El objetivo de déficit marcado por Montoro para las diferentes autonomías tiene un carácter claramente criminal. El gobierno y su ministro de Hacienda saben  que ese objetivo de déficit es incompatible con el mantenimiento de los servicios públicos más esenciales, sanidad y educación  en la mayoría de comunidades autónomas, y a pesar de saberlo, estrangula  sus finanzas con una fiera determinación. El gobierno del PP es incapaz de controlar su propio déficit, en el mes de agosto ya ha superado las previsiones para todo el año,  pero se permite la arrogancia de tratar con mano de hierro a las autonomías, que después de dos años de recortes, ya han sobrepasado el límite de ajuste en sus cuentas. El gobierno centrifuga los ajustes del déficit y lo hace utilizando  una expresión cuartelera, por cojones. El gobierno del PP con su objetivo de déficit para las autonomías vulnera flagrantemente la Constitución, que recoge y garantiza los derechos sociales de sus ciudadanos.  Contra esa decisión, solo cabe la desobediencia, la de las autonomías y la de los ciudadanos. Si el gobierno del PP no modifica su postura estará habilitando a la ciudadanía y a las autonomías afectadas a ejercer un derecho que no recoge la Constitución, pero que estaría avalado por el derecho de gentes, el derecho a la rebelión y la insumisión. El filósofo francés Jean Bodin, definió en el siglo XVI el derecho de gentes como las expresión de los valores esenciales del hombre, ante los cuales el derecho debe doblegarse. Jean Bodin afirmó que "Il n'est de richesses que d'hommes", no hay más riquezas que los hombres, el gobierno del PP cree exactamente lo contrario. El gobierno del PP ha incumplido sistemáticamente en su año y medio de legislatura las funciones que debe realizar un gobierno democrático: servir a los intereses del pueblo, el único que ostenta la soberanía en una democracia.  Ciudadanos, quedan ustedes liberados de obedecer a este gobierno.