Jesús Generelo
Presidente de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais Transexuales y Bisexuales).

España figura entre los países con mayor aceptación de la diversidad sexual, de género y familiar entre su población. En cuanto a igualdad legal, también es uno de los estados que hizo con mayor puntualidad sus deberes. El efecto de esa igualdad legal en la vida del colectivo LGTB ha sido muy positivo, y el cambio social que se ha producido es  indudable. Sin embargo, en los últimos años parece haberse chocado con un cierto techo de cristal. Algunos indicios nos hablan de la tozudísima pervivencia de los diversos tipos de homofobia y transfobia (LGTBfobia, si queremos ser más inclusivos).

Por poner solo los ejemplos más sangrantes: los delitos de odio por LGTBfobia son los que más han aumentado en el pasado año (un 36%); la orientación sexual y la identidad de género son las principales causas de acoso escolar; la marginalidad del colectivo trans sigue estando vigente; la invisibilidad LGTB en el mundo laboral se puede calificar de generalizada; etc.

De la diferencia entre Igualdad Legal e Igualdad Real sabe nuestra Constitución. Por eso, el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a remover los obstáculos para que la igualdad y libertad sean reales y efectivas. Este es, pues, el principal reto pendiente del colectivo LGTB, conseguir un cambio de paradigma en el planteamiento de sus propios derechos. Si estos ya están reconocidos por leyes (no todos, las personas trans siguen siendo consideradas enfermas y no tienen reconocido su derecho de autodeterminación de género, las mujeres lesbianas y bisexuales continúan discriminadas en su acceso a la reproducción asistida y en la filiación de sus hijos) y esos derechos se pueden reclamar, ahora debemos dar el salto a que sean los propios poderes públicos, como reza la Constitución, los que asuman una función proactiva para promover la visibilidad, empoderar a las víctimas, reafirmarlas en sus derechos, garantizar que van obtener respuestas positivas, asegurar que se van a encontrar con profesionales formados y empáticos en la sanidad, la educación, los cuerpos y fuerzas de seguridad...

Para ello, el Congreso de los Diputados ha iniciado el proceso de tramitación de la Proyecto de ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales. Un título muy largo porque afecta a un colectivo importante y porque afronta un problema complejo y estructural con rigor y profundidad. Establece medidas positivas que atraviesan transversalmente todos los ámbitos de la vida y afirma el deber de intervención de las administraciones. Además, crea la figura de una Agencia Estatal independiente contra la discriminación, prohíbe las crueles terapias reparadoras y cualquier intervención quirúrgica no imprescindible para los menores intersexuales, despatologiza la transexualidad, otorga el derecho de autodeterminación de género  y desgrana medidas que favorezcan la visibilidad del colectivo LGTBI.

Este es el principal reto, puesto que incluye mecanismos concretos para abordar los muchos retos todavía pendientes. Si este año dicha Ley es aprobada, podemos decir que España se encontrará en una posición óptima para lograr acabar con la desigualdad y con una situación de injusticia que se ha acarreado históricamente.

Esto, claro, si miramos al interior. Si echamos la mirada al exterior, como hacemos en este Orgullo Mundial, en el que nos vamos a manifestar bajo el lema de Por los derechos LGTBI en todo el mundo, la situación es otra. Urge despenalizar la homosexualidad, bisexualidad y transexualidad en más de 70 países, acabar con la pena de muerte en otros 9. Es preciso responsabilizar a los gobiernos, incluso en algunos países con leyes más o menos igualitarios, para intervenir la persecución social, incluso familiar, que viven millones de personas LGTB (cientos de personas trans, por ejemplo, son asesinadas cada año en el Mundo). La LGTBfobia es un problema universal de primer orden. Extiende sus garras de manera silenciosa pero salvaje por cada rincón del planeta. Este World Pride es una oportunidad única para que desde España alcemos la voz por quienes no pueden. Conseguir dar voz a estos es, qué duda cabe, el reto más ambicioso del colectivo LGTB. Pero si en España hemos logrado pasar en 40 años de peligrosos sociales a una amplísima aceptación social, que nadie lo dude, en otros países también lo alcanzaremos.