, en noviembre del mismo año. En la calle de nuevo, los Diez de Carabanchel se encontraron con una efervescencia social que haría inviable la continuidad que representaba el gobierno de Arias-Fraga.

Esta historia es la que puede seguirse a través de fotografías, carteles y otros documentos, además de prensa, en la exposición de la Biblioteca Nacional. Que la muestra tenga lugar en la primera Biblioteca del país implica un reconocimiento institucional del papel del movimiento obrero en la lucha contra la dictadura y por los derechos y libertades. Un reconocimiento necesario para el fortalecimiento de la democracia. Supone, por otra parte, poner en primer plano los valores colectivos del trabajo frente al individualismo neoliberal. ¡Lástima que no pueda exponerse en el edificio en el que permanecieron cautivos los del Proceso 1001 y otros miles y miles de presos políticos durante el franquismo! Como se sabe aquél edifico, la cárcel de Carabanchel, fue derruido piedra a piedra. La democracia y la sociedad españolas merecen que allí haya un centro de memoria.

Imagen 1: Ilustración de la portada del libro 'Proceso 1001. El franquismo contra Comisiones Obreras', de Catarata y la Fundación 1 de Mayo. CCOO

Imagen 2: Logo de la exposición