La democracia amenazada

30 Oct 2009
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Cuando se habla de corrupción es frecuente oír que nuestro país se encuentra a un paso de convertirse en Italia, el supuesto paradigma de la extorsión y los chanchullos.

En España subsiste una raigambre secular del caciquismo que amalgamó política con economía, de los privilegios de clase, los intereses creados, el abuso de poder y la desigualdad social definida desde la cuna. La dictadura franquista cristalizó la marginación de los excluidos por razones de ideología. Como escribió lord Acton, si el poder corrompe siempre, el poder absoluto corrompe absolutamente.

Con la democracia se consagró el principio de igualdad de oportunidades, que existe sobre el papel, pero que en la realidad es sólo un sueño incipiente. También se acuñó en el Código la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, aunque es un derecho ausente en no pocas sentencias.

Hace tres décadas, nuestro país entró en la modernidad con un Estado en ruina moral, lleno de miseria política y unas empresas sin futuro creadas bajo el objetivo fracasado de fabricar la autarquía. Aquel despropósito del aislamiento lo tuvieron que financiar nuestros emigrantes.

Hoy España figura en el selecto club de las grandes potencias, cuenta con un grupo importante de multinacionales industriales y financieras, y los españoles, en porcentaje, nos hemos convertido en los más destacados propietarios de viviendas de toda Europa. A esta paradoja ha contribuido el desarrollo económico y también la ausencia de los poderes públicos como intermediarios en la oferta social de alquileres bajos en régimen vitalicio. Por desgracia, los españoles no llegamos a tiempo a aquel Estado de bienestar que el capitalismo sin barreras está haciendo trizas.

Desde 1978, nuestro país ha hecho frente a un ajuste colosal, con una reconversión que se llevó por delante innumerables fábricas de los sectores clásicos de nuestra industria y redujo a la tercera parte la población activa en la agricultura. Aquellas ruinas industriales se convirtieron en solares enclavados en el entorno de las grandes ciudades, que el boom inmobiliario pronto convirtió en el milagro del dinero fácil. Bastaba la recalificación de un terreno para lograr un pelotazo y en esa nueva cultura se anudó la connivencia entre negocio y política. Este es el factor dominante de la corrupción que asedia hoy la democracia.

En paralelo, los partidos políticos comenzaron a gastar en sus campañas de acceso al poder mucho más que la suma de subvenciones y cuotas de sus militantes. De esas deudas nacieron los compromisos de algunos líderes políticos con empresarios y banqueros. El cóctel de política e intereses incubó esa traslación tan peligrosa de rebajar a los ciudadanos a la condición de meros votantes.

Con la mira en el poder y no en las promesas del programa se alimentó un desencanto que va en aumento. La corrupción no discrimina ideologías, pero mina la confianza en los representantes públicos, destruye la cohesión social, impone el descrédito y construye poco a poco la idea de que todos los políticos son iguales.

El Informe Global sobre la Corrupción sitúa a España en el número 28 de los países más sanos, en un ranking liderado por Dinamarca y Suecia. En un año ha perdido seis puestos por culpa de nuevos escándalos inmobiliarios investigados desde hacía años, lo que le distancia de Bélgica o Francia. Italia figura el 55º, delante de Grecia, Polonia o Rusia, en una lista que cierran Irak, Myanmar (la antigua Birmania) y Somalia.

El informe señala a favor de España la nueva ley de financiación de partidos, pese a su oscurantismo contable, y la de contratos públicos, ambas de 2007, y destaca la creación de la unidad de la Guardia Civil especializada en delitos urbanísticos.

El Gobierno de Zapatero ha impulsado la lucha anticorrupción. Desmanteló el saqueo de Marbella,
conocido por todos pero hasta entonces impune, por el simple método de respaldar a un juez y a los policías encargados de la investigación. Antes, ante el primer indicio de celo, los encargados de vigilar la ley sufrían un traslado.

En sólo tres años, desde la operación Malaya, han sido detenidos 20 alcaldes y numerosos empresarios. Todos fruto del trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, menos uno, la trama Gürtel, denunciada desde dentro del PP. La corrupción salpica a todos los partidos y la percepción de que es un mal generalizado crece en una situación de crisis económica.

Para atajar esta enfermedad, asentada esencialmente en los poderes local y autonómico, se hace necesario un pacto entre los partidos, aunque sólo sea para destruir esa teoría basada en el interés compuesto que predica el PP, según la cual las elecciones lavan el dinero sucio y los posibles delitos. Y de paso convendría acabar con la irresponsabilidad de esos políticos que no pagan las deudas contraídas para financiar sus proyectos y provocan así la quiebra de muchos empresarios honrados.


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