Opinion · Dominio público

Túnez y la implicación europea

RAFAEL BUSTOS

A la velocidad a la que se suceden los acontecimientos en el país vecino y dado lo inesperado de los cambios
–nadie se los esperaba, y menos en Túnez–, es difícil analizar y dar recomendaciones que tengan validez más allá de algunos días o incluso de algunas horas.
Sin miedo a caer en la obsolescencia, se pueden afirmar dos cosas. La primera es que se ha producido el descabezamiento de un régimen autoritario, no su desmantelamiento. Es importante tener esto claro, porque las posibilidades de que triunfe un cambio democrático dependen de que se comprenda adecuadamente en qué situación está el país. Por mucho que los medios pongan el acento en la “autocracia”, en la “satrapía” o en la “tiranía”, expresiones que connotan el poder omnímodo de una sola persona, lo cierto es que el régimen tunecino era un sistema autoritario bastante sofisticado, casi una “dictadura perfecta”, pues en él se combinaban acertadamente el poder del partido dominante, Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), de la policía y la Administración, con el manto protector de una ideología modernizante y laica, atractiva para Europa, y un modelo económico alabado por las instituciones internacionales. No olvidemos los cumplidos de gobernantes franceses y españoles hacia este sistema, tan estable e inamovible hasta ayer mismo.

El régimen no ha caído todavía y se resistirá a hacerlo, como lo demuestran los pillajes y tiroteos que se vienen produciendo, obra de milicias y de la guardia presidencial. Aunque Ben Alí, su odiada esposa y varios familiares se han marchado del país y algunos ayudantes directos del dictador han sido detenidos, muchos otros preferirán sembrar el caos antes que perder su posición y privilegios. No olvidemos tampoco que el partido ultradominante del ex presidente, el RCD, contaba con tres millones de militantes y simpatizantes en un país de apenas diez. Tampoco las fuerzas democratizadoras están bien organizadas, porque la larga dictadura laminó los partidos y todas las asociaciones contestatarias. Por eso, el anuncio de elecciones presidenciales en el plazo máximo de 60 días, de acuerdo con la Constitución vigente y las draconianas normas electorales, complica más que allana el cambio democrático. Haría falta evidentemente mucho más tiempo, o mejor, comenzar por la disolución de un Parlamento oficialista hasta la médula y la convocatoria de elecciones constituyentes. Pero recordemos que el régimen no ha caído todavía, hay que desmontarlo.

La segunda afirmación que podemos hacer es que estos cambios y revueltas populares se han producido sin ayuda externa aparente y, casi nos atreveríamos a decir, a pesar de los apoyos internacionales y europeos con los que contaba Ben Alí. La UE y sus gobiernos se felicitaban hasta el día anterior al vuelco del 14 de enero de las medidas tranquilizadoras anunciadas por Ben Alí. Dicho de otra manera, la falta de valentía de nuestros gobernantes no ha contribuido en nada al éxito de esta revuelta democrática que muchos árabes contemplan ahora con admiración. Es más, tratándose de un movimiento laico en una sociedad donde la oposición islamista ha sido brutalmente eliminada, las autoridades europeas carecían esta vez de excusa para no condenar a Túnez, exigiendo que las reclamaciones populares fueran atendidas y se respetaran los derechos humanos. Al volver a anteponer la estabilidad de su socio privilegiado al clamor popular, nuestros gobiernos han enviado un pobre y desalentador mensaje de lo que Europa está dispuesta a hacer. Pero todavía se puede rectificar.

Como decimos, Túnez se encuentra en un momento crucial. El cambio político iniciado puede avanzar o retroceder fatalmente. También puede enquistarse y derivar en más violencia (recordemos Argelia). Hasta ahora se han dado algunos pasos acertados y el ejército está asumiendo un papel de pacificador y mediador. Precisamente es porque determinados sectores del régimen han decidido abandonar a Ben Alí, como el ejército, los abogados y el sindicato principal, por lo que han tenido éxito estas movilizaciones. Algo que, al menos de momento, no se puede esperar en Argelia o Egipto. Pero hay obstáculos importantes que superar. El Gobierno de unidad nacional, dominado por el RCD, no va a incorporar a la oposición ilegalizada o en el exilio, la más importante, limitándose a ofrecer tres carteras a la oposición tolerada. Salvo cambio, las elecciones presidenciales tendrán lugar antes de 60 días y, con la ley actual, ningún candidato que no cuente con el apoyo del RCD o de los partidos oficialistas podrá presentarse. Hacen falta 30 firmas de diputados o alcaldes, y todos ellos salvo dos son del RCD o de partidos oficialistas. Es lógico que en estos momentos el Gobierno y el presidente interinos se guíen por las normas vigentes tal y como las interpreta el Consejo Constitucional, pero más pronto que tarde habrán de dotarse de una nueva legalidad que facilite el camino a la democracia.

Los países europeos ya no pueden pretender ecuanimidad entre el régimen y los manifestantes ni buscar una estabilidad que ha desaparecido. Mientras Alemania y EEUU convocaron al embajador de Túnez para analizar la situación en las últimas horas de Ben Alí en el poder, España o Francia, mucho más afectadas, permanecían inmóviles. Ahora, la situación ha cambiado radicalmente y es el momento de apostar decididamente por la vía democrática. Esto supone analizar la situación cuidadosamente, pero también sancionar cualquier deriva o intento de vuelta al pasado. Implica identificar a los actores verdaderamente reformadores y a los reaccionarios, asesorar en el proceso, respaldarlo financieramente si hace falta (medios para el ejército, abastecimiento, etc.) y pedir tiempo para
que las nuevas instituciones y prácticas democráticas se consoliden.

Rafael Bustos es Coordinador para Magreb-Oriente Medio en la Fundación Alternativas

Ilustración de Miguel Ordoñez