Una de las ‘sorpresas’ predecibles de los resultados del 22m en Catalunya ha sido la expansión territorial del apoyo electoral a Plataforma per Catalunya (PxC), el ‘partido independiente catalán centrado en la seguridad ciudadana y el control de la inmigración’. Ahora los medios y los ciudadanos apoltronadamente bienpensantes están rasgándose las vestiduras: en el cinturón de Barcelona ya no se lleva el rojo, sino el azul-muerte.
El teatro de la indignación, debo confesar, me deja fría. Qué fácil es mostrar desdén e ilustrada incomprensión por los trabajadores que, en su ignorancia (cómo no), votan opciones que se sitúan fuera de los límites de lo aceptable.
Los límites de lo aceptable, sin embargo, no los ha roto ni PxC ni las personas que les han votado. Los límites de lo aceptable los rompieron los que en su momento no se rasgaron las vestiduras ante propuestas anticonstitucionales como la posibilidad de no dar cobertura sanitaria y educativa a las personas sin documentación; ante propuestas que vulneran el estado de derecho como exigir ‘certificados de buena conducta’ a unos y no a otros, o que algunas penas sean diferentes para ‘autóctonos’; ante afirmaciones como que ‘los inmigrantes han traído enfermedades ya erradicadas’ o ‘colapsan los hospitales’.
Ninguna de estas propuestas o afirmaciones ha salido de candidatos de PxC. Todas las han articulado miembros de partidos ‘respetables’, normalizando la utilización política del miedo al otro y llevando los límites de lo aceptable hasta el peligroso territorio de la extrema derecha. Cada vez que un político ha decidido jugar con el populismo y la mano dura para ganar votos, cada vez que un periodista ha preferido dar cancha al miedo para conseguir más share, los límites de lo aceptable en democracia se han ido atrofiando.
Porque, al final, PxC es una fuerza residual y con un voto muy poco ideológico. La PxC cosecha sus mejores resultados en los comicios municipales, pero pierde gran parte de los votos en consultas autonómicas (ver post ‘Promesas incumplibles‘). Entre 2007 y 2011, además, en los municipios en los que el partido lleva más tiempo teniendo un cierto papel en política, lo que se ha ganado entre los dos comicios locales (cuando ha ganado algo) no es más que un puñado de votos . Sólo es significativo el avance en Manresa, por ejemplo, con 852 votos más, pero tanto como el de Cervera, dónde se han perdido 349 votos de los 639 cosechados en 2007. La presencia institucional, pues, tiende a erosionar a Plataforma, y su voto es poco fiel.
Así que el problema no es ni PxC ni el 1,80% del electorado de Catalunya que les ha votado. Catalunya no es más facha hoy que ayer. En realidad, y cómo constatan algunos trabajos aún escasísimos sobre el electorado de la PxC (como el proyecto de tesis de Aitor Hernandez-Carr), para algunos de sus votantes, Plataforma es una alternativa ‘soft’ y no españolista al Partido Popular.
La normalización del racismo, la vinculación permanente y gratuita entre delincuencia y seguridad, y la instrumentalización del miedo para desviar la atención de otros problemas (como la corrupción) no son, pues, patrimonio de PxC. Quienes le están fallando a la democracia no son sólo los que no se preocupan de saber qué votan (¡o a quién representan!), sino también, y principalmente, los que hace tiempo que desprecian desde tribunas públicas, y en nombre de la seguridad, los pilares mismos en los que se basa la construcción de la democracia: la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, la no-discriminación y los derechos humanos.
Así que recompónganse, piensen en qué sociedad quieren para sus hijas e hijos, salgan de su pretendida equidistancia y empiecen a hacer algo para que si algún día las opciones de extrema derecha salen definitivamente de la marginalidad, nos quede algo que valga la pena defender.
Hace semanas que no escribo, porque hace tiempo que las reflexiones se me amontonan en la cabeza, pero se me mezclan con incredulidad y enmudezco. Quiero hablar de seguridad, pero cada idea se me hace grande y se convierte en enmienda a la totalidad.
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Demasiados disparates en la tele, demasiadas verdades en las plazas.
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En relación con la utilización electoral de la inseguridad y el orden público, oír en pocos días barbaridades como que “los inmigrantes han traído enfermedades ya erradicadas”, como dijo la presidenta del PP de Catalunya, o que hay que ir “hasta dónde la ley lo permita y más allá” para evitar “alteraciones del orden público” (léase manifestaciones) y “atentados a la propiedad privada” (que es cuando una persona le rompe un cristal a un banco, no cuando un banco le rompe la vida a una persona), como dijo el responsable de interior de la Generalitat catalana después de la manifestación del Primero de Mayo, o leer en un programa de gobierno que el futuro de la seguridad pasa por la seguridad privada, basta para dejar a cualquier persona que se haya creído esto de la construcción democrática en estado de shock.
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Dicen algunos politólogos que es habitual que los políticos copien recetas de otros lares, y que muchas veces, cuando esas recetas no consiguen los resultados previstos, los políticos copiones, escasos de ideas propias, prefieren endurecer las recetas a cambiarlas. Esto explica que se siga utilizando la carta racista y la mano dura cuando es evidente que la mayoría de nosotros nos hemos quedado sin tiempo para insultar al recién llegado, ocupados como estamos en intentar que no nos sobre tanto mes al final del sueldo/subsidio/ayuda familiar.
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Me temo, no obstante, que esta obstinación por insistir en recetas que ya no sirven no se limita al ámbito de la seguridad. Nuestros gobernantes muestran tanta cabezonería en el uso irresponsable de la inseguridad como en la perpetuación de políticas de humillación salarial de trabajadores y trabajadoras y de descapitalización de los servicios públicos que nos están llevando al desastre personal y colectivo. En el manual político del siglo XXI dice privatizar y precarizar, y, como semos europeos, toca callar.
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Bueno, tocaba. Desde el 15 de mayo, muchos ya no se callan, muchos ya no nos callamos. Lo que estamos viviendo en estos meses, en políticas de seguridad (que es lo que conozco), en políticas sociales y en políticas económicas (que es lo que vivo) es un ataque concertado a principios democráticos que parecían intocables: el Estado de Derecho, salud y educación para todos, una fiscalidad progresiva, la posibilidad de soñar en dejar un futuro mejor a las próximas generaciones… las cuatro cosas que parecían llenar de sentido la superación de la dictadura.
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¿Y para qué? ¿Para reequilibrar la balanza de pagos? Después de años de relación inversa entre la “moderación salarial” y el aumento del paro, entre el endurecimiento del Código Penal y la sensación de inseguridad, entre la inversión en campañas electorales y la confianza en los políticos, no me digan que esta crisis es económica: ESTA CRISIS ES POLÍTICA.
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Que los bancos no renuncien a exprimir a sus clientes no sorprende a nadie; que las grandes empresas chantajeen a las arcas públicas para conseguir subsidios para luego llevárselos a Suiza es habitual; que los empresarios no hagan contratos indefinidos pudiendo ahorrarse derechos con contratos precarios es previsible; que las constructoras compren favores para conseguir contratos es el pan de cada día; que las multinacionales de la sanidad presionen para que el Estado les mande clientes es natural.
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Lo que no es normal es que los representantes de la ciudadanía sirvan a bancos, grandes empresas, constructoras y multinacionales y no a las personas que les pagan el sueldo, ni que se dediquen a cubrirse mutuamente cuando la punta del iceberg de favores, sobornos, enchufes, malversaciones y engaños sale fugazmente a la luz. Lo que no es normal es que se llenen la boca de seguridad cuando nos echan a un abismo de trabajo precario, ejecuciones hipotecarias, emigración económica, policía privada, sanidad rentable, educación inalcanzable, salarios de miseria e irresponsabilidad política.
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Lo que gritan hoy las plazas de todo el país es que los problemas sociales merecen políticas sociales, y no ajustes estructurales. Que si los ciudadanos les damos miedo, ni pueden protegernos ni merecen representarnos. Que si ni saben, ni quieren, ni pueden, que renuncien.
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La incógnita ahora es saber qué gritarán las urnas el domingo -y cómo los resultados afectarán al futuro del grito de dignidad y cordura que retumba en las plazas.
