Cambio de generación y derecho a decidir

09 Jun 2014
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Fernando Pedrós
Periodista, filósofo y miembro de DMD

 

La abdicación de Juan Carlos, a los pocos días de conocerse el vuelco electoral de las elecciones europeas, está levantando muchos temas, problemas y urgencias de cambio. Se dice, y esto a partir de las palabras del mismo rey, que se necesita un cambio de generación que impulse un proyecto político con valentía y un grado de audacia. Sin duda la vida política e institucional necesita pasar página y volver a ‘reiniciar’.

 

No entro en el tema del referéndum sobre la monarquía: hay otros problemas más urgentes en lista de espera. El tema de la reforma constitucional es sin duda serio. El interrogante del derecho a decidir (en el tema soberanista) y los problemas colaterales no han sido tomados en serio por el gobierno. Y al hilo del derecho a decidir recordaré, aunque a algunos les parezca que me escapo del tema, que llevamos más de un siglo discutiendo, ocultando, orillando y dejando sin dilucidar y sin resolver el serio problema existencial de muchas personas: ¿queremos, pues, y tendremos el vigor y la voluntad política de permitir a algunas personas sufrientes que ejerzan su ‘derecho a decidir’ y disponer de su vida y aceptar que, si libre y voluntariamente lo piden, alguien pueda ayudarles a morir?

 

Para advertir que este no es un problema banal, recordemos que en las elecciones presidenciales francesas la asociación Derecho a Morir Dignamente en Francia empapeló las calles francesas con grandes paneles en que aparecían tres de los candidatos a presidente encamados en una sala de hospital y pendientes de un respirador mecánico para recordarles y recordar a la ciudadanía que ese trance nos pertenece a todos y siempre llega, y que el ciudadano ha de ser libre y autónomo para algo más que para depositar una papeleta en la urna.

 

Los estudiosos y expertos han trabajado teóricamente sobre el problema, pero los políticos se han mostrado renuentes y han dado la espalda a la opinión pública y siempre han dado un sonoro carpetazo a las más de diez propuestas presentadas en el Congreso en pro de la libertad de decidir la propia muerte. La supuesta ‘clase’ política hace caso omiso no solo de la opinión de la población española que pide en su gran mayoría (80% en el estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, 2009) una ley de conductas eutanásicas y que no sea penalizada la ayuda médica al enfermo que quiere morir por eutanasia o mediante suicidio médicamente asistido, sino que hasta ahora no ha tenido la valentía de abrir la página de la Constitución por el art. 15 que al asentar y constitucionalizar el derecho al ‘libre desarrollo de la personalidad’ está obligando a considerar que la vida impuesta contra la voluntad de su titular no puede ser tenida como un bien jurídico protegido a no ser que absurdamente creamos que la tortura merece el calificativo de valor humano.

 

Hoy, cuando se habla de la reforma de la Constitución, la ‘clase’ política no se pregunta por el derecho a morir. Recuerdo que con la muerte del dictador Oliveira Salazar el derecho a morir bajó a la calle y en octubre de 1968, el diario ABC titulaba su editorial ‘El derecho a morir’. En su reflexión sobre el dilatado proceso de muerte del dictador decía: “¿Existe el derecho a morir? Morir es tan natural como nacer. Y si nacemos condenados a la muerte tiene que haber, exceptuando el suicidio, un derecho a morir”. Pero no, seguimos bajo el dominio del art. 143 del Código Penal reformado en 1995. A pesar de que profesores de Derecho Penal, magistrados, fiscales manifestasen al gobierno en diferentes ocasiones la necesidad de un cambio legislativo y mostrasen la razonabilidad y legitimidad de despenalizar dichas conductas, estas fueron tipificadas como delito en el apartado que se titula ‘Del homicidio y sus formas’. El gobierno socialista de entonces que realizó la reforma de 1995, siendo ministro de Justicia el que fuera juez Alberto Belloch, no debió encontrar un lugar mejor que el homicidio para encasillar la ayuda médica a la decisión personal de morir.

 

Se podría seguir con dos acontecimientos más: la lucha en los tribunales del tetrapléjico Ramón Sampedro a favor del derecho a decidir la propia muerte y el caso del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid), que fueron dos hitos más a favor de la muerte digna, pero no movieron la sensibilidad y la voluntad políticas de los grandes partidos.

 

La ‘Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía de los pacientes’, ley significativa pues reconoce la libertad y autonomía del paciente, no tuvo empacho en recortar de manera tajante tal autonomía al entrar en el proceso de morir y tener la posibilidad de decidir el cuándo y cómo de la muerte. Y cuando el parlamento de la Comunidad de Andalucía aprobó la ‘Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte’, no se pudo abordar el tema de la eutanasia y el suicidio asistido porque estos puntos están regulados por el Código Penal y solo el Parlamento español tiene potestad para reformarlo. Es más, los diputados de las Cortes, con un poco de audacia y apoyándose en los principios y valores constitucionales y aprovechando el proceso legislativo de Andalucía, podían haber afrontado el problema con una Ley de derechos del paciente en el proceso de morir que abordase el derecho a decidir y, por ello, las conductas eutanásicas, pero al parecer no era lo políticamente correcto.

 

Como se ve, se trata de un derecho a decidir, a ser soberano de la propia vida, del propio desarrollo de la personalidad. Sin duda, dada la historia cuyos episodios principales he apuntado, se necesita esa nueva generación por muchos o por todos esperada. Y para ello tendrá que abdicar al menos buena parte de la generación actual que debe sentirse obligada a ceder el paso ya que en el caso de la muerte digna y con libertad -como en otros más- se ha comportado de manera un tanto obtusa y de resultas ha sido una generación ‘tapón’.


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