Antonio Antón
Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid

Se ha producido una masiva falta de confianza en los líderes políticos. Así, en los últimos meses, según encuestas de Metroscopia, en torno a un 80% de la población no confía en la gestión pública de Rajoy y otro 80% -de composición distinta al anterior- no confía en Rubalcaba, como jefe de la oposición; la clase política aparece como problema (el tercero, tras el paro y los problemas económicos), no como solución. En su último barómetro, publicado el pasado 13 de enero, el 74% de la población desaprueba la gestión de Rajoy como presidente de Gobierno y al 84% le inspira poca o ninguna confianza. En el caso de Rubalcaba alcanza el 81% de desaprobación y el 91% de desconfianza. Además, el 88% (85% de votantes del PP y el 93% de votantes del PSOE) afirma que Los políticos actuales están más preocupados por sus propios problemas e intereses que por resolver los de nuestra sociedad, y el 81% (73% del PP y 86% del PSOE) dice que Los políticos actuales crean problemas en lugar de resolverlos.  Y el 95% (95% del PP y 96% del PSOE) cree que Los partidos tienden a tapar y proteger a aquellos de sus militantes corruptos en vez de denunciarles y expulsarles.

Por tanto, es evidente el bloqueo percibido en las grandes instituciones y el corporativismo de la clase política, y la mayoría social (en torno a dos tercios, según esas encuestas) exige la renovación de esas élites y la regeneración democrática del sistema político. Así mismo, ven conveniente que se exprese la indignación ciudadana y la protesta colectiva para frenar el carácter antisocial de la política oficial e influir en ese proceso.

La palabra política tiene un doble significado: 1) gestión del poder institucional, y 2) acción sociopolítica de la ciudadanía en los asuntos públicos.

Esta distinción es clave ya que en los últimos tiempos se ha producido una disociación profunda entre ellos. Afecta al diagnóstico del carácter positivo y democrático del rechazo popular a ‘esta’ clase política por su gestión antisocial y su déficit democrático, y sobre todo, nos ayuda a clarificar la posición normativa: a) la deslegitimación de esta clase política, en lo fundamental, está justificada y es merecida y, por tanto, hay que ampliarla, no debilitarla, para promover su renovación y la democratización del sistema político; b) la solución viene de la mano de la más profunda, firme y consistente participación ciudadana, de una activación de los sectores progresistas.

El conflicto no está (en abstracto) entre política sí o política no, si no se define el significado que le damos. La opción mayoritaria que se refleja en la sociedad es de desconfianza y crítica a esta política (de austeridad y en contra de la opinión popular) y a esta clase política que la gestiona, al mismo tiempo que se refuerza la participación ciudadana y la acción democrática por una política más social y unas instituciones más democráticas.

Esa distinción entre política en sentido estricto, como gestión pública, y la acción ciudadana que llamaremos sociopolítica, es importante ya que se ha producido una disociación de esos dos planos. Además para la sociedad el concepto de política ha cambiado al calor del nuevo énfasis respecto del estatus y el papel de las instituciones públicas, tanto relacionado con la economía cuanto de la sociedad. En la percepción social está asociado no a la actividad de la población o los distintos agentes sociopolíticos, sino a la actividad de la clase política. Así, para la sociedad, "la política opera como el resultado de lo que hace la clase política; no existe una diferenciación entre la clase política y la política" (Estudio 2926 del CIS, octubre de 2012, sobre El sistema de los discursos sociales sobre los conceptos izquierda y derecha en España).

Cuando la ciudadanía critica a la política o rechaza a los políticos se están refiriendo a la gestión institucional actual de la clase política gestora, fundamentalmente, a las élites o aparatos de los grandes partidos con responsabilidades gubernamentales en los recientes planes de ajuste y austeridad y con incumplimiento de sus compromisos con sus electorados.

La crítica ciudadana a ‘ese’ tipo de política es una posición (política) más democrática, realista y progresista que la justificación (política) de esas medidas de austeridad, el embellecimiento o disculpa de ‘esos’ políticos mayoritarios o el intento persistente de relegitimación de la actual élite política.

La posición de defender la política, incluso con mayúsculas es positiva referida a una gestión social y democrática de los asuntos públicos y, en particular, la regulación de la economía y la defensa del Estado de bienestar.

No obstante, por la ambigüedad de la palabra política, el sentido y el objetivo que casi siempre aparece en el ámbito mediático  y ligado a los intereses de esa misma élite política, es la justificación de esa gestión poco democrática, la neutralización de las críticas ciudadanas, la desactivación de los movimientos de protesta colectiva. Todo ello para debilitar la presión social por su renovación organizativa y reorientación política, remontar su desprestigio social y garantizar su recuperación electoral.

Es una pugna cultural y política para evitar la rectificación de su estrategia socioeconómica, frenar la exigencia de democratización del sistema político, mantener su prepotencia sobre la sociedad, subordinar a sus propias bases sociales y evitar dar cuenta de sus responsabilidades. Siendo la cultura democrática y de justicia social el principal bagaje de la mayoría de la sociedad, particularmente, de los sectores progresistas, tratan de confundirla, tergiversarla o debilitarla.

El resultado de esa posición es el debilitamiento de la calidad democrática y ética de la propia sociedad civil en detrimento de una hegemonía conservadora, política y cultural, más amplia respecto de la mayoría social y la izquierda social, en particular. Es un intento de seguir teniendo las manos libres, distanciadas de la voluntad ciudadana, para continuar con las mismas dinámicas, algo retocadas: prioridad a sus vínculos con el poder económico y subordinación de las clases populares.

Junto con la crítica a la actual clase política, se ha incrementado entre la población la preocupación por los asuntos públicos, la participación ciudadana más activa y la exigencia de consulta y acuerdo de los gestores públicos con la opinión mayoritaria de la sociedad.

El desacuerdo con la política oficial y los gestores políticos no ha llevado, de momento, al apoliticismo o a confiar en otras opciones autoritarias y populistas. Los elementos del incremento de la actividad ultraderechista, los movimientos racistas o xenófobos y los conflictos interétnicos son preocupantes, pero todavía no son extendidos y graves. Los riesgos de esos síntomas, siempre con una actitud progresista para prevenirlos y neutralizarlos, son pequeños y menores que en otros países europeos.

El fenómeno de la desconfianza en la clase política afecta particularmente a la cúpula del PSOE, a su última gestión gubernamental (años 2010 y 2011), presidida por duras medidas de ajuste antipopulares. Se puso de manifiesto su incumplimiento del contrato social y electoral con sus bases sociales, su giro liberal-conservador fue drástico respecto a las expectativas y confianza depositadas en un proyecto formalmente progresista, la distancia entre lo prometido y lo realizado, entre la defensa de los derechos de las capas trabajadoras y medias y la subordinación a los intereses del poder financiero.

En definitiva, se ha desprestigiado justificadamente (aunque no todas las expresiones críticas sean ajustadas) la gestión política antisocial de las cúpulas institucionales y partidistas mayoritarias, particularmente desde mayo de 2010, en que se generaliza la estrategia europea de austeridad, primero con el gobierno socialista y luego con el del PP, y que todavía persiste, agravada, para los países del sur europeo. Esa reacción popular conlleva una deslegitimación social positiva y una posición ‘democrática’, la exigencia de que los representantes políticos respeten la opinión de la sociedad y sus electorados. Supone un juicio ético y ‘político’ progresista e igualitario frente a unas decisiones de la clase política (y los mercados financieros) regresivas e injustas. Constituye un proceso globalmente positivo (con distintas sombras e insuficiencias), un factor relevante para promover un cambio social progresista, el fortalecimiento de la democracia y los valores igualitarios y una renovación de las izquierdas.