¿Son fiables los interventores municipales?

La imputación de los concejales del Ayuntamiento de Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato debería abrir más de una reflexión. No deberíamos fijarnos únicamente en si las acusaciones por parte del PP tiene un fundamento real o si, por el contrario, la que es considerada por la Justicia “una organización criminal” está tratando de extender una cortina humo sobre un nuevo caso de corrupción. Más allá de todo eso, deberíamos fijarnos en el papel de la Intervención General del Ayuntamiento. ¿Es fiable?

La primera pregunta que tendríamos que hacernos es cómo es posible que la Intervención no viera nada raro en el contrato entre la empresa municipal Madrid Destino y la Sociedad Madrid Trophy Promotion, S.L organizadora del torneo de tenis Mutua Madrid Open y, en cambio, las auditoras encargadas revelen que existen negocios jurídicos duplicados y objetos diversificados, que no está cuantificada la cesión del uso de instalaciones, que no existe control público sobre el destino dado a los derechos de acceso privilegiado (entradas, palcos vip, etc) y qué, siéntense en una silla, se pasó de pagar 1.704.517 euros en 2006 a los actuales 10.469.136 euros, casi 10 veces más.

¿Cómo es posible esta divergencia de análisis? Se lo diré yo: porque si la Intervención hubiera detectado las mismas irregularidades, estaría tirando piedras sobre su propio tejado, estaría admitiendo que no ha vendi realizando su trabajo, que es fiscalizar cada céntimo de euro que entra y sale del Consistorio. A la luz de las auditorías realizadas, parece que esta labor de fiscalización no se realizó… pregúntense ahora por qué.

Quienes conocemos bien cómo funciona la maquinaria interna de un Ayuntamiento estamos hartos de denunciar cómo el papel de los interventores municipales debería reformarse. No es de recibo que el zorro guarde las gallinas, dado que el interventor es la única persona habilitada para realizar una auditoría sobre su propio trabajo, con la excepción del Tribunal de Cuentas, cuyo personal está convenientemente ajustado de manera que no dé abasto.

¿En qué ha desembocado esta situación? Lo ilustraré con un caso real: en que hay interventores, que son habilitados nacionales cuyo sueldo, en cambio, paga el Ayuntamiento, que cobran más de 120.000 euros al año. Quizás, algún Consistorio consideró que convenía tener contento a quien te aprueba o no determinadas concesiones de licencias urbanísticas, determinadas obras de infraestructuras o urbanismo…  En que a esos mismos interventores con esos sueldos astronómicos se les permite tener compatibilidad para ser interventores de otras administraciones -como entes comarcales-, pudiendo superar más de 150.000 euros al año, además de montar su propia academia de interventores…

Esta situación ha desembocado en que, dado que los representantes políticos tienen contento al interventor, éste ofrece algo a cambio: confecciona y autoriza presupuestos municipales irreales, incluyendo partidas de gastos inferiores a lo que se sabe a ciencia cierta que se habrán de pagar, como pueden ser partidas como el consorcio de bomberos, cuyo coste se conoce con antelación año a año… Interventores que imputan gastos a su libre albedrío para que cuadren las cuentas, capaces de cargar gastos de luz de un polideportivo a, por ejemplo, la concejalía de Cultura… todo para que le cuadren los números como interesan…

Por supuesto que no todos los interventores son iguales… afortunadamente, pero cuando hay habilitados, como el caso real que les relato, que llevan en su puesto más de dos décadas, durante las cuales el Ayuntamiento ha superado los 70 millones de euros de deuda sin que prácticamente se hayan producido reparos por parte de la Intervención a la gestión económica… ¿Qué podemos pensar?

Pues ustedes mism@s se han respondido, ustedes mism@s, sin reparar en ello, se han puesto en la piel de Mayer y Sánchez Mayo cuando decidieron seguir adelante con la investigación del torneo de tenis Mutua Madrid Open. Ustedes mism@s han hecho lo mismo que hicieron en el PP cuando presentaron la denuncia aunque, quizás, sus fines y motivaciones sean ahora bien distintos.