No es la pobreza de algunos, son los derechos energéticos de todos/as

Gabriel Fernández y Díaz

Concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Sabadell

El mes pasado los representantes del gobierno del Ayuntamiento de Sabadell recibimos con satisfacción la primera sentencia judicial a favor de un ayuntamiento para sancionar a una empresa suministradora, Endesa, por un corte de luz a una familia vulnerable. La sentencia confirma que Endesa debe pagar la multa y la condena en costas por haber cometido una falta grave del Código de Consumo de Cataluña, en relación al artículo 6.4 de la Ley de Medidas Urgentes para afrontar la Emergencia en el ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética, conocida como la ley 24/2015.

La justicia, en una sentencia pionera y que establece un precedente importantísimo en la defensa de los derechos energéticos de los ciudadanos, desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Endesa Energía XXI SLU, en este caso contra un Ayuntamiento. Pero también reafirma, por un lado, la plena vigencia de la ley 24/2015 en materia de lucha contra la pobreza energética y defensa de los derechos energéticos de todos y todas, y por otro, la capacidad sancionadora que tenemos los ayuntamientos con competencias directas para hacerlo.

Evidentemente estamos ante un nuevo paradigma sobre cómo deben entenderse en este país los derechos a los suministros básicos para la vida digna de las personas. Desde la Administración Pública asumimos que para hacer frente eficazmente a la defensa y garantía de los derechos energéticos de todos necesitamos las mejores herramientas. Y esta ley es la mejor herramienta que tenemos, ya que supone que las empresas suministradoras de agua, electricidad y gas, pasan del concepto casi benéfico de la “responsabilidad social corporativa” hacia sus clientes, al reconocimiento de estos como ciudadanos sujetos de derechos. Y eso lo cambia y lo transforma todo, ya que de esta forma se impone la política y la defensa de los derechos colectivos, que pasan por delante de las leyes del mercado, los oligopolios y los intereses privados de las grandes empresas.

Esto representa, o debería representar, que los responsables políticos y técnicos de todos los estamentos de la administración pública podamos ser los verdaderos garantes de los derechos energéticos de los ciudadanos. Y sólo podremos hacer frente al evidente conflicto con las empresas suministradoras si somos proactivos en el uso de las competencias que tenemos capacidad de desarrollar, como lo ha hecho nuestra ciudad y otras. Debemos por tanto ser capaces de utilizar todos los medios legales a nuestro alcance para resolver la lógica tensión de intereses entre la política de defensa de los derechos de los ciudadanos (democracia) y los intereses privados del capital y las grandes corporaciones (mercado).

Durante casi dos años y medio los municipios hemos hecho un largo recorrido y hemos desarrollado con los equipos profesionales de los servicios sociales en el territorio un intenso despliegue de la ley 24/2015, la que cuenta con un gran consenso político y social y que ha sido aprobada por la unanimidad de los partidos con representación en el Parlamento de Cataluña. Y precisamente la primera sanción judicial condenatoria dictaminada por una juez nos confirma que la ley 24/2015 es la mejor herramienta y el mejor mecanismo legal de protección y garantía de los derechos energéticos de las personas en nuestro país, en especial de aquellas que son más vulnerables.

Y por todas estas razones, los que tenemos una visión republicana de defensa del bien común y los derechos de nuestros vecinos y vecinas por encima de cualquier otro interés, no queremos ni podemos renunciar a la aplicación de la Ley 24/2105, en beneficio de ningún otro mecanismo legal sustitutorio de menor garantía de derechos. La actual propuesta de “Bono Social”, impulsada desde el Gobierno español, no puede suponer en el caso de Cataluña la superación de la ley 24/2015, mucho más avanzada en la protección de los derechos básicos de la ciudadanía. En todo caso deberían ser los estamentos estatales (Congreso y Gobierno central) lo que en aras de defender los derechos energéticos de todos los ciudadanos reconociesen la ley catalana y la adoptasen para todo el Estado. Los buenos gobernantes igualan los derechos hacia arriba, nunca hacia abajo. Y hemos demostrado, como popularizó el presidente Barack Obama, que “Yes, we can”.