Por Nerea Fulgado, activista de La Comuna 

El pasado sábado 25 de mayo, asociaciones memorialistas de todo el Estado español se dieron cita en Valencia para acordar, unitariamente, los pasos a seguir.  

Puede que parezca que la memoria es un tema secundario, algo pasado de moda políticamente tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022, pero nada más lejos de la verdad. Unas doscientas personas de diferentes organizaciones sacaron adelante un documento que pone en relieve que el movimiento memorialista sigue fuerte y que, pese a quien le pese, sigue hacia adelante. 

Durante la Jornada se aprobaron los siguientes puntos claves: exigir al Estado español que cumpla con la legislación internacional en Derechos Humanos y con todas las recomendaciones que le han hecho los relatores de la ONU, como la nulidad de la Ley de Amnistía de 1977, la ratificación por parte del Estado del convenio internacional que dice que los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden prescribir, una investigación y persecución judicial por la jurisdicción penal española de los crímenes del franquismo desde el inicio de la Guerra de España hasta el año 1983, reparación integral a las víctimas así como indemnizaciones para ellas, reconocimiento del trabajo forzado durante los años de la dictadura, impulso de una Ley de Bebés Robados, así como la condena del franquismo por el Estado e ilegalización de todas las organizaciones que hagan apología del mismo. En definitiva, acabar con la impunidad. 

Paterna como epicentro de la lucha por la Memoria

Además, una de las principales conclusiones a las que se llegó es que la Ley de Memoria lleva aprobada casi dos años, pero no tiene aún los reglamentos necesarios que la hagan funcionar correctamente por lo que se corre el peligro de que se quede en papel mojado, más ahora con la ofensiva de PP y Vox de derogar las leyes autonómicas de memoria.  

Por otro lado, desde La Comuna, presentamos una declaración en la que pedíamos apoyo al derecho a la justicia para todas las víctimas del franquismo y la transición que fue apoyada por el VI Encuentro. En nuestra declaración exponíamos la necesidad de seguir denunciando judicialmente los crímenes del franquismo y de la mal llamada Transición tanto en España como en Argentina. Estos crímenes son de lesa humanidad, son violaciones a los derechos humanos, y son crímenes que no prescriben como bien se dice en el reciente documento Mandatos del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, del 30 de abril de 2024 que desde la ONU se ha hecho llegar al Presidente del Gobierno, en el que le recuerdan que: 

"(...) en virtud del artículo 2 del PIDCP [Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP], los Estados tienen la obligación de investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos, tipificadas como crímenes en la legislación nacional o internacional, en particular el genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras infracciones graves de los derechos humanos, entre ellas la desaparición forzada. 

No investigar y enjuiciar esas infracciones constituye de por sí un incumplimiento de las normas de los tratados de derechos humanos. La impunidad con relación a esas violaciones puede constituir un elemento importante que contribuye a la repetición de las violaciones."

La dejadez del Estado a lo largo de los años de democracia por conceder verdad, justicia y reparación a las víctimas del franquismo y la Transición ha dado paso al negacionismo y revisionismo de la extrema derecha que se traducen en Leyes de la "Discordia" –que no de concordia– y que son un ataque frontal a la democracia. Porque, ya lo decía el propio lema del Encuentro: sin memoria, no hay democracia y sin justicia no hay memoria.